Una asociación brasileña de comunicación social solicitó al ente regulador de las comunicaciones de ese país que, en el marco de la situación provocada por la pandemia de coronavirus, se prohíba la suspensión de conexiones móviles y de banda ancha por 90 días. Se sumaron a este reclamo ante la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), agrupaciones de magistrados, parlamentarios y diversas entidades de la sociedad civil.
El Colectivo Brasil de Comunicación Social (Intervozes) envió un oficio a Anatel con copia a la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon/MJ) y al Comité Gestor de la Internet en Brasil (CGI.br). En el escrito, señala la necesidad minimizar los daños causados por el aislamiento doméstico para contener la pandemia del Covid-19.
“Mientras persista la pandemia, la garantía del acceso a la internet es fundamental para que los ciudadanos queden en sus casas y sigan, aunque con limitaciones, sus actividades, especialmente las laborales”, explica la liminar. (ver acá)
El pedido cuenta con el respaldo de la Asociación de Maestros de la Universidad de Campinas (Unicamp), la Confederación Nacional de Trabajadores en Establecimientos de Enseñanza (Contee), la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la organización EducaDigital y la diputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP)
El Decreto 10.282/2020, publicado por la Presidencia de la República el 20 de marzo, define los servicios públicos y actividades esenciales que deben continuar en funcionamiento durante la pandemia. Entre ellos están los servicios de telecomunicaciones e Internet. Pero nada indica sobre los cortes o suspensiones de servicios por falta de pago durante ese período de excepción.
Según la encuesta TIC Domicílios 2018, publicada en 2019, el 85% de los usuarios de internet brasileños de las clases sociales D y E acceden a la red exclusivamente por el teléfono celular, el 2% solo por la computadora y el 13% se conectan tanto por el celular como por la computadora.
Según datos de la ANATEL, el 55% de los accesos móviles del país son pre-pagados. También se sabe que buena parte de los usuarios post-pago son clientes “control”, que pagan una tarifa fija mensual pero tienen un límite de tráfico de datos.
De esa manera, los planes de datos serán insuficientes para que gran parte de la población pueda acceder a la información, a la educación, al trabajo, a las garantías de derechos sociales y a la economía nacional, “lo que dificulta la capacidad de cada uno mantenerse en cuarentena en sus casas”.
“Necesitamos entender la realidad de gran parte de los brasileños que gana menos de mil reales mensuales y también desea informarse, trabajar y seguir estudiando. La suspensión de la navegación que no sea por falta de pago es ilegal, según el Marco Civil de la Internet. En este momento de pandemia, necesitamos una decisión contundente de la ANATEL, a través de liminar judicial. El tráfico de datos no genera más costos a las operadoras y no daña a la infraestructura. El modelo de negocios basado en la franquicia es una estrategia de generación artificial de escasez. No es aceptable que las empresas utilicen este momento crítico para elevar sus lucros”, declaró Marina Pita, coordinadora ejecutiva de Intervozes y representante del colectivo en el Comité de Defensa de los Usuarios de los Servicios de Telecomunicaciones (CDUST) de la ANAEL.
