Se devela la trama detrás del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres

Cuando se cumplen dos años del asesinato de la líder comunitaria hondureña Berta Cáceres, autoridades de ese país ordenaron la detención del presidente de una empresa, presunto autor intelectual del crimen, y unas horas más tarde confiscaron propiedades y valores de miembros de un cartel de la droga que tienen relación con el caso, que podría convertirse en un escándalo mayúsculo si la justicia siguiera investigando, ya que los máximos dirigentes del país podrían terminar implicados. Por esa misma razón, en la nación centroamericana no hay mucha confianza en que el cuchillo llegará al hueso, ya que el sistema judicial es el mismo que a fines del año pasado terminó por avalar la elección que le dio un nuevo mandato a Juan Orlando Hernández (JOH) a pesar de las múltiples denuncias de fraude de la oposición y de veedores internacionales, incluidos de la OEA.

Cáceres, a los 44 años y con cuatro hijos, era una reconocida militante y activista dedicada a la defensa de los derechos de la comunidad indígena lenca, afincada en los aledaños del río Gualcarque.

La principal amenaza contra esa población es el proyecto para construir una represa hidroeléctrica en Agua Zarca con capacidad para generar 21,7 megavatios. La COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) fundada en 1993, lleva adelante la lucha en contra de ese proyecto desde que comenzaron a conocerse los primeros esbozos. Por un lado, a raíz del impacto ambiental que produciría en la región. Pero además, porque el lugar es un sitio sagrado para la comunicad lenca. Amparados en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, reclamaron que se hiciera efectiva la consulta popular establecida en ese acuerdo al que adhirió Honduras en 1995.

Pero en el proyecto hay fuertes intereses nacionales e internacionales. El reclamo entonces cruzó el océano ya que entre los financiadores de la represa están el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FinnFund), además del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), institución regida por los ministros de Economía de los 13 países miembro. También forma parte de ese selecto club la firma VoithHydro, de la multinacional Siemens, que suministraría las turbinas. La empresa local que lleva adelante el proyecto y se encargaría de poner en marcha la usina hidroeléctrica es Desarrollos Enérgéticos SA (Desa), que tiene una concesión por 20 años para la explotación del río.

En mayo de 2014 William Jacobo Rodríguez, uno de los activistas contra la hidroeléctrica, fue asesinado, tres meses después de la llegada de JOH a su primer turno como presidente. Otra militante, Irene Meza, cayó abatida tras una asamblea comunitaria en San Francisco de Opalaca. Los asistentes al cónclave acusaron a empleados de la alcaldía ligados al partido del gobierno.

“En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz, de los ríos somos custodios ancestrales el pueblo lenca. Resguardados por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida por el bien de la humanidad y de este planeta”, dijo Berta Cáceres cuando recibió el Goldman Environmental Prize en 2015.

Habiendo sido una de las fundadoras de la COPINH, era una figura reconocida en todo el mundo por la claridad con que expresaba sus principios. Y por lo tanto estaba en la mira de los promotores de la hidroeléctrica, que la habían amenazado de muerte en forma reiterada a ella y a sus hijos. Uno de ellos, Salvador Zuñiga Cáceres se refugió en Buenos Aires, donde fue entrevistado por Tiempo Argentino en mayo de 2016 (ver acá)

En la noche del 2 al 3 de marzo de 2016 un grupo de pistoleros ingresó en la vivienda de Berta, en la comunidad La Esperanza, y la acribilló a balazos. En la casa estaba también el activista mexicano Gustado Castro Soto, que resultó herido de bala pero sobrevivió y es el único testigo del asesinato.

Las manifestaciones en todo el país y el pedido de investigación que cruzó el planeta llevaron a que se detuviera en estos dos años al exgerente de la oficina ambiental de la empresa DESA, Sergio Rodríguez Orellana; el exjefe de seguridad de la firma, el teniente retirado Douglas Geovanny Bustillo; al exmayor de las Fuerzas Armadas e instructor de la Policía Militar del Orden Público, Mariano Díaz Chávez; a Elvin Rápalo, los hermanos Emerson Duarte Meza y el oficial retirado Edilson Duarte Meza, considerados sicarios a la orden de quien les pague; al supuesto autor de los disparos contra Gustavo Castro, Óscar Torres Velásquez; y el exmilitar hondureño Henry Hernández Rodríguez. En noviembre de 2017 fueron detenidos un policía y un exagente policial, acusados por la Fiscalía de plantar pruebas falsas “con el fin de desviar la atención en las investigaciones”.

Pero tanto los familiares como las organizaciones de derechos humanos y sociales decían que con eso no alcazaba. Que había responsables más altos de ese crimen y de los otros relacionados con la construcción de la represa.

Paralelamente, proliferaron las denuncias por irregularidades en la concesión de la planta. Es así que el exviceministro de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras, Darío Roberto Cardona Valle, fue detenido en octubre de 2016 por abuso de autoridad a raíz de la ampliación irregular de la capacidad de generación, que pasó de 14,4 a 21,7 megavatios sin consulta previa. En esta causa están implicados también otro ex viceministro del gobierno y el exalcalde de Intibucá.

El viernes le tocó el turno al ingeniero eléctrico Roberto David Castillo Mejía, ex subteniente de Inteligencia Militar, que había sido Coordinador de Control de Gestión en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y era presidente ejecutivo de DESA al momento del crimen. Lo capturaron en el aeropuerto de San Pedro Sula cuando estaba esperando ingresar al avión que lo llevaría bien lejos de Honduras. El cargo es por autoría intelectual del asesinato de Berta Cáceres. Habría sido el que proporcionó logística e insumos a uno de los autores materiales.

Austra Flores, madre de Berta Cáceres, se mostró satisfecha con la detención de Castillo, pero exigió que caigan «los otros peces gordos» que promovieron el asesinato. Y dijo que el hombre, según el relato de su hija, la hostigaba y pretendía sobornarla con dinero y botellas de vino. “Ella rechazó todo”; puntualizó.

La empresa, en tanto, emitió un comunicado en que “rechaza contundentemente la intención de culpar a personas honorables e inocentes, como el señor David Castillo, intentando vincularlo con hechos que no tienen absolutamente ninguna relación con su actuar».

Pero este lunes la noticia fue que la justicia había ordenado confiscar empresas, edificios y residencias pertenecientes a integrantes del cartel “Los Cachiros”. Los activos vinculados con los hermanos Rivera Maradiaga, que están detenidos en Estados Unidos en una megacausa por narcotráfico, hicieron un trato con la fiscalía del distrito de Nueva York. Por un trato más benigno, reconocieron haber participado en el comercio de drogas ilegales con destino a Estados Unidos entre 2003 y 2013 y en 78 homicidios. Devis Lionel Rivera Maradiaga, incluso, involucró en la banda a Fabio Lobo, el hijo del expresidente Porfirio Lobo, surgido de elecciones amañadas en 2010, luego del golpe contra Manuel Zelaya. Una de las empresas intervenidas es Producción de Energía Solar y Demás Renovables S.A de C.V. (Prodersa), uno de cuyos accionistas es el ingeniero Castillo Mejía.

Según publicó el diario británico The Guardian en junio de 2016, un soldado hondureño había declarado bajo absoluto compromiso de reserva de identidad, que el nombre de Berta Cáceres figuraba en una lista negra de una unidad del Ejército entrenada por agentes de Estados Unidos. Bajo el seudónimo “Rodrigo Cruz”, el informante aseguró que se había negado a cumplir la orden y por eso desertó. “Si regresara a casa, me matarían. Diez excompañeros han desaparecido”, dijo.

Según un informe de Global Witness, una ONG dedicada al medio ambiente con oficinas en Londres y Washington, “no hay ningún lugar en el que sea más probable morir asesinado por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente que en Honduras”.