Maduro acalla las voces que dudan del magnicidio

Con la declaración del diputado detenido Juan Requesens y las alertas solicitadas a Interpol, el gobierno de Nicolás Maduro colocó las nuevas acciones en materia de investigación por el intento de magnicidio en su contra en terreno internacional, sobre todo en aquellos países donde se concentran las manifestaciones permanentes contra el proceso bolivariano. En estos días debería conocerse la respuesta formal de Colombia y Estados Unidos a los pedidos de captura internacional a los señalados como autores intelectuales del atentado con drones explosivos del que fue víctima el presidente el fin de semana pasado un el acto de homenaje a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Caracas. También si efectivamente un funcionario de la Cancillería colombiana facilitó el ingreso de uno de los señalados como autores del atentado, supuestamente para adquirir los artefactos usados en el hecho.

Después de haber difundido una lista de los señalados como perpetradores, muchos de ellos exmilitares al servicio de las fuerzas armadas oficiales, las pesquisas dieron un giro luego de que Requesens, diputado opositor por el partido Primero Justicia, integrante de la Mesa de Unidad Nacional (MUD), admitiera bajo arresto haber tenido contacto con uno de los supuestos implicados. «Hace varias semanas fui contactado por (el diputado) Julio Borges que me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia. Se trata de Juan Monasterios, me contacté con él a través de la mensajería» de texto, dijo Requesens a un fiscal, según un video difundido por el gobierno el viernes. El legislador a quien la Asamblea Nacional Constituyente le retiró los fueros, lo que permitió su captura, afirmó que el oficial migratorio colombiano Mauricio Jiménez Pinzón fue quien facilitó el cruce de Monasterios, a través del paso de Cúcuta.

Monasterios es un exefectivo de la GNB, quien luego de su captura testificó haber ayudado a ingresar los dos drones que explotaron durante la ceremonia del pasado sábado. Borges es otro diputado de Primero Justicia, quien hasta el último recambio en la Asamblea Nacional había sido presidente del cuerpo, y es uno de los referentes más sonados de la MUD. Actualmente reside como exiliado en Bogotá, a pesar de seguir siendo legislador de su país.

La declaración de Requesens fue presentada por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien anunció además que el gobierno solicitó a Interpol la captura de Borges, por el «magnicidio en grado de tentativa» contra Maduro.

«Estamos solicitando código rojo para el señor Julio Borges», afirmó Rodríguez en una conferencia de prensa, en la que indicó que el pedido se extiende a otros presuntos implicados que viven en Colombia y Estados Unidos.

Según el gobierno venezolano, Borges es «amparado» por el expresidente vecino Juan Manuel Santos, a quien también señala como instigador del atentado. En Miami, por otra parte, residen cuatro acusados de autores intelectuales del atentado. Uno de ellos es Osman Alexis Delgado Tabosky, dueño entre otras empresas de una televisora regional del estado de Carabobo. Esta semana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) allanó algunas de sus empresas y se le incautaron bienes. El gobierno anunció también que habrá «expropiaciones». Delgado sería uno de las posibles «fuentes» del presentador televisivo Jaime Bayly, quien en su programa emitido desde Miami aseguró haberse reunido con los conspiradores, que le anticiparon el plan de atentar contra Maduro.

Si bien el gobierno de Donald Trump no se había pronunciado hasta el cierre de esta edición sobre los pasos a seguir con respecto al pedido de extradición de Delgado y otros, en una reunión con el canciller Jorge Arreaza, el encargado de Negocios de EEUU en Venezuela, James Story, expresó su preocupación por los hechos y la voluntad del Estado de EE UU y sus instituciones de cooperar con el gobierno para capturar a los responsables.

No es casual que el supuesto paso de los drones se haya realizado por el puente fronterizo entre San Antonio y Cúcuta. En esa región se produce uno de los mayores tráficos entre países del continente. Allí es donde se pronunció hace días la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Nikki Haley, luego de su visita a Colombia para participar de la asunción presidencial de Iván Duque. En un acto en la frontera anunció un fondo de ayuda de 9 millones de dólares para los inmigrantes que vienen de ese país y aseguró que «Maduro se debe ir». También en Cúcuta es donde el gobierno argentino montó una misión de Cascos Blancos para atender lo que llama la «crisis humanitaria» causada por la inmigración de venezolanos a Colombia. El gobierno argentino es uno de los que no se pronunció en contra del intento de magnicidio.

Postura colombiana

El flamante gobierno colombiano de Iván Duque aún no respondió sobre la declaración del diputado venezolano Juan Requesens, en la que involucró indirectamente a un oficial diplomático en la logística del atentado a Nicolás Maduro. Tampoco si colaborará en el pedido de extradición a Julio Borges, también legislador venezolano de la oposición, que se encuentra residiendo autoexiliado en Bogotá. En cambio, en recientes declaraciones, el nuevo canciller, Carlos Holmes Trujillo, afirmó que su país se empeñará en buscar una «gran coalición democrática internacional» para que Venezuela elija libremente el «gobierno que desee tener”.

El diplomático fijó la política frente a la administración de Nicolás Maduro, a la que Duque llama «dictadura».

«Vamos a continuar buscando el fortalecimiento de una gran coalición democrática internacional que actúe en forma coordinada y eficaz, con el fin de que el hermano pueblo de Venezuela pueda escoger, en procesos libres, transparentes y con plenas garantías, el gobierno que desee tener», señaló el canciller.

Maduro acusa a Colombia, y particularmente a su expresidente Juan Manuel Santos, de dar asilo a Borges. Apenas se conoció su pedido de desafuero y detención, el legislador dijo a una agencia de noticias sentirse «seguro en Colombia, me siento agradecido. El acto que sucedió no existe políticamente ni legalmente», reaccionó.

Por su parte, su partido Primero Justicia, denunció que la detención de Requenses fue “ilegal” y que las declaraciones del diputado habrían sido tomadas a fuerza de torturas, más allá de que en el video en que el dirigente de 29 años reconoce haber accedido a un pedido de Borges para concretar el ingreso de los drones explosivos, se lo ve íntegro, al menos físicamente. Hasta el cierre de esta edición, la justicia venezolana lo tenía incomunicado y se desconocía el sitio en que se hallaba detenido.