Piedad Córdoba, del escarnio a la reivindicación

Visitó Buenos Aires junto con la presidenta de Telesur (ver aparte) y se puso al hombro la defensa de la dirigente jujeña Milagro Sala. Piedad Córdoba tiene un largo historial de lucha por reivindicaciones sociales y políticas en Colombia y aquí se enteró de dos novedades de gran peso específico para su propio desagravio: se cayó una de las causas que le quitó su mandato como senadora por el Partido Liberal, en 2010, y está por cerrarse otra en un par de días, al tiempo que el personaje que ordenó su inhabilitación –en un caso por 18 años y en el otro por 14–, el procurador general Alejandro Ordóñez, fue cesado del cargo por irregularidades flagrantes en su designación hace tres años. La había acusado de vínculos con el terrorismo, cuando ella es una pieza clave en el proceso de paz con las FARC que está a punto de cumplir su etapa fundacional. 

–Uno de los temas pendientes para llegar a la paz pasa por desarmar a los paramilitares. ¿Cómo que se puede lograr, cuando el ex presidente Álvaro Uribe es uno de los opositores al acuerdo y uno de los impulsores de esos grupos criminales?

 –Debe ser una decisión del Estado en su conjunto, porque muchas instancias del Estado están permeadas de este fenómeno paramilitar. Los acuerdos dejan planteada toda una estrategia para desmantelar a los paramilitares, pero ellos no existirían si no existieran empresarios que los cobijan, o sectores de las fuerzas militares y policiales que trabajan de la mano con ellos. Porque a pesar de que supuestamente cuando era presidente Uribe se aprobó la ley de Justicia y Paz y se hizo una desmovilización, la verdad es que siguen vigentes. En los últimos 12 años hubo muchos asesinatos de líderes y lideresas populares. No hubo realmente una voluntad expresa de terminarlos. Además, hubo una incursión paramilitar muy reciente en Venezuela que ayudó muchísimo a desestabilizar en una sociedad que no está acostumbrada a este tipo de fenómeno y un ejemplo es lo que ocurrió la semana pasada (antes de la marcha de la oposición al chavismo) cuando detuvierona a 92 paramilitares que, hasta donde tengo conocimiento, son todos colombianos. Da cuenta de un mercenarismo, de un sicariato de exportación que va a lugares donde hubo procesos progresistas como en Ecuador o Venezuela. Es un obstáculo muy grande no sólo para el acoplamiento de los acuerdos en el territorio sino para los países de la región. 

–El sistema judicial, como en el resto de nuestros países, también es un factor clave. 

–En Colombia se está hablando de una constituyente para hacer una reforma de justicia. Pero la gente tiene claro que la administración de justicia no funciona como debería. Aunque hay que reconocer que ha habido avances. Hubo una serie de desfalcos de grupos financieros que captan dinero y estafaron a muchas personas y la justicia puso tras las rejas a delincuentes de «cuello blanco». Grandes empresarios, industriales, “gente bien” como dicen ellos, pero que robaron a la gente. Ahí sí operó la justicia. Otro caso es cuando se denunció que el 30% del paramilitarismo se tomó el Congreso de la República, y más de 80 parlamentarios terminaron en la cárcel. Pero falta muchísimo y yo diría que en algunos casos como el del procurador general, se demora demasiado, tres años. –En su caso, le quitaron seis años de su vida política. 

–El procurador utilizó su cargo para perseguir y judicializar opiniones. 

Como cuando pedí en México que los gobiernos demócratas de América Latina cortaran relaciones con un gobierno paramilitar como el de Uribe. A Ordoñez le pareció que era contribución al terrorismo y fue uno de los argumentos para inhabilitarme. Otro argumento era mi amistad con (Hugo) Chávez y con Fidel. Lo que demuestra que también el aparato contencioso administrativo se utilizó para perseguir a quienes creemos de otra manera. 

–A Ordoñez lo echan tres años después de haber sido reelecto en condiciones irregulares… 

–Tenía que haber una terna para ese procedimiento y al renunciar una candidata, él logró manipular al Congreso para no seguir las reglas y que lo designaran. Le tienen terror y pánico: había ido contra mí, contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, al que destituyó, y pretendía hacer lo mismo con el congresista Iván Cepeda. 

–¿Qué cambió en su vida en estos seis años? 

–Mucho. Estaba acostumbrada al Congreso, donde muchas de las inquietudes que se recogen en el trabajo con la gente se lo puede volver un debate o una política pública. Fue una experiencia muy importante porque me permitió estar más con la gente, conocer más de cerca las dinámicas. En estos seis años se levantó el movimiento campesino que yo realmente conocía como demandas pero no en dinámica. 

–Metió los pies en el barro. 

–Realmente sí. Me permitió crecer con el movimiento estudiantil, me metí en el movimiento social con todo, y no volví ni al partido. 

–¿Cambió su pensamiento, su visión del mundo?

 –Adquirí más conocimiento, más argumentos, pero sobre todo más compromiso. Porque me pasaron tantas cosas: el escarnio público, el señalamiento, la macartización, prácticamente me sacaron de todas las listas porque era una persona peligrosa aliada con el terrorismo. Pero de todas maneras me dediqué a profundizar en las teorías del socialismo, a convencerme cada vez más de que eso era lo que yo debía hacer. Otra persona hubiera podido ir a buscar el poder para quitarse ese problema de encima. Yo asumí esto, demandé ante la autoridad competente y esperé tranquilamente que se dieran las cosas como se están dando. 

–¿Volverá al Congreso? 

–No me volveré a presentar. Hubiera querido estar en esta etapa, para eso me preparé, para eso luché tanto. Me imaginaba en los grandes debates argumentando, empujando para este proceso. Pero ya no me preocupa volver. Sí me preparo para ir a una constituyente; allí se tiene que dar cuenta de las reformas que requiere el país.

 –¿Cómo la tratan los medios de comunicación que en estos años fueron lapidarios? 

–Ave María, les tengo pánico. Y mucha aversión, lo tengo que reconocer. Nunca fui una persona pendiente de canjear favores para aparecer en un medio o por una entrevista. Siempre fui muy autónoma en eso y muy clara de que no iba a ser muy bien recibida. Eso no va a cambiar y tú tienes claro que un medio de comunicación es la extensión del poder financiero y que ellos se apoderan del poder político; no van a querer a personas como yo. Primero porque no voy a las fiestas sociales. Segundo, vamos a estar en la línea de quema siempre, porque siempre iremos a hablar por los pobres, a favor de los grandes cambios que tienen que darse en la sociedad y que no van de la mano del sistema financiero ni de las multinacionales. En Colombia, pensar en una ley de medios es como pegarse un tiro en la sien, pero eso lo vamos a tener que hacer. No puede ser posible que el derecho a la información, que es un derecho humano fundamental, esté birlado por quienes detentan el poder económico. 

–Es curioso pero el presidente Juan Manuel Santos proviene de una familia que fue dueña del grupo El Tiempo, el principal medio gráfico colombiano. 

–Sí, ahí se acunó, es un hombre del poder, indiscutiblemente, pero también creo que llegaron a un empate en que ni gana el Estado ni gana la insurgencia. Durante muchos años la insurgencia no permitió que muchas regiones muy ricas no pudieran ser totalmente explotadas ni arrasadas por empresarios o multinacionales. Nosotros vemos una paz muy distinta. Para ellos la paz es que se acabe la confrontación y los riesgos para la inversión. Para nosotros es la posibilidad de construir un sistema social, político y económico que dé garantías para el buen vivir. Al presidente Santos debo reconocerle que así sea por esa razón, pudimos llegar a unos acuerdos y a la posibilidad de cesar esa matanza, aunque no se haya tocado el modelo. Se necesita una reforma política que permita expresarse a muchos sectores que no pueden hacerlo. Me preguntará por qué. Porque los requisitos para formar un partido o para acceder al Congreso son tan altos que sólo se mantienen ellos en el poder. Algunos dicen que las FARC están tan desprestigiadas que no van a poder llegar. Pero es que no se trata de que las FARC lleguen sino de que llegue un conjunto de la sociedad. 

–¿Se siente parte fundamental de este proceso de paz? 

–Sí, claro, me siento así, y a pesar de que los costos fueron muy altos no me arrepiento. Diría, como el título del libro, “confieso que he vivido”. Aunque hay una cosa que no repetiría: no confiaría tanto en algunos que no debí confiar. 

–¿En alguien en particular?

–Mucha gente en la que creía y que me dio la espalda. Lo más duro fue la salida del Congreso y por eso no quiero volver. Muchos de mis compañeros no me dejaron ni exponer mi defensa. Fue como una especie de entierro donde una está muerta y a la vez puede ver quién va, quien habla, quién llora. 

–En cierto modo es lo que le ocurrió a Dilma Rousseff. 

–Así es. Cuando me pasó, recibí mucho apoyo de Cristina y de Chávez. Yo le dije ayer (por el jueves) a Cristina que no podía dejarse meter en la cárcel porque mañana o pasado sale pero ya obstaculizaron el camino para que una lideresa como ella pueda ser la que jalone un proceso que no se puede perder. Los medios se ensañan con ella como lo hicieron en Brasil con Dilma. Parece que todo lo que pasa es culpa de Cristina. Es una matriz de noticias donde parece que lo peor que ha pasado hemos sido nosotras.

El reclamo por Telesur 

Patricia Villegas es colombiana de Cali, y desde hace cinco años presidenta de Telesur, la experiencia multiestatal latinoamericana que nació bajo el impulso de Hugo Chávez en 2005 y de la que Argentina formaba parte tras un convenio firmado por el ex presidente Néstor Kirchner. Hasta que el gobierno macrista decidió salirse de la sociedad, y la señal fue bajada de la grilla en los servicios de cable y quedó fuera de Televisión Digital Abierta, lo que impide que llegue en forma gratuita a cientos de miles en todo el territorio. Ante Tiempo, argumentó que no pierden las esperanzas de regresar. “Hace unos días, las autoridades dieron marcha atrás con la decisión de sacar al canal ruso RT de la plataforma TDA, ¿por qué no podrían hacerlo con un canal como el nuestro, que por otro lado es el que tiene la cobertura más extendida de lo que ocurre en nuestro continente?” Villegas y representantes locales de Telesur recorrieron redacciones y estudios para plantear sus razones, estuvieron con militantes sociales y políticos, pasaron por el Congreso y se reunieron con el secretario de Medios Públicos, Jorge Sigal. Por ahora la respuesta fue negativa. Acusan al canal de “no respetar la pluralidad de contenidos”, pero curiosamente la respuesta, al menos por ahora, es que esa voz “no tendrá lugar”.