Venezuela: un apagón a la medida de los golpistas

El masivo apagón que afectó a toda Venezuela y que al cierre de esta edición todavía no estaba resuelto en su totalidad, motivó la denuncia del gobierno de Nicolás Maduro directamente contra los Estados Unidos, acusando a la administración de Donald Trump de promover un «sabotaje» a la medida del Plan Maestro elaborado por el Comando Sur del Pentágono para derrocar al presidente chavista , según se reveló en estas páginas en mayo del año pasado.

La falla masiva en la principal planta generadora de electricidad del país, ubicada en la represa de Guri en el estado de Bolívar, dejó sin luz a casi todo el país desde el jueves. Según dijo al día siguiente el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, el gobierno basa su acusación en declaraciones del senador estadounidense Marco Rubio, del secretario de Estado, Mike Pompeo y del líder opositor y autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó, que ayer encabezó una nueva protesta callejera «contra el régimen usurpador, corrupto e incapaz que ha puesto a oscuras a nuestro país», dijo apelando a la circunstancia energética. Ayer también hubo una marcha «antiimperialista» del chavismo, a cuatro años del día que Estados Unidos declaró a Venezuela «amenaza» para su seguridad.

El apagón fue el peor en la historia del país y obligó a suspender las clases y jornadas laborales. Según venezolanos consultados, ayer se notaba un lento pero progresivo avance en el restablecimiento del suministro, pero en estos días hubo cortes en 22 de los 23 estados y en la capital, con fallas en las líneas telefónicas e Internet; hospitales colapsados, vuelos cancelados desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar y otras terminales aéreas, muchos hogares sin agua, las calles de las principales ciudades desoladas y negocios cerrados.

 Aquel documento firmado por el almirante Kurt Walker Tidd, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, hablaba de «intensificar el derrocamiento definitivo del chavismo y la expulsión de su representante» alentando a la «insatisfacción popular, aumentando el proceso de desestabilización y el desabastecimiento». Si bien no habla específicamente de un sabotaje eléctrico, aunque sí lo hacen otros manuales desclasificados de la CIA como recurso en la «guerra no convencional», el paper de Tidd mencionaba la necesidad de «incrementar la inestabilidad interna a niveles críticos, intensificando la descapitalización del país, la fuga de capital extranjero y el deterioro de la moneda nacional, mediante la aplicación de medidas inflacionarias que incrementen ese deterioro».

También señalaba que se debía «magnificar frente al mundo la crisis humanitaria, a la que está sometida el país», «utilizar a los oficiales del ejército como una alternativa de solución definitiva», generar «caos» en la frontera con Colombia. Todo con el apoyo de la oposición local y con el liderazgo del presidente Trump cuya «participación activa es crucial», decía el documento, «no sólo para la administración sino para el continente y el mundo. El momento ha llegado».

Nada de lo que está escrito en ese documento revelado hace casi un año parece lejano a todas las acciones que se montaron contra el gobierno de Venezuela, intensificadas en los últimos meses con la aparición de Guaidó, la fallida acción humanitaria, la intervención decidida del gobierno estadounidense y sus aliados regionales.

Rodríguez adelantó que el gobierno venezolano denunciará ante distintos organismos internacionales «el ataque que generó el apagón». Sobre el senador republicano Marco Rubio, dijo que «tiene dotes adivinatorias». Es porque minutos después de producido el apagón el representante del estado de Florida daba detalles de las fallas en su cuenta de Twitter que, según Rodríguez, no los conocía aún el gobierno. «Minutos después, Mike Pompeo señala: sin alimentos, sin medicina, ahora sin electricidad, próximamente sin Maduro», expuso en la misma línea, poco digna para un secretario de Estado. Y calificó a las declaraciones de Guaidó como de «confesión criminal de un psicópata», porque afirmó que la luz llegaría «con el cese de la usurpación».

En la misma red, Rubio se burló de la acusación y responsabilizó la grave falla a la falta de mantenimiento. En la misma línea se manifestó todo el arco opositor y el frente antichavista regional e internacional. El chavismo afirma que la represa de Guri tiene un control cibernético de última generación cuyos «protocolos de seguridad son de los más modernos y seguros del mundo» y que la única forma de quebrar esa seguridad es con un ciberataque masivo sólo a la altura de un poder desproporcionado.

Bachelet envía inspectores

Esta semana llegará a Caracas la misión enviada por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para realizar una «evaluación», mientras la expresidenta chilena continuará «monitoreando la situación» desde Panamá, donde está asentado el Consejo. Bachelet tomó la decisión después de la última presentación del canciller venezolano Jorge Arreaza en la reunión de ese organismo de Naciones Unidas del 27 de febrero, cuando los representantes de países miembro del Grupo de Lima y algunos de Europa se retiraron al iniciar el discurso.

Bachelet ha tenido hasta ahora una posición crítica del gobierno de Maduro, al que acusa de «violación de los derechos civiles y políticos, incluyendo la falta de respeto a las libertades fundamentales y a la independencia de instituciones claves, puede acentuar el declive de los derechos económicos y sociales». Por eso el gobierno de Maduro reforzó la invitación para que vea «con absoluta libertad la realidad del país y los efectos que han generado las sanciones». Si bien la chilena aceptó, resolvió antes enviar a su avanzada. «Quiero asegurarme de que las condiciones de mi visita garanticen que puedo cumplir mi labor como debería, que voy a poder reunirme y hablar con todas las partes, de otro modo sería inútil», aseguró Bachelet, quien asimismo advirtió que la crisis en el país «ha sido exacerbada por las sanciones» económicas impuestas al gobierno de Maduro. Pese a sus críticas, los miembros del GL, incluido Chile, la criticaron por «no haber condenado al régimen de Maduro».