Maduro resiste con los aliados menos pensados

Tras revelaciones de medios internacionales a los cuales no puede atribuirse filiación chavista, sobre la cada vez más cercana constatación de que los últimos hechos desestabilizadores en Venezuela fueron producto de operaciones comandadas por un suprapoder opositor, la CNN acaba de publicar un informe donde se demuestra que aquella explosión con drones que sobrevolaban un acto de Nicolás Maduro en agosto pasado fue «el primer intento de matar a un jefe de Estado con un artefacto comercial de este tipo, comprado en línea y ensamblado a mano con explosivos militares en su interior». La nota incluye una entrevista del corresponsal en Bogotá, Nick Paton Walsh, al supuesto «organizador del ataque», quien da detalles de cómo fue ejecutado por «un grupo de desertores del Ejército de Venezuela, junto con otras personas». Esta fuente ofreció videos tomados con celulares que mostraban drones, explosivos y hasta vuelos de práctica en los llanos colombianos. «Hemos tratado por todas las vías pacíficas y democráticas de poner fin a esta tiranía que se disfraza de democracia», le dijo el supuesto organizador a CNN sin mostrar el rostro, mientras reconocía que el complot pudo haber matado a civiles. «Ese fue el riesgo que tuvimos que asumir», respondió ante la pregunta del periodista. «Nos duele que el pueblo venezolano sea siempre el que deba pagar las consecuencias». En su momento, la oposición venezolana había relativizado el ataque, atribuyéndolo a un acto de victimización del mandatario.

Tras estas revelaciones, el gobierno de Maduro reforzó su postura contra el gobierno estadounidense al que señala como principal responsable de los distintos hechos de impacto en el país bolivariano. «La guerra no convencional que está aplicando el imperialismo norteamericano y sus lacayos internos contra Venezuela ha generado graves crímenes que quebrantan la paz, la estabilidad y la tranquilidad del pueblo venezolano. ¡Habrá justicia!», dijo. Al mismo tiempo, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, anunció que se presentará una denuncia oficial ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra Estados Unidos, por el «sabotaje eléctrico», aprovechando la presencia de la comisión enviada al país por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet (ver aparte). El fiscal general de la República, Tarek William Saab, también informó que se iniciará una investigación contra el diputado autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, por su presunta vinculación con el sabotaje. Saab recordó que «apenas a escasas horas de haber ocurrido este hecho lamentable dicho ciudadano publica en su cuenta Twitter: ‘Venezuela tiene claro que la luz llega con el cese de la usurpación'». A lo que el líder opositor respondió: «Si se atreven a querer secuestrarme o encarcelarme, aquí hay una ruta muy clara, una acción política convocada que ejecutar», dijo. «Todo el mundo sabe quién es el saboteador, él es el responsable de la tragedia que vive nuestro país, el responsable es Maduro», afirmó.

Esta semana, artículos entre ellos de la revista Forbes, reforzaron la posibilidad que sostiene el presidente Maduro, de que la debacle en la represa Guri del estado de Bolívar, que afectó a todo el país, fue producto de un ataque directo. En el mismo sentido se manifestó el gobierno ruso, aliado incondicional del chavista. La vocera de la Cancillería María Zajárova afirmó el viernes que el sabotaje fue una «acción compleja a distancia» contra el sistema de control de las principales centrales eléctricas, que cuentan con equipos fabricados en Canadá. «Todos los algoritmos de operación y puntos vulnerables de los equipos de esos sistemas fueron bien conocidos por el organizador directo de la agresión».

Días después de aquel desastre y cuando se trabajaba en normalizar el suministro y caos que había generado, se produjo una explosión en las instalaciones de la Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor reserva de crudo en el planeta. Se incendiaron tanques de 80 mil litros de capacidad. El ministro venezolano de Petróleo, Manuel Quevedo, responsabilizó al senador estadounidense Marco Rubio y a Guaidó. «Arreciaron las incursiones terroristas en contra de PDVSA para afectar la producción petrolera», dijo. No es casual que días después, comenzaran a circular informes que le auguran a la empresa estatal un «desplome de su decadente producción petrolera». «La producción de crudo de Venezuela volvió a caer en febrero pasado, ubicándose en poco más de un millón de barriles diarios, 142 mil menos que la media de enero, según fuentes secundarias de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)», señaló un columnista de la agencia Afp.

El dirigente chavista del estado de Anzoátegui, Francisco Aristimuño, vinculado a la producción petrolera, aclaró que «el impacto que tuvo el saboteo eléctrico en las operaciones, y muy especialmente las que tienen que ver con el proceso de extracción de crudo representó unos 300 mil barriles diarios, hoy el estatus de producción es de 1.300.000 barriles». También señaló que «el verdadero motivo de la caída de la producción es su flujo de caja real, debido al desplome de los precios del crudo en los mercados internacionales. Debido a las manipulaciones y acuerdos entre las monarquía sauditas del Medio Oriente y Estados Unidos».

Tanto la crisis energética causada por la falla de la planta de Guri, como cualquier posible sabotaje a la producción petrolera se enmarcan en los manuales de lo que se llama «guerra no convencional». De ser ciertas estas acciones, están en directa sintonía con el «Plan Maestro» diseñado por el Comando Sur para aplicar en Venezuela con el objetivo final de derrocar a Maduro, documento que fue revelado en estas páginas hace poco menos de un año. «

Derechos Humanos y defensa

Nicolás Maduro con dirigentes de Derechos Humanos provenientes de Estados Unidos y Canadá. Los dirigentes del Consejo por la Paz presenciaron el apagón de 72 horas que vivió el país y destacaron el comportamiento «cívico» de la población ante el caos. Antes de entrevistarse con Maduro tuvieron reuniones previas con movimientos sociales y políticos y le aseguraron a Maduro que rechazan «rotundamente la injerencia estadounidense» en Venezuela. Este grupo no está relacionado con la comisión enviada por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, antes de viajar ella misma al país, que no se había reunido con Maduro aunque sí con funcionarios y líderes opositores.
Paralelamente, el gobierno convocó para ese fin de semana a sus fuerzas armadas para evaluar avances sobre el Sistema Eléctrico Nacional y preparar nuevos ejercicios militares, una práctica que viene desarrollando el presidente como exhibición de fuerza ante posibles intentos de invasión, según confían fuentes del chavismo.