El presidente que debió asumir de apuro en marzo pasado por la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski libra una batalla contra la hija del exmandatario, que busca debilitar al gobierno bloqueando las iniciativas parlamentarias.
Fuerza Popular, el partido de Keiko, había obtenido en julio de 2016, un total de 73 escaños sobre 130 diputados. Cierto que la bancada se fue desgajando por un par de expulsiones pero básicamente por la pelea entre los dos hermanos, Kenji y Keiko. El muchacho buscó congraciarse con su padre, acusado de múltiples crímenes en el combate a la guerrilla de Sendero Luminoso, entre 1990 y 2000, y sentenciado en 2009 a 25 años de prisión. Fue así que hizo un acuerdo con PPK para que a cambio de la amnistía sus legisladores rechazaran el juicio político al presidente que pedía Keiko, en diciembre.
Poco le duró el respiro a Kuczynski, porque a la revelación de que había trabajado para Odebrecht y las sospechas sobre contratos cuando fue primer ministro, en tiempos de Alejandro Toledo, se le sumó la difusión de un video donde se lo veía con Kenji Fujimori y otros dirigentes arreglando pagos para salvar el pellejo en el pedido de impeachment de diciembre.
Fue entonces que Vizcarra, que había sido elegido vice de PPK pero era embajador en Canadá, volvió para hacerse cargo del gobierno. El dato es que el hombre, un ingeniero de 55 años, ocupaba el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones y el 22 de mayo de 2017 había sido trasladado a Montreal luego de varios escándalos que lo habían obligado a renunciar a la cartera.
Parecía una presa fácil para Keiko, que perdió la elección contra PPK en el balotaje, por poco más de 40 mil votos, luego de haber obtenido el doble que Kuczynski en la primera vuelta. Luego de la arremetida contra el presidente, un dirigente de reemplazo con al menos 48 denuncias penales en su contra y desprestigiado tras su paso por el Gabinete no podía durar mucho si se lo sometía a presión.
Vizcarra quedó a merced de la aprobación de la bancada fujimorista. Pero aplicando técnicas de un deporte típicamente japonés, el judo, supo aprovechar la fuerza de su oponente. Y pacientemente viene denunciando que bloquean sus iniciativas de reforma y purificación de la política y la justicia.
El Poder Judicial peruano no está menos manchado que el político. Y el escándalo que envuelve a los presidentes de la Corte Suprema, al titular del Consejo de la Magistratura y al fiscal general fueron buen argumento para que Vizcarra planteara una amplia reforma que tiene una muy buena recepción en la ciudadanía, hastiada de tanta corruptela como le muestran los medios.
La reforma judicial modifica la forma de elección del organismo que debe nombrar y eventualmente juzgar a jueces y fiscales. La política establece controles para la financiación de las campañas electorales. Propone también la creación de un congreso bicameral, todo esto mediante la realización de un referéndum.
Para el fujimorismo, esa consulta popular puede terminar consolidando el poder de Vizcarra y dieron largas al asunto para evitar su sanción. El presidente planteó una «cuestión de confianza» el domingo, y amenazó con disolver el Congreso y llamar a elecciones parlamentarias.
En 1992, Fujimori disolvió el parlamento, hizo una reforma constitucional a gusto y piacere de las políticas neoliberales –a la moda de aquellos años– que buscaba imponer. Así, sin oposición legislativa, logró reelegirse para seguir con su plan. Pero finalmente terminó preso. Vizcarra aprendió a pulsear con la hija. Habrá que ver como continúa la historia. «
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