Tras un año de estar detenido en Bolivia por una causa “nula de toda nulidad”, en situación de tortura y con varios problemas de salud que se agravaron seriamente por la condición carcelaria, donde incluso contrajo Covid, el fotógrafo argentino Facundo Molares Schoenfeld podría estar regresando a la Argentina esta semana. Así lo confirmó a Tiempo su padre, el juez Hugo Molares, en diálogo telefónico desde su hogar en Trevelin, provincia de Chubut, donde ejerce como titular del juzgado de paz. “Si permanecía diez días más no hubiese sobrevivido”, advirtió Molares a este medio.

Facundo, de 45 años, será alojado en un centro médico de la Ciudad de Buenos Aires, aún sin determinar, según explicó su padre, donde se espera su recuperación. A pesar del traslado y de la expectativa familiar por lograr la libertad y el retiro de cargos, la causa por la que se lo acusa peranecerá abierta.

El fotoperiodista había ido a cubrir las elecciones bolivianas de octubre de 2019 para la revista digital Centenario, pero debió ser internado de urgencia por una insuficiencia renal en un hospital de la ciudad de Santa Cruz. Tras el golpe contra Evo y la asunción del gobierno de facto, le atribuyeron actos de “terrorismo” en el contexto de las protestas contra los golpistas e incluso lo vincularon con las muertes de dos personas. El padre había explicado días atrás a la agencia Télam que su hijo “fue imputado 16 días después de su detención. Antes de esa fecha nadie lo había mencionado ni denunciado”. Además dijo que se trata de «una causa colectiva en la que, además de él fueron involucradas varias personas pertenecientes al gobierno del MAS». Aparentemente, la policía boliviana rastreó una actividad política anterior que utilizó como argumento para la imputación. Es que, producto de una activa militancia social que lo llevó a recorrer varios países de Latinoamérica, como Ecuador, Cuba, Paraguay, Brasil, Perú, Chile, Colombia y Bolivia, se le atribuye un paso por las filas de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Facundo fue arrestado y trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro en una región del Altiplano que se encuentra a 4500 metros de altura. Eso, según su padre, deterioró su salud en forma abrupta. “Lo llevaron con hipertensión, eso provocó más problemas. Le encontraron líquido en los pulmones, lo revisaron y, al hacerle el test de Covid-19 para la internación, dio positivo. Hoy día es más delicada su situación cardíaca que la renal”, explicó.

La familia logró que Facundo fuera trasladado a un hospital de La Paz. Después de innumerables gestiones políticas, diplomáticas y jurídicas junto a organizaciones de Derechos Humanos, el tribunal Número 1 Penal de Sentencia de la ciudad de Montero permitió en una postergada audiencia que finalmente se realizó el jueves, el traslado de Facundo a la Argentina, en condición de arresto domiciliario con excepción de arraigo. Morales padre admitió que esperaba una resolución más favorable, aunque destaca que lo logrado es muy importante. “Tenía expectativa de que fuera libertad irrestricta, porque la causa es nula de toda nulidad”, dijo. “La causa se va a caer, no se puede sostener, es una causa que no está sustentada por ninguna prueba, incluso el ministro de justicia de Bolivia (Iván Lima) dijo no hay ninguna prueba, pero además se violaron todos sus derechos, fue sometido a tortura”, destacó y además consideró que su condición de juez fue fundamental para llegar a esta instancia. “Si no fuera juez la causa no hubiese avanzado nunca”, admitió.

La Cancillería argentina informó la resolución aclarando que el periodista “deberá presentarse periódicamente ante el Consulado boliviano en Buenos Aires”. Para el regreso de Facundo se dispondrá de un avión sanitario puesto por el Estado argentino.

Molares, que había llevado el caso especialmente al presidente Alberto Fernández, se mostró agradecido por la actuación de los funcionarios diplomáticos argentinos, y a la vez preocupado por el estado de situación de la justicia boliviana. “Nos costó muchísimo todo, pese al cambio de gobierno. Va a tener que trabajar mucho (el presidente Luis) Arce”, apuntó.  «

La herencia de los presos políticos de Áñez

La Comisión de Derechos Humanos del Parlasur se comprometió a avanzar con la situación de una altísima cantidad de presos políticos que aún permanecen detenidos en Bolivia tras las purgas del gobierno de facto de Jeanine Áñez, que encarceló a manifestantes bajo cargos de sedición y terrorismo. El compromiso surgió tras la reunión virtual con Hugo Molares, padre del periodista preso en Bolivia, Facundo Molares Schoenfeld, que esta semana regresará a la Argentina (ver nota principal). El propio Molares, que es juez en Trevelin, Chubut, refirió que se trata de unas “1500” pesonas detenidas sin juicio ni causa cierta en ese país. Un número que también estiman algunas organizaciones en Bolivia.

En un comunicado posterior, la Comisión de DDHH informó que “a través de su presidente, Gastón Harispe, solicitará una reunión con las autoridades y con el Tribunal Superior de Justicia de Bolivia para interiorizarse del asunto”. En tanto, durante su primera semana de actividad, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió informes de la Asamblea Plurinacional, de manos del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y de la Defensora del pueblo, Nadia Cruz. El grupo de expertos, entre quienes hay dos argentinos, Juan Méndez y Patricia Tappatá, está abocado a investigar la violencia desatada 2019, que incluyen las masacres de Senkata y Sacaba, abarca el período previo al golpe contra Evo Morales y todo el tiempo transcurrido durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez.