Una sala de la Corte Suprema juzgará hasta el jueves si el expresidente está bien encarcelado. De acuerdo con los antecedentes de los jueces, tiene amplias posibilidades de ser liberado, pero faltaría definir si puede ser candidato.
Los cinco magistrados que integran la Sala II del máximo tribunal brasileño deberán resolver sobre la legalidad de la decisión del juez Sérgio Moro, por haber ordenado la detención de Lula sin haber agotado todos los trámites procesales, lo que puede anular la prisión del líder opositor que sigue encabezando todas las encuestas para las elecciones presidenciales de octubre próximo.
La Sala II de la corte tiene cuatro de sus cinco miembros a favor de la posición de Lula, que sostiene que no puede estar en prisión porque no se agotaron todos los recursos procesales, lo que podría derivar en la liberación del exmandatario a fines de la semana entrante.
Esta Sala del STF es la misma que le quitó al juez Moro las delaciones de exejecutivos de Odebrecht sobre Lula y los remitió a la Justicia de San Pablo, porque entendió que no tenía vinculaciones con el Petrolao, el escándalo madre de corrupción en la empresa Petrobras.
Es decir, la propia corte partió en dos una investigación que tiene Moro: la acusación según la cual Odebrecht y la empresa OAS pagaron reformas en una quinta de Atibaia, interior de San Pablo, como parte de sobornos a Lula.
La quinta era usada por Lula todos los fines de semana cuando terminó su presidencia y es propiedad de dos de sus amigos, pero la fiscalía entiende que se hicieron reformas pagadas por las empresas involucradas en el Petrolao.
El juicio virtual empezó en la madrugada del viernes después de que el instructor del caso, el juez Luiz Edson Fachin, fuera el primero en depositar su voto. A partir de eso, los otros ministros tienen siete días corridos para decidir. Es decir, todo juicio virtual comienza el viernes y termina a las 23:59 del jueves de la semana siguiente. El resultado de la acción de Lula, en caso de que todo ocurra como lo previsto, debe salir el 11 de mayo.
El caso específico que será tratado es si el juez Moro cometió ilegalidades al anticipar el pedido de detención de Lula sin que el Tribunal Regional de Porto Alegre (TRF4) pudiera expedirse sobre un último recurso de queja para cerrar la segunda instancia del proceso.
El tribunal, una cámara de apelaciones, confirmó la sentencia de Moro y amplió la pena por corrupción contra Lula a 12 años y un mes de prisión. Luego, dio vía libre al encarcelamiento del expresidente el pasado 5 de abril, después de que el STF decidiera por 6 votos a 5 rechazar el hábeas corpus presentado por el fundador del Partido de los Trabajadores.
Según la defensa de Lula, la prisión no podría haber sido decretada porque aún había recursos pendientes de análisis por el Tribunal de Porto Alegre, para los que había plazo hasta el 10 de abril.
En ese contexto, el juez Gilmar Mendes, uno de los once miembros del STF pero que no integra la Sala II, descartó la posibilidad de que el expresidente pueda disputar las elecciones. «No veo posibilidades de que pueda prosperar en el Supremo Tribunal Federal un recurso que habilite a Lula para disputar las elecciones», afirmó. Mendes aclaró que la legislación brasileña es clara al inhabilitar electoralmente a un condenado en segunda instancia, como es el caso de Lula, y que la única forma en que puede inscribir su candidatura es si consigue que un tribunal anule la condena a 12 años de prisión que le fue impuesta en un proceso por corrupción y lavado de dinero.
El exmandatario lidera las encuestas para las presidenciales de octubre y mañana cumplirá un mes detenido en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba. «
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