La primera gran medida del flamante gobierno de Luis Arce en Bolivia está en sintonía directa con lo que fue una de sus mayores promesas de campaña: el bono contra el hambre de 1000 pesos bolivianos, que asistirá a cerca de 4 millones de personas, y se entregará a partir de diciembre próximo, según el decreto que se firmó este jueves. En su primera semana de gestión, el gobierno buscó mostrarse activo y expeditivo, sobre todo en lo que concierne a lo que está presentado como la mayor preocupación: la reactivación de la economía. Los días de Arce estuvieron cargados por reuniones de Gabinete, actos protocolares, nombramientos y hasta un momento para dar clase a sus alumnos de posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), mientras hace equilibrio entre las críticas opositoras que no tardaron en aparecer, el estigma de la “subordinación” a Evo Morales, y los reclamos internos de sectores que esperan señales, en su visión, de mayor integración en el gobierno a los movimientos sociales.
“Desde tempranas horas de la mañana nos encontramos reunidos con las ministras y ministros del Estado Plurinacional de Bolivia. Analizamos las medidas que asumiremos para salir de la crisis económica y social que estamos atravesando”, tuiteó Arce el viernes desde la reunión de reunión de Gabinete. Además del bono, que implica una inversión de unos 600 millones de dólares, el gobierno busca avanzar con un impuesto a las grandes fortunas. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, lo confirmó al aclarar que, al igual que el que tratará la cámara de Diputados argentina, apuntará a las personas cuyo capital supere los 30 millones de pesos bolivianos y no a las empresas. La diferencia es que en Bolivia serían apenas “unas 150 personas” en esa condición, según Montenegro. Aún así el gobierno calcula un potencial recaudatorio de $ 100 millones. El plan se aplicaría a partir del año próximo. Con estas medidas, el gobierno apunta a recuperar la economía como primera prioridad, lo que, según estimaciones podría demorar entre uno y dos años. El presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Jorge Akamine, coincide con esa mirada y considera que “las autoridades no tienen margen para equivocarse en definir las políticas necesarias para la reactivación económica y activar nuevamente la demanda interna”. En una entrevista del diario Página Siete, el economista elogió nombramientos en la cartera que conduce Montenegro y aseguró que el gobierno “no tiene tiempo para experimentos y por eso recurre a profesionales economistas ya con experiencia”.
El miércoles, Arce nombró a Wilfredo Chávez como el nuevo Procurador General, a quien encomendó la “primera tarea” de “recuperar la institucionalidad de la Procuraduría General, que ha sido utilizada, manoseada con fines absolutamente partidarios y políticos”. El nombramiento generó críticas de la oposición y algunos juristas porque Chávez fue delegado político del MAS ante el TSE y abogado de Evo durante su residencia como refugiado en la Argentina, representándolo en varios casos, entre ellos las denuncias por presunto abuso y acusaciones de terrorismo y sedición presentadas por el gobierno de facto de Jeanine Áñez. Se argumenta que esa condición incumple la ley que regula la organización de la Procuraduría. La confirmación quedará a cargo de la Asamblea Plurinacional, donde el gobierno tiene mayoría, aunque no los dos tercios.
Sobre el final de la semana, Arce nombró a Segundina Flores como ministra de Culturas y Descolonización. Es una importante dirigente campesina, miembro de las “Bartolinas”, y referente del Pacto de Unidad, donde se agrupan los movimientos sociales afines al MAS. La designación podría llevar alguna calma a los sectores más radicalizados que se quejaron de la composición del gabinete, por carecer de “indígenas”. Sin embargo, confiaron militantes del MAS a Tiempo, no sería suficiente, ya que Culturas no está considerado como una cartera “caliente” y su campo de acción, los artistas, está más relacionado a sectores de clase media.
