Brasil fue el último país en el mundo en abolir oficialmente la esclavitud, en 1888. Y luego de la reforma laboral de Michel Temer, que con sutiles reformas entró en vigor a mediados de noviembre, es el primero en restaurarla. Así lo interpreta la Central Única de Trabajadores (CUT) pero también la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que emitió una nota de queja contra la normativa que elimina controles y licúa las regulaciones para combatir el trabajo esclavo.
La avanzada brutal contra conquistas obreras que forman parte del imaginario social brasileño de los ’40, durante uno de los gobiernos de Getulio Vargas, comenzó mucho antes de la destitución de Dilma Rousseff, sucesora de Lula da Silva, el líder metalúrgico que llegó al gobierno en enero de 2003.
El Partido de los Trabajadores (PT), creado por Lula, solo pudo ganar la presidencial en alianza con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y aceptando que, entre los integrantes de esa agrupación y del resto de los partidos menores del espectro político, llegaran al Congreso, terratenientes de todo el país. El parlamento que se unió para echar a Dilma está integrado por un 40% de agroindustriales.
Son magnates acostumbrados a enriquecerse mediante el olvido de las leyes. Pero el combate al esclavismo es previo al triunfo de Lula, quien por cierto continuó y perfeccionó el sistema de controles para evitar esas prácticas. Entre 1995 y 2016 fueron liberadas cerca de 50 mil personas sometidas a esclavitud. En 2003 al control existente se le sumó la lista sucia de empresarios denunciados por este tipo de explotación humana.
La Corte Suprema, sin embargo, ordenó suspender la publicación de esa lista en 2014. El toque final se lo daría Temer en octubre pasado, cuando mediante un decreto no solo limitó la divulgación de la lista sucia, sino que además modifica la definición de trabajo esclavo y burocratiza las denuncias.
Hay que tomar en cuenta que las plantaciones donde se efectúa el trabajo están alejadas de los centros urbanos, obligar ahora al trabajador a hacer ese largo camino hasta una sede policial y no ante un auditor, torna virtualmente imposible la presentación. Porque la policía es normalmente cómplice del terrateniente. Los datos son contundentes: en un cuarto de siglo fueron asesinados más de 1500 líderes campesinos.
En julio, el gobierno de Temer ya había presentado ante el Congreso un proyecto que retrotrae las condiciones para desarrollar trabajo registrado a la época previa a Vargas. El paquete incluye una reforma a la ley previsional que atenta contra los ingresos de los pasivos y quita beneficios a los que esperan jubilarse. Le costó un poco porque aún para representantes patronales como los que habitan ese espacio era mucho para digerir de un trago ante la opinión pública.
De todas maneras la ley fue aprobada. Pero las presiones fuera del palacio legislativo fueron tantas entre sindicalistas, organizaciones internacionales y opinólogos, que el 15 de noviembre Temer publicó otro decreto que reforma la ley que él mismo había promulgado y que entró en vigencia cinco días antes. Se titula Medida Provisoria y deberá ser aprobado en 120 días por el Congreso o en su defecto entrará en vigencia automáticamente. Entre las reformas a la reforma, ahora las mujeres embarazadas podrán trabajar en lugares insalubres pero solo si presentan un certificado médico que las autorice. Y los trabajadores que acepten trabajar 12 horas seguidas por 36 de descanso tendrán que hacerlo luego de una negociación colectiva y no a partir de un acuerdo directo con la empresa.
La ofensiva flexibilizadora había comenzado en abril con una ley que ampliaba la tercerización a todas las actividades de una compañía, incluso la principal. El objetivo no es otro que el de reducir el poder de los sindicatos, acorralar a los trabajadores a negociar en condiciones frágiles con las patronales, y además eliminar la responsabilidad de los grandes grupos económicos en todo lo que suceda puertas adentro de una factoría.
Y teniendo en cuenta la influencia de lo que ocurre en el gigante sudamericano en el resto del continente, forzar reformas similares en toda Latinoamérica. En Argentina el gobierno se mira en ese espejo, aunque no lo quiera reconocer. Aunque es justo reconocer que las leyes más avanzadas a favor de los trabajadores eran las de ambas naciones. «
