Un “terremoto” sacudió al Líbano. Y no fue solamente la gigantesca explosión del martes pasado que devastó la zona portuaria de Beirut, causó al menos 171 muertes, 6000 heridos y destrucción en varios barrios de la ciudad. El término fue usado por el renunciante primer ministro libanés, Hassan Diab, quien tomó anoche la decisión junto con la dimisión de todo su gabinete, y en medio de sucesivas protestas callejeras que continuaban hoy.

Mientras los manifestantes demandan su propia versión del “que se vayan todos”, Diab aseguró que «la catástrofe que afectó a los libaneses en el corazón ocurrió a causa de la corrupción endémica en la política, la administración y en el Estado». “Descubrí que la corrupción institucional era más fuerte que el Estado», agregó este profesor universitario que formó su gobierno en enero.

Tras el anuncio, Diab se reunió con el presidente, Michel Aoun, quien le pidió que el gobierno siga en funciones en forma interina hasta la conformación de un nuevo Ejecutivo. Algo que podría extenderse más de lo que los tiempos exigen, debido al complejo sistema de distribución del poder que rige en el país entre las 18 comunidades religiosas, con predominancia de sunitas, chiitas, drusos y cristianos.

Esto lleva a que la conformación del gabinete e incluso las decisiones gubernamentales deban ser discutidas por todos los sectores y aprobadas por una mayoría de dos tercios de los ministros. Sin embargo, gracias a un acuerdo de 2008, Hezbolá y sus aliados tienen garantizado un tercio de los puestos del gabinete, lo que les otorga el derecho a veto. El gobierno de Diab, de hecho, estaba mayormente formado por ese espacio.

Algunos analistas creen que el recambio de gobierno será apenas una suerte de gatopardismo que mantendrá el statu-quo, aunque parte de la movilización popular se aferra a la idea de una posible refundación a partir de la tragedia y reclama la salida de toda la clase política, acusada de corrupción e incompetencia.

El politólogo de la Universidad Libanesa Americana de Beirut, Jeffrey G. Karam, señaló a la agencia AFP que una posible convocatoria a elecciones parlamentarias, tal como esbozó el premier saliente “permitiría a lo sumo algunos cambios en los bloques parlamentarios y en la distribución de los escaños, en lugar de una reforma absoluta de una clase política minada por la corrupción y el sectarismo».

La deflagración en el puerto provocada por un incendio en un almacén que contenía 2.750 toneladas de nitrato de amonio, según se dijo almacenado sin las precauciones pertinentes, desató la ira de la población y recordó las jornadas de protestas de octubre del año pasado.

Aquellas manifestaciones fueron encabezadas por sindicatos, tras una crisis derivada de la devaluación de la moneda nacional. Pero la economía ya venía castigada, con un desempleo creciente que hoy se ubica en 25% y casi un tercio de la población por debajo del umbral de pobreza. A esto se suman problemas estructurales en provisión de agua potable y energía, que el gobierno de Diab no supo o no pudo resolver.

La llegada del covid-19 ya venía presionando al sistema sanitario, poniendo al país muy cerca del desborde de la estructura hospitalaria pública y privada.