El juez federal endureció el régimen de visitas del ex presidente de Brasil. Le prohíben las visitas de nueve gobernadores.
«Ningún privilegio será concedido. No se puede dar privilegios diferentes al resto de los condenados, también ven virtud de la organización de la repartición pública que lo aloja», dijo el juez Moro, cabeza de la operación Lava Jato.
La decisión fue en respuesta a un pedido de 9 gobernadores que se trasladaron a Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, donde ahora funciona el comité nacional del Partido de los Trabajadores y existe un acampe con más de 1.000 personas.
Moro envió a Lula a cumplir la pena de 12 años y un mes de prisión a una sala sin rejas de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba.
El gobernador de Piauí, nordeste, Wellington Dias, anunció que pedirán a la corte suprema un pedido para permitir a autoridades del país tener autorización a ingresar a la sede de la Policía Federal como parte de las visitas de Lula.
«Venimos a pedir la libertad de Lula, un inocente condenado sin pruebas», sostuvo el gobernador de Bahía, Rui Costa.
Con la negativa de Moro, Lula podrá recibir a sus abogados todos los días hábiles y a sus familiares solo los miércoles.
Desde el acampe organizado por el PT y los movimientos sociales todas las mañanas, a las 9, los manifestantes gritan de 500 metros de distancia «Bom Dia Lula» (Buen Día Lula).
El expresidente le dijo a sus abogados que escucha el saludo de la multitud desde su sala, convertida en la prisión más célebre de la Operación Lava Jato.
Los gobernadores que viajaron a Curitiba a intentar visitar a Lula -y que apelaron a una juez de ejecución penal para poder entrar- son Tiao Viana (Acre), Rui Costa (Bahia), Camilo Santana (Ceará), Fernando Pimentel (Minas Gerais), Wellington Dias (Piauí), Flávio Dino (Maranhao), Renan Filho (Alagoas), Jackson Barreto (Sergipe) y Paulo Cámara (Pernambuco).
Según el abogado de Lula, el ex presidente tiene una televisión y está leyendo el libro «La Elite del Atraso: de la esclavitud a Lava Jato» del sociólogo Jessé Souza, una lectura incluso novedosa para la izquierda sobre la formación de las clases sociales y en Brasil.
«No se puede tratar a la política de esta forma, al mayor líder del país de esta forma, tratarlo sin ley. El Supremo Tribunal necesita pronunciarse sobre si va a respetar la Constitución, para que el país retome el estado de derecho», dijo el gobernador Viana ante la militancia.
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