Temer permite a las mineras explotar una reserva del tamaño de Suiza

El presidente de Brasil, Michel Temer, decretó la extinción de una reserva forestal en la Amazonia del tamaño de Suiza para permitir la actividad minera en una región rica en oro, una decisión con la que busca incrementar la inversión y la recaudación ante una crisis fiscal y que fue rechazada por entidades ambientalistas, que la calificaron como una «catástrofe».

La medida abre para las empresas mineras una nueva frontera en la extracción del oro en una región que había sido clausurada para estos emprendimientos en el contexto de la preservación de los recursos naturales del mayor bosque tropical del mundo.

Temer liberó para la extracción minera la Reserva Nacional del Cobre y Asociados (RENCA), en el límite entre los estados de Pará y Amapá, que había sido cerrada para la actividad económica en 1984 por el dictador Joao Baptista Figueiredo, quien consideró a la región estratégica en recursos naturales.

En el decreto, el Gobierno dijo que la liberación para la actividad minera «no se aparta de la aplicación de la legislación específica sobre vegetación, tierras indígenas y franjas fronterizas».

La región amazónica es considerada la mayor reserva de oro de Brasil, país donde la minería representa el 4% del Producto Bruto Interno (PBI) y, con la medida, el gobierno busca elevar la participación del sector a un 6%.

«El gobierno caminó primero en flexiibilizar las leyes ambientales y la normativa para las tierras indígenas y luego aprobó un nuevo código minero: después de esto vemos ahora que un espacio como el de Dinamarca será entregado a las empresas mineras, muy probablemente las extranjeras, sobre todo las canadienses», dijo a Télam la portavoz del Comité Nacional de Defensa de los Territorios Frente a la Minería, Katia Visentainer.

Para los ambientalistas, según Visentainer, el decreto de Temer eliminando la reserva ambiental «es el mayor acto de violencia contra la Amazonia de los últimos 50 años» al considerar que no hubo diálogo ni con el Congreso ni con la sociedad civil.

La RENCA, como se conoce al área ambiental, fue una región disputada por las empresas mineras extranjeras, motivo por el cual Figueireido dispuso su cierre en 1984.

El Comité al que pertenece Visentainer denunció la falta de fiscalización de este gobierno frente a la minería y puso como ejemplo al estado de Minas Gerais, donde existen 700 diques y cuatro personas para fiscalizarlos.

El año pasado, la ruptura de un dique que contenía desechos mineros provocó una tragedia en la ciudad de Mariana. El dique pertenecía a la empresa Samarco, propiedad de las mineras brasileña Vale y canadiense BHP Billiton y su colapso provocó la peor tragedia ambiental de la historia de Brasil, arrastrando poblaciones, contaminando ríos y cambiando la geografía del lugar por el lodo tóxico derramado.

La ambientalista apuntó también a los bajos tributos que pagan las mineras a los estados amazónicos. El impuesto a las ganancias asciende a 3 por ciento, cuando un asalariado abona el 28% de sus haberes.

«Lo mismo ocurre con los royalties, donde se paga apenas el 3%», denunció.

El gran miedo tanto del comité como de organizaciones ambientalistas globales como WWF es que la carrera del oro cause conflictos en la región, sobre todo la creación de ciudades, migraciones violentas y presión sobre las tierras indígenas.
El coordinador de la entidad ambientalista WWF, Michel De Souza, dijo que existe una «catástrofe» con la apertura a la industria minera en una región rica en oro.

«Hacer este tipo de movimiento sin discusión, por decreto, es muy peligroso. Estamos hablando de un área donde hay regiones protegidas, reservas indígenas. Es un riesgo enorme a nuestro mayor activo nacional, la selva amazónica, puesta en riesgo por la desesperación de que cierren las cuentas en la crisis», fustigó el dirigente de WWF.

El Gobierno se ha lanzado a la búsqueda de inversiones privadas en todos los frentes: además de buscar recursos en el área mineral con esta decisión en un área con cuatro millones de hectáreas en la selva amazónica, ha iniciado una era de privatizaciones.
Ayer, la administración Temer anunció que iniciará el proceso de privatización de la Casa de la Moneda y de varios aeropuertos, entre ellos el más codiciado del país, el de Congonhas, de cabotaje de San Pablo.

Además de otros 55 proyectos de concesiones a privados como pozos petroleros, líneas de transmisión eléctrica, puertos y rutas, el gran anuncio fue hecho el lunes: la venta de la gigante eléctrica Eletrobras, la mayor de América Latina en su tipo.
El presidente lanzó estas iniciativas luego de que fracasara el intento de aumentar impuestos para lograr la meta de déficit fiscal, que debió ser alterada a raíz de la caída de la recaudación.

La meta saltó de 44.000 millones de dólares a 52.000 millones de dólares y apenas se espera superávit en 2020.

Desde el sector privado, el decreto es algo para festejar. «No tenía sentido mantener un área como esa cerrada a las mineras y al mismo tiempo dejar que haya búsqueda de oro en forma ilegal», dijo Elmer Prata Salomao, presidente de la Asociación Brasileña de las Empresas de Búsqueda Mineral (ABPM).

El presidente de IBRAM, entidad que reúne a las mineras, dijo que la decisión «es una victoria del sector, que hace mucho tiempo busca la apertura de esa área».

Desde el gobierno, poner a la minería en el centro de su foco económico fue una prioridad, como lo había dicho antes del decreto el secretario de Geología del Ministerio de Minas y Energía, Vicente Lobo.

«Creemos que esa zona pueda desarrollar un proyecto sin igual en el mundo, con una gigantesca chance para la extracción de oro», declaró, agregando que existen otros minerales como hierro, níquel y manganeso.

El dilema de una región que los militares preservaban también incluía su cercanía con la frontera de Guyana Francesa, último enclave colonial europeo en la Sudamérica continental.

«Eliminar esta zona en forma paralela al desmonte de las agencias de control y la inminente concesión de la exploración minera al capital internacional significa un ataque desproporcionado a la soberanía de los pueblos amazónicos y a su propio derecho al desarrollo», dijo el historiador Daniel Chaves, director del Núcleo de Innovación y Transferencia de Tecnología de la Universidad Federal de Amapá.