Tras la renuncia de Evo Morales y de Álvaro García Linera el país quedó acéfalo porque también dimitieron los que les seguían en la cadena sucesoria. El poder de las bandas unltraderechistas que voltearon al gobierno constitucional. El rol de Jeanine Añez, quien podría asumir la presidencia y llamar a elecciones.
«El Estado Mayor de la policía le ha pedido la renuncia a Calderón y el comandante ha renunciado, ahora se aguarda la designación de un nuevo jefe interino, mientras tanto comienzan a normalizarse los servicios», dijo a reporteros el director de comunicación de la policía, Ruddy Uría.
El autoacuartelamiento de los policías dio vía libre a la violencia desplegadas por los grupos que responden a Luis Camacho, el líder cruceño -mitad poderoso empresario y mitad fanático religioso- que entró al palacio de Gobierno con la renuncia que pretendía le firmara Morales y una Biblia. Ahora queda más claro que la rebelión policial no era solo contra el presidente constitucional y que él también estaba en la lista.
Por lo pronto, a la dimisión de la cúpula del Ejecutivo se sumaron la presidenta y el vicepresidente del Senado, Adriana Salvatierra y Rubén Medinacelli; y el titular de la Cámara de Diputados, Víctor Borda. La sensación en los corrillos políticos bolivianos es que “nadie quiere agarrar esa papa caliente”.
Sin embargo, la segunda vicepresidenta del Senado, la opositora Jeanine Añez, sacó chapa reivindicando su derecho a asumir la presidencia. «Ocupo la segunda vicepresidencia y en el orden constitucional me correspondería asumir este reto con el único objetivo de llamar a nuevas elecciones», afirmó en una entrevista televisiva.
Según el portal www.paginasiete.bo, cercano a Mesa, la senadora Jeanine Añez ya se encuentra La Paz, «camino a plaza Murillo». Informa que partió en la mañana de la ciudad de Trinidad y que, del Aeropuerto de El Alto fue trasladada en un helicóptero militar.
Al arribar señaló: «Con la bendición de Dios estamos acá porque lo que queremos es lo mejor para todos los bolivianos (…) tenemos ya un calendario electoral, la población grita porque el 22 de enero tengamos un presidente electo y vamos a hacer los esfuerzos para eso se consolide».
Unas horas antes había puesto reservas. «Si tengo las condiciones, asumiré la Presidencia, lo haré por el país y por todos los bolivianos, pero si se decide otro camino que decidan los movimientos que llevaron adelante todo esto, también lo aceptaré», dejando en claro que no hay quién gobierna, pero si quiénes tienen el poder.
Es que técnicamente, la renuncia de Morales y García Linera debería ser tratada por el congreso, que no se reunió y para dar aval constitucional a la movida debe contar con los legisladores del oficialismo, que son la abrumadora mayoría. «La Asamblea Legislativa tendrá la tarea histórica de elegir al transitorio nuevo presidente”, dijo a la agencia Xinhua el constitucionalista y politólogo Franklin Gutiérrez.
El académico señaló que se debe convocar a una sesión conjunta de senadores y diputados que deben aceptar la sucesión de renuncias, y designar un gobierno transitorio que convoque a elecciones en 90 días. Pero además deben nombrar a un nuevo Tribunal Supremo Electoral y luego a los vocales de los tribunales departamentales electorales, quienes administrarán el futuro proceso electoral.
«Es una situación sin precedentes en la que el partido derrocado tiene la clave de la solución institucional, porque otra vía de sucesión sería simplemente inconstitucional», dijo a la agencia Sputnik el analista Vicente Guardia, sociólogo del centro privado de formación e investigación política Comunidad Cívica.
El experto deslizó que esa salida institucional depende de un acuerdo parlamentario pero también de la posición del movimiento cívico nacional, el grupo ultraderechista que encabezó tres semanas de protestas ciudadanas que siguieron a las elecciones del 20 de octubre.
El caos que siguió al pedido de renuncia del jefe del Ejército y el ahora renunciante titular de la policía, llevó a que Camacho asegurara que había un pedido de captura contra Morales, que el renunciante mandatario denunció en las redes sociales.
Al mismo tiempo, la Fiscalía General impartió órdenes de detención contra la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, y a otros responsables de ese órgano, que apareció cuestionado por irregularidades en el comicio, detectadas en el informe de la OEA. «Al momento tenemos 25 aprehendidos» entre miembros del Tribunal Supremo Electoral y los tribunales electorales regionales, por órdenes emitidas por la fiscalía, indicó a agencia AFP el general Calderón poco antes de su dimisión.
Evo Morales, mientras tanto, sigue uniendo en la conspiración para derrocarlo a Carlos Mesa, el segundo en la elección del 20-O con Camacho.
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