Trabajadores de Petrobras se plantan contra Bolsonaro

Se cumplieron dos semanas del paro más grande de petroleros de Brasil en los últimos 25 años, con alrededor de 20 mil trabajadores de 116 unidades operativas en 13 estados en huelga. Este sábado, empleados de la subsidiaria Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Paraná (FAFEN) rompieron los telegramas de despido en señal de protesta. La alerta surgió a principios de mes, cuando se anunció este proceso de cesantías que para la Federación Única de Petroleros (FUP) representa la avanzada en la línea de privatización de la mayor empresa brasileña, de mayoría estatal.

Petrobras, que durante los gobiernos del PT creció hasta ser la multinacional más importante de su país, llegó a tener la exclusividad de la cuenca del Presal, con reservas superiores a los 273 mil millones de barriles. Pero desde 2013 sufrió el acoso de los servicios de inteligencia de la NSA, según denunció el agente Edward Snowden, y supuestos esquemas de corrupción desde sus cuentas resultaron decisivas para la causa Lava Jato, por la cual varios exfuncionarios “trabalhistas” y legisladores de todos los partidos terminaron en prisión. En ese marco también Lula da Silva quedó involucrado en esas investigaciones.

Desde la destitución de Dilma Rousseff, en agosto de 2016, se supo que los vientos soplaban en contra de la empresa, por la tendencia neoliberal de Michel Temer. Con la llegada de Jair Bolsonaro al gobierno, el 1 de enero de 2019, se consolidó un proyecto que, de la mano del ministro de Economía Paulo Guedes, un egresado de la Escuela de Chicago, puso al frente de la firma a Roberto Castelo Branco, relacionado familiarmente con el primer presidente de la dictadura (1964-1985) y un convencido de que el estado no debe participar en negocios donde hay privados que se dedican a lo mismo. Así fue que Petrobras perdió la exclusividad en la explotación de la rica cuenca marina.

En el caso concreto de la FAFEN, se trata de una planta comprada en 2012 a Vale do Rio Doce. Para los actuales directivos de la empresa, era deficitaria y no logró venderla luego de dos intentos frustrados, por lo que decidió cerrarla. El viernes 145 trabajadores recibieron los telegramas de despido, pero hay otros 368 empleados directos de Petrobras que están en la misma situación, al igual que cerca de 600 tercerizados. Desde que comenzó el conflicto, el 1 de febrero, se fueron sumando al reclamo los planteles de otras plantas de Petrobras. Por solidaridad y porque saben que es hora de barbas en remojo. Entre los que adhirieron hay plataformas de producción, refinerías, terminales de petróleo y usinas térmicas.

La Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles (ANP) advirtió al Tribunal Superior del Trabajo (TST) por los riesgos de desabastecimiento en todo el país ante esta medida. El ministro de esa entidad, Ives Gandra Martins Filho avisó a los gremios que deberían mantener un contingente de no menos de 90% de trabajadores en cada unidad. Las penalidades, si no lo hicieran, serían de 500 mil reales diarios para la FUP y los sindicatos adheridos del Norte Fluminense, Bahía y Espirito Santo y de 250 mil para los otros gremios. Que en esta partida el gobierno se juega una fuerte parada lo demuestra la oferta que Petrobras hace a los despedidos: un adicional a la indemnización de entre 50 mil y 200 mil reales (entre 12 mil y 48 mil dólares), y la permanencia en la obra social por 24 meses luego del cese. Por otro lado, a través de agencias externas buscan contrataciones temporales para reemplazar a los petroleros en paro. Pero esa tentativa no alcanzó para romper con la huelga. Así, en Rio Grande do Norte los trabajadores impidieron embarques de Campo de Ubarana; situaciones parecidas se vivieron en Espirito Santo. Plantas refinadoras de Bahia se agregaron a las 39 plataformas de Petrobras en la región sudeste, donde se concentra la mayor producción.

Los petroleros enrolados en la FUP vendieron garrafas de gas y nafta a precios subsidiados en Amazonas, Pernambuco, Bahía, Espirito Santo, Rio de Janeiro, San Pablo y Rio Grande do Sul. Es que con Bolsonaro, los precios de los combustibles fueron liberados y el costo para los sectores más pobres es asfixiante. Los reajustes se realizan en función del precio en dólares. Pero sucede que estas últimas semanas hay una corrida contra el real y el dólar se disparó a 4,30 por real. En enero del año pasado, estaba a 3,68. Otro dato que anotan los representantes gremiales es que hace seis años las refinerías brasileñas operaban al 95% de su capacidad, mientras que antes de la huelga lo hacían por debajo del 70%. En resumen, Brasil pasó nuevamente a ser importador de combustible.

“Buscamos cumplir con las condiciones determinadas por la justicia –dicen en la FUP- pero la actual gestión de Petrobras no quiere que asumamos en las unidades para aumentar la producción y reducir los precios de los derivados del petróleo”. Al mismo tiempo, alertan sobre maniobras de la empresa para generar desabastecimiento en algunas regiones del país. El proceso de privatizaciones de las empresas públicas brasileñas fue iniciado por Bolsonaro ni bien llegó al Palacio del Planalto. A tal punto que en Economía se creó una Secretaría de Privatización y Desinversión, a cargo de Salim Mattar, empresario minero. En agosto pasado, el ministro Guedes anunció que se irían a acelerar las ventas, que incluyeron la Casa de la Moneda, el Correo, Telebras. En el caso de la petrolera, la estrategia pasó por deshacerse de BR Distribuidora y Liquigas.

En enero pasado, el gobierno anunció que durante 2020 proyecta vender otros 300 activos públicos, con los que piensa recaudar unos U$S 36 mil millones. Entre estas joyas de la corona figura Electrobrás, la mayor proveedora de energía eléctrica de América Latina. Eletrobrás fue un proyecto del expresidente Getulio Vargas, de 1954, que tuvo una enorme resistencia en la dirigencia política y en los medios de entonces. Esas trabas fueron uno de los fundamentos para el suicido, el 24 de agosto de ese año, según dejó escrito en una carta póstuma. La otra gran creación de Vargas fue Petrobras, de 1953. Los trabajadores de la FUP hacen lo posible para que este no sea el fin del sueño varguista.

Una familia poco común

Los Bolsonaro suelen mostrar su rostro más violento muy seguido. El domingo pasado, la policía bahiana abatió al exagente de la policía carioca Adriano Magalhaes da Nobrega. El hombre, un asesino a sueldo vinculado al hijo mayor del presidente, Flavio Bolsonaro, fue sindicado como uno de los responsables del asesinato de la concejala Marielle Franco, en marzo de 2018. A medida que avanzaba la investigación sobre el crimen que conmovió a la sociedad antes de las elecciones del año pasado, la situación de Flavio parecía complicarse. La muerte de Da Nobrega resulta, en este contexto, muy oportuna.

Otro de los hijos del presidente, Eduardo, se sumó a una brutal campaña contra una periodista del diario Folha de Sao Paulo que había revelado el sistema de fake news en redes sociales de equipos cercanos al exmilitar para desacreditar al partido de Lula da Silva, un método que los analistas consideran que fue clave para ganar el apoyo de sectores sociales mayoritarios de Brasil.

Patricia Campos Melo, una profesional muy respetada y rigurosa, fue atacada por esas mismas redes de trolls desde que publicó la información. El martes, en una reunión de la Comisión Parlamentaria mixta Investigadora de las fake news, un exempleado de la firma de marketing digital Yacows, en lugar de argumentar por el esquema revelado por Campos Melo, dijo que la mujer le había hecho insinuaciones para tener sexo a cambio de información. El diputado Eduardo Bolsonaro dijo que no dudaba de la palabra del acusado. Lo que despertó ácidas críticas de los colegios de periodistas y de colectivos feministas.