Tres militares brasileños que realizaban tareas de seguridad en la reciente Cumbre del G20 en Río de Janeiro fueron detenidos por estar involucrados en el intento de magnicidio contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y otras altas autoridades en 2022, en la causa por la cual fue citado a declarar un exasesor de Jair Bolsonaro.
La Policía Federal de Brasil detenido a los uniformados junto con otro militar y un agente, relacionados con el plan de asesinar al presidente después de las elecciones de octubre de aquel año, para evitar así que tomara posesión, en el marco de la investigación sobre los ataques del 8 de enero.
Además del presidente Lula, esta «detallada operación» denominada ‘Puñal Verde y Amarillo’ y que sería ejecutada el 15 de diciembre de 2022, tenía como objetivo al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes.
El plan, que habría sido conformado en casa del exministro de Defensa con Bolsonaro, Walter Braga Netto, incluía también «encarcelar y ejecutar» a un juez del Supremo al que habían hecho un «seguimiento continuo» en caso de que el golpe de Estado tuviera éxito. Fuentes de la Policía revelaron que se trata de De Moraes, encargado de la investigación.
Los cuatro militares fueron detenidos en Río de Janeiro, tres de ellos se encontraban participando en las tareas de seguridad de la cumbre del G20 realizada entre el lunes y el martes últimos. El otro es el general en la reserva Mario Fernandes, quien ya trabajó para la Secretaría General de la Presidencia durante el mandato de Jair Bolsonaro
Salvo Fernandes, los otros tres formaban parte del grupo de élite conocido como ‘kids pretos‘, una compañía especial del Ejército encargada de operaciones de guerrilla y guerra irregular. El otro detenido es un policía federal.
Esta operación, bautizada como ‘Contragolpe’, forma parte de la investigación por los ataques a las instituciones durante el proceso electoral de 2022 que culminaron con el asalto a la Plaza de los Tres Poderes el 8 de enero de 2023.
Las detenciones se han llevado a cabo gracias, en parte, al contenido de los mensajes que intercambiaron algunos militares con quien fuera mano derecha de Bolsonaro, el coronel Mauro Cid, quien pasó varios meses en prisión por su implicación en una supuesta trama para falsificar datos de vacunación contra la COVID-19.
El juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes lo convocó para que testifique nuevamente este jueves sobre la presunta trama golpista orquestada para evitar la salida del poder del ultraderechista tras las elecciones.
Cid deberá «esclarecer contradicciones» sobre el caso después de haber prestado declaración ante la Policía este mismo martes. Se considera que existe «omisión o contradicción» en la declaración del exasesor sobre la operación.
Si bien la Policía investigaba la supuesta falsificación de los carnés de vacunación de la COVID-19 de Bolsonaro y su familia para poder salir del país, durante el proceso encontró en el teléfono de Cid con pruebas de supuestos intentos por mantener al expresidente en el poder a pesar del resultado de las elecciones.
BB con Europa Press
