El presidente Nicolás Maduro negó el viernes que en Venezuela haya una «ruptura del orden constitucional», luego de que el máximo tribunal asumió las facultades del Parlamento de mayoría opositora, y convocó a los poderes públicos para zanjar diferencias sobre esa decisión.

«En Venezuela hay plena vigencia de la Constitución, de los derechos civiles y políticos, de los derechos humanos y del poder popular», dijo Maduro en su primera reacción tras las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que además retiraron la inmunidad a los parlamentarios.

En un acto público en el que bromeó continuamente, el mandatario socialista citó para este viernes en la noche al Consejo de Defensa de la Nación, a fin de resolver la controversia que generó una afirmación de la fiscal general, Luis Ortega, cercana al chavismo, de que en Venezuela hay una «ruptura del orden constitucional».

Al enumerar a los integrantes del Consejo, Maduro mencionó al presidente de la Asamblea y aseguró que los resultados del encuentro se conocerán este mismo viernes. También se mostró abierto a retomar un diálogo con la oposición.

Las críticas de la fiscal general, Luisa Ortega, a las decisiones del tribunal -al que la oposición acusa de servir al gobierno- abrieron una grieta en el chavismo.

«Se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución (…), lo que constituye una ruptura del orden constitucional», dijo sorpresivamente Ortega en un acto público.

Es la primera alta funcionaria que critica los dictámenes.
– Grietas en el chavismo –

«El gobierno está fracturado, dividido entre los que quieren seguir su conciencia y los que quieren seguir mintiendo», dijo el viernes Julio Borges, presidente del Parlamento.

Borges pidió a la Fuerza Armada y los demás poderes actuar como Ortega, al tiempo que denunció que el diputado suplente Gilber Caro, detenido desde el pasado 11 de enero acusado de planear «acciones terroristas», será juzgado por un tribunal militar.

Para el politólogo Luis Salamanca, la postura de la fiscal «significa el agrietamiento, y cuidado si no el rompimiento, de la estructura interna del poder chavista», comentó a la AFP.

La oposición denuncia un «golpe de Estado» por parte de Maduro y desconoce al TSJ. Asimismo, presiona para que la Organización de Estados Americanos (OEA) actúe en Venezuela, lo que Maduro tilda de «intervencionismo».

Este viernes, 20 países solicitaron una reunión del Consejo Permanente de la OEA a más tardar el lunes. El secretario general del organismo, Luis Almagro, denuncia un «autogolpe» en el país petrolero.

Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumaron el viernes a la lluvia de críticas que incluye a la Unión Europea, Estados Unidos y una decena de países latinoamericanos.

«Anular con una decisión arbitraria el Poder Legislativo es inaceptable. Esto claramente destruye el pilar más importante de cualquier democracia», dijo el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, habitualmente prudente frente a su vecino.

Mientras, Panamá propondrá a Maduro una comisión internacional para un diálogo en Venezuela.

Para este sábado la oposición convocó una movilización en la capital.

«Si no es un golpe de Estado es muy parecido. Yo esto lo veo muy feo», comentó a la AFP Eduardo Rodríguez, mecánico de 58 años en cola para comprar alimentos subsidiados.

Venezuela también atraviesa por una grave crisis económica, con escasez de bienes básicos y una inflación que el FMI proyecta en 1.660% al cierre de 2017.

El país sufre además elevadísimos índices de criminalidad, con una tasa de homicidios de 70,1 por cada 100.000 habitantes, según la Fiscalía, casi ocho veces más que la media mundial.

– «Los mismo de siempre» –
Grupos de estudiantes se manifestaron en varios puntos de Caracas, pero fueron reprimidos rápidamente por militares. Dos universitarios y un periodista fueron detenidos, según la ONG Foro Penal.

«Hago un llamado a la organización y a la calle con un solo foco: desconocer la dictadura y rescatar la democracia a través del voto», señaló el encarcelado opositor Leopoldo López en una cuenta de Twitter que maneja su familia.

Pero algunos muestran hartazgo. «Es lo mismo de siempre: una pelea permanente. Yo no estoy con ninguno de los dos lados, porque lo que quieren es vernos en la calle, peleándonos, matándonos, para ellos tener el poder», dijo a la AFP Yandry Díaz, vendedora de 18 años.

Los comicios presidenciales están previstos para diciembre de 2018, mientras los de gobernadores, que debieron realizarse a finales del año pasado, fueron pospuestos y aún no tienen fecha.

Según la internacionalista Elsa Cardozo, el reto de la oposición es capitalizar el rechazo internacional, que amplió su «margen de maniobra para dar legitimidad a los pedidos de elecciones y liberación de presos políticos».