Los tres jueces de una corte brasileña de apelaciones confirmaron la condena de culpabilidad del expresidente y aumentaron la pena a 12 años de prisión. Con el fallo, se complica su presentación como candidato. Se disparó la Bolsa tras conocerse la decisión judicial.
La Bolsa de San Pablo celebró con un alza de 3,72% y un récord de 83.680 puntos la confirmación de la condena por corrupción de Lula. El índice Ibovespa, el principal de América Latina, operó todo el día sobre su marca histórica, impulsado por subidas expresivas de la estatal Petrobras y el sector bancario.
Lula, que aún dispone recursos para evitar la prisión, fue considerado culpable de haberse beneficiado de un apartamento tríplex ofrecido por la constructora OAS a cambio de su mediación para obtener contratos en Petrobras. La condena inicial era de nueve años y medio de cárcel.
Tras conocerse la decisión judicial, el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil anunció que inscribirá ante la justicia electoral la candidatura de Lula, pese a la condena en segunda instancia. «El resultado judicial con el voto claramente acordado entre los tres camaristas configura una farsa judicial, orquestada por la cadena Globo, con el objetivo de sacar a Lula del proceso electoral», dice el comunicado.
La nota aborda el tema más polémico tras la condena, la eventual candidatura de Lula, favorito en todas las encuestas para vencer en el pleito de octubre.
«Vamos a confirmar la candidatura de Lula en la convención partidaria y registrarla el 15 de agosto siguiendo rigurosamente lo que asegura la Legislación Electoral», dice la nota del partido.
Según el comunicado, el resultado del juicio «fue promovido por los mismo sectores que promovieron el golpe del juicio político» que en 2016 destituyó a Dilma Rousseff de la presidencia.
«El plan de los golpistas, dice el comunicado, se choca con la fuerza política de Lula, que brota del alma del pueblo, que no acepta una condena sin pruebas ni delito ni la manipulación jurídica con fines políticos», dice el comunicado.
La ley de Ficha Limpia impide a un condenado en dos instancias presentarse como candidato, aunque el caso de Lula tendrá una serie de batallas judiciales que pueden resolverse incluso después de las elecciones, dependiendo de los tiempos de la justicia electoral.
La cámara de apelaciones de Porto Alegre inició este miércoles una sesión histórica en la cual debía definir si absuelve o ratifica la pena de nueve años y medio de prisión por corrupción contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el principal líder opositor y favorito para las elecciones de octubre.
«Vamos a juzgar los hechos, no será juzgada la vida retroactiva de las personas ni elementos que no forman parte del expediente», prometió antes de leer su informe el camarista instructor del caso, Joao Pedro Gebran Neto.
El juez del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región de Brasil, Leandro Paulsen, segundo de los tres que deben ratificar o desestimar la condena del ex presidente, se pronunció por sostener el fallo en primera instancia.
El juez Paulsen aseguró que en el juicio de primera instancia se expusieron pruebas contra Lula «más allá de cualquier duda razonable» y argumentó su acuerdo con el dictamen de su antecesor, el magistrado João Pedro Gebran Neto, quien pidió extender la pena de nueve años y medio de prisión a 12 años y un mes.
La sesión se inició a las 8.30 (7.30 de Argentina) en la sala 8 del Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande do Sul, que está blindada de policías y con tránsito bloqueado en la región del foro judicial.
A un kilómetro, bajo un sol de 25 grados al inicio de la mañana, miles de simpatizantes de Lula se concentraron en un acampe organizado por el Movimiento de campesinos Sin Tierra, que participa de la campaña Elección Sin Lula es Fraude.
Al inicio de la sesión, la defensa del ex presidente brasileño pidió la nulidad por falta de pruebas del proceso contra su defendido, en la audiencia que tiene lugar este miércoles en un tribunal de segunda instancia en Porto Alegre.
Zanin atacó inicialmente, sin nombrarlo, a Deltan Dallagnol, fiscal de primera instancia de la Operación Lava Jato, autor de una presentación en power point en la que puso a Lula como eje de la red de corrupción.
«Un agente del Estado como los fiscales no pueden usar las redes sociales para demonizar a un acusado, para sacar rédito político de un juicio. El poder del Estado tiene límite y no puede ser usado de esta forma, incluso con cercenamiento de la defensa», dijo Zanin.
El letrado fustigó la sentencia del juez Sérgio Moro al considerar que no tiene nada que ver con la acusación inicial.
«La denuncia indica que hay propiedad de un departamento, cuando el juez en su fallo atribuye esa propiedad a Lula, sin seguir la ruta del dinero, sin poder probar la acusación de que tres contratos de Petrobras sirvieron como moneda de cambio», dijo.
Finalmente, Zanin remarcó que la defensa logró probar la inocencia. «No hay pruebas para culpar» a Lula.
El fiscal de cámara Mauricio Gotardo Gerum por su parte defendió la condena contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de quien dijo que se corrompió en el marco de las relaciones de los partidos políticos y las constructoras con contratos en la petrolera estatal Petrobras.
«Lamentablemente, Lula se corrompió», dijo el fiscal Gerum, defensor de la condena a 9 años y medio de prisión que el juez Sérgio Moro aplicó a Lula, durante el juicio de apelación de esta sentencia ante el Tribunal Regional 4 de Porto Alegre, al sur de Brasil
En la sesión, los jueces debían analizar la apelación de Lula contra la condena impuesta por el juez de instrucción Sérgio Moro en julio pasado por haber recibido un apartamento de la constructora OAS en la playa de Guarujá, estado de San Pablo, como soborno a cambio de contratos de la empresa con la estatal Petrobras.
Lula sostiene que la acusación es política y que forma parte de una persecución por parte de la Operación Lava Jato -la masiva investigación que destapó la corrupción entre Petrobras y la clase política- para sacarlo del tablero electoral de octubre, en el cual es el amplio favorito en las encuestas, incluso estando condenado.
Todo este escenario gira en torno de dos polémicas jurídicas específicas: si es necesaria la prisión efectiva del ex mandatario en caso de ratificación de condena y si esta pena, sin que se agoten todos los recursos hasta la corte suprema, puede inhabilitarlo como candidato en octubre.
El caso está teñido por la polarización del país en torno a Lula, a tal punto que la semana pasada la jefa de asesores del presidente del tribunal, Daniela Kreling Lau, pidió por Facebook que se ordene la detención del ex presidente.
El martes por la noche, Lula estuvo en Porto Alegre y acusó a la elite «perversa» por intentar evitar su regreso al poder mediante sentencias judiciales.
El ex presidente tiene previsto seguir el juicio en el Sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en el gran San Pablo, donde forjó su carrera sindical y política en los años setenta y ochenta.
A la noche, se espera que participe de una marcha en el centro de San Pablo.
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