Por derecha y por izquierda acusan a Netanyahu de buscar el «poder absoluto»

Benjamín Netanyahu sabía que para volver al poder necesitaba apoyarse en partidos religiosos y nacionalistas y, sobre todo, meter mano en la justicia para garantizar su impunidad. Además de pactar con los aliados ortodoxos de siempre, el primer ministro israelí abrió las puertas del gobierno a políticos hasta entonces marginales, conocidos por su prédica supremacista y el odio hacia los palestinos, y listos para extender la ocupación. En Israel, el impacto de este nuevo mandato es impredecible para todos. 

Esta semana los diputados oficialistas avanzaron en la aprobación de una serie de leyes clave para someter al poder judicial: Netanyahu y sus aliados podrán nombrar a los jueces y pasar cualquier norma, incluso si viola las leyes fundamentales que sirven como Constitución. A partir de ahora los políticos que cometieron delitos podrán ocupar cargos en el gobierno, un proyecto hecho a medida del rabino Aryeh Deri, líder del partido religioso Shas, al que la Corte Suprema le impidió asumir como ministro de Interior.

La reforma judicial es rechazada por los israelíes de izquierda y por muchos de derecha, asustados por lo que pueda venir. A las protestas de los sábados se sumaron los trabajadores de las empresas de alta tecnología, entre los sectores más dinámicos de la economía; las advertencias de los dueños de los principales bancos del país sobre el retiro de depósitos por parte de la gente; la huida de inversores extranjeros y la leve caída de la moneda nacional, el shekel.

El exjefe del Mossad, Tamir Pardo, denunció al primer ministro por buscar salvarse de los juicios en su contra por corrupción y dividir la sociedad para conformar a sus aliados. Es el mismo diagnóstico que hace Yoram Cohen, exjefe del Shin Bet. Una paloma que estuvo a cargo de la inteligencia exterior y un halcón que dirigió el servicio de seguridad interior coinciden en que Israel se acerca al abismo.

«Con la reforma, una mayoría política puede ejercer el poder absoluto para ponerse por encima de las leyes básicas y alterar principios e instituciones que protegen los derechos de las minorías. Esto puede agravar las condiciones de vida de la comunidad árabe y la comunidad LGBT. También de las minorías políticas. Una vez que se instituya este mecanismo será difícil de desmantelar», advierte Ignacio Rullansky, doctor en Ciencias Sociales y experto en Medio Oriente.

Estos cambios son obra de los ministros de Netanyahu que «pertenecen al espectro más recalcitrantemente nacionalista, xenófobo, racista y misógino». «Netanyahu se apoya en ellos para construir una hegemonía que había perdido en el Parlamento. Logró que estos partidos proscriptos volvieran a la vida política y entraran al Parlamento, con un potencial de daño muy grave», apunta.

Jessica Sharon, artista y activista argentina que vive en Israel desde 2002, es una de los miles que salen a la calle para presionar al gobierno e impedir que la reforma salga. «Las decisiones del gobierno no podrán ser rechazadas por la Corte Suprema, la institución que juzga al Ejército israelí en los territorios palestinos. Deri es uno de los mafiosos más grandes de este país. Si un ministro tiene causas judiciales, ya no es una excusa para que no pueda ejercer un cargo público. Es el fin de la democracia», dice.

Las protestas en Tel Aviv, en los alrededores del Parlamento, en Jerusalén y en otros puntos del país son una continuación de las manifestaciones anti Netanyahu de hace tres años, pero ahora son a favor de la democracia y en contra del ataque a los derechos civiles y la imposición de los preceptos religiosos en la vida de los israelíes, en particular de las mujeres. En las movilizaciones hay cada vez menos banderas palestinas, prohibidas por el gobierno a pedido de uno de sus socios más radicales, Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad y exponente del sionismo religioso que apoya la expansión de las colonias en la Cisjordania ocupada.

Ben Gvir llamaba a matar a los árabes. Cuando vio que podía ser parte del gobierno, cambió a matar a los terroristas, aunque sus seguidores entendían cuál era el mensaje. El ministro es un heredero de un partido mesiánico desaparecido en los ’90 que aspiraba a cambiar el Estado de Israel por el Reino de Israel, instaurar una teocracia y reconstruir el Tercer Templo de Jerusalén donde está emplazada la Explanada de las Mezquitas, uno de los lugares más sagrados para el islam. 

A principios de enero, Ben Gvir hizo una visita sorpresa a la Explanada y dijo que los judíos tenían derecho a acceder al sitio. Sabía que era una provocación difícil de digerir para los musulmanes. El exprimer ministro Ariel Sharon hizo lo mismo en septiembre de 2002 y desató la segunda intifada o levantamiento palestino. Gvir construyó su carrera política a través del hostigamiento a la población palestina, pero ahora no parece el mejor momento para alimentar la violencia.

El Ejército israelí mató el miércoles a once palestinos e hirió a más de 100 en la ciudad de Nablus, entre miembros de grupos armados y civiles. Es la segunda operación más letal de Israel en Cisjordania: el 26 de enero murieron otras diez personas en un campo de refugiados de Yenín. Ya van 60 muertos por el fuego israelí en lo que va del año. Ben Gvir festeja cada incursión fatal de los militares. En respuesta, Hamas, la organización que controla la Franja de Gaza, lanzó cohetes al sur de Israel, que respondió con ataques aéreos.

La violencia es un tema diario en los territorios ocupados. Cada vez son más los funcionarios que viven en asentamientos en Cisjordania. Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, ya empezó a legalizar colonias que hasta ahora desconocía el propio Estado israelí, si bien todas son ilegales para el derecho internacional. Desde la creación del primer asentamiento en 1975, Ofra, el movimiento de colonos, con ayuda oficial, no paró de crecer. Más de 500 mil israelíes viven en tierras palestinas. Como movimiento político, los colonos tomaron el gobierno gracias a la indulgencia de Netanyahu.

«La mayoría simple de Netanyahu expandirá y profundizará la ambigüedad estratégica con la que Israel opera en los territorios ocupados. Para los colonos puede significar la legalización efectiva o un amparo legal tácito a la expansión de asentamientos. En casos de violencia de colonos contra palestinos y soldados israelíes puede protegerlos frente a procesos judiciales que podían pasar antes por la Corte Suprema», señala Rullansky. En el fondo, la reforma busca atarle las manos a la Corte porque más de una vez falló a favor de los palestinos. «Facilita actuar con impunidad en hechos de violencia, la dinámica de despojo y desposesión de tierras, puede llevar a que no haya consecuencias por daño a la propiedad privada de los palestinos. Tiñe esa ambigüedad de un manto legal que potencialmente puede protegerlos», dice el académico sobre los alcances de la ley. Netanyahu y sus socios seguirán avanzando sobre los palestinos, pero también empezarán a hacerlo con los israelíes.