El gobierno promulgó una ley del patrimonio cultural indígena. Denunció a al menos 23 grandes marcas: varias de ellas suelen ser acusadas de trabajo esclavo, incluso en Argentina. Las implicancias.
Quien les vino a arruinar la fiesta hasta impulsar que los legisladores sancionaran una Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural Indígena y el gobierno accionara sus resortes para implicar en el fraude a gobiernos como los de Francia y EE UU, fue la entidad solidaria Impacto, una ONG que denunció que en los últimos siete años al menos 23 grandes marcas internacionales se apropiaron de diseños y técnicas indígenas tradicionales, como las del huipil (blusón) de Oaxaca y las muñecas Lelé de Querétaro, esas de carita tan tierna y tan alegre. Entre los ladrones están Rapsodia –de las argentinas Sol Acuña Anchorena y Josefina Helguera–, la española Zara y la francesa Sèzane. No casualmente son las mismas denunciadas por empleo de mano de obra esclava.
Los diseños de los artesanos mexicanos –como los de las comunidades de la Araucanía chilena o el oriente colombiano– han sido groseramente copiados por las grandes del prêt-à-porter e incorporados a sus modelos como si fueran dibujos y colores derivados de su inventiva. Con una hipocresía que se condice con su proceder, empresas como Zara, la sueca H&M, la belga C&A, la británica Marques & Spencer o la norteamericana GAP se excusan: “Reproducimos algunos diseños indígenas con el objetivo de rendir tributo a la cultura aborigen mexicana”. Irene Pineda, de pueblos indígenas de Latinoamérica y el Caribe ante la ONU, denunció: “Es un argumento falaz para justificar el robo”.
Las primeras señales para enfrentar el saqueo datan de 2015, cuando la senadora y cantante popular Susana Harp llevó el tema a los medios y al Congreso. Seis años después, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la creación de un equipo especial de la Guardia Nacional para investigar y, aunque de difícil aplicación, la Ley de Protección estableció que todo aquel que robe o plagie la identidad cultural de los pueblos autóctonos es pasible de recibir penas de hasta 20 años de prisión. Las firmas reciben advertencias pero no hay penas reales. En el intento de cercar a los saqueadores, trabajan en “un mapa en el que se evidencien los casos de robo o plagio de diseños y técnicas artesanales que las grandes empresas explotan sin pagar ningún tipo de derecho”, explicó la antropóloga María Elisa Velázquez. El registro será un paso decisivo. Como lo hecho por Francia con algunos de sus vinos o quesos, muchos de los cuales –champagne, roquefort, camembert– nacieron de manera fortuita y no son una creación artesanal.
De Francia son, también, las más habituales formas de violación de los derechos de autor. Escuela no les falta. Basta con recordar las riquezas de todo el mundo amontonadas en sus más célebres museos, desde las esculturas del Louvre hasta las osamentas humanas del Musée de L’homme. Los primeros reclamos llegaron a París en 2015 -como a Buenos Aires, Rapsodia, en la misma fecha-. Los destinatarios franceses fueron, entre otros, Sèzane, Hermes, Christian Dior y la diseñadora Isabel Marant, que terminó por admitir la denuncia de Susana Harp y reconoció haber copiado al detalle los bordados del huipil oaxaqueño (centro del país) de la comunidad Santa María Tlahuitoltepec.
De Francia llegó también, el domingo pasado, una ostentosa troupe de fotógrafos, cámaras, iluminadores y músicos para sacarle el último jugo a la miseria de las muy viejas puesteras del mercado de Teotitlán del Valle (Oaxaca). Eran de Sézane, que para el lanzamiento de su última colección y el estreno de su último robo contrataron a las ancianas para que durante horas ambientaran, bailando cómo pudieran, el desfile de sus graciosas modelos al ritmo de sones y huapangos –nada menos que Sandunga y La Llorona– y el dejo alegre de arpas y marimbas. Por toda su participación le pagaron diez dólares a cada vieja. «
El último día de 2021 el Worker Rigths Consortium (WRC), una entidad de estudiantes de EE UU que protege los derechos de los trabajadores que fabrican en el exterior prendas que luego se venden en el mercado interno, mató dos pájaros de un tiro. Denunció que las mismas empresas que roban los diseños de los indígenas mexicanos, multiplican sus ganancias valiéndose del trabajo esclavo en talleres textiles de Asia y Sudamérica. Entre los monstruos del negocio internacional, se cuelan marcas argentinas que, protegidas por lazos políticos y judiciales, se mantuvieron impunes. Gracias al WRC, una organización juvenil nacida para impedir el uso pirata de los logotipos de las universidades, quedó registrada la forma en que Inditex, explota a más de 400 mil obreros de talleres ilegales de Karnataka, en India. Y a otros tantos de Bangladesh y los países empobrecidos de Asia, donde año tras año mueren incinerados cientos de trabajadores atrapados en los incendios favorecidos por la ausencia de seguridad e higiene laboral. Nike, Zara, Puma, Le Coq Sportif, Adidas, Topper, Montagne, Fila, la sueca H&M, la norteamericana GAP y la belga C&A se sientan a la misma mesa.
En Argentina también se consigue…
En los talleres clandestinos de Buenos Aires se cruzan marcas y grandes de la indumentaria deportiva. Portadoras de una rica historia criminal, les hicieron un lugarcito a cómplices como los hermanos Juliana y Daniel Awada –dueños de Cheeky, Cómo Quieres y otras–, Claudia Larreta y los propietarios de Chocolate y Vitamina. Las argentinas aportan lo suyo a la cofradía, como la muerte de los cinco niños y una mamá embarazada o los dos menores calcinados en incendios de 2006 en Caballito y Flores. Como los dueños de Inditex en Bangladesh y Karnataka, los de aquí siguen en libertad y sin condena gracias al cierre de causas ordenado por jueces como Guillermo Montenegro, ex jefe de seguridad de Boca durante el mandato de Macri, exministro de Seguridad y Justicia de la CABA en tiempos de Macri, ex diputado nacional por el partido de Macri, ex embajador en Uruguay durante el gobierno de Macri y actual intendente de Mar del Plata por el partido de Macri.
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