El precandidato por el Partido de los Trabajadores aclaró que no se presenta para protegerse y pidió la movilización popular en caso de que "algo indeseado ocurra". El míercoles una Cámara Federal ratificó su condena y aumentó la pena a 12 años de prisión.
Lula aclaró que su candidatura no es para protegerse y pidió la movilización popular en caso de que «algo indeseado ocurra».
Esta jugada del PT, liderado por Lula, aumenta el dramatismo a esta nueva fase de la crisis generalizada que se desató en junio de 2013, con el operativo Lava Jato como uno de sus núcleos, sobre todo porque la condena que recibió en el tribunal de Porto Alegre lo pone cerca de la detención y de la inhabilitación electoral.
La proclamación de Lula se produjo en medio del debate jurídico sobre su detención, a partir del fallo del Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre, tema ue ocupaba la atención de quienes colmaban la sede de la Central Única de Trabajadores, en el barrio Bras, zona central de San Pablo.
Lula no aludió a la posibilidad de detención de manera directa pero dejó un recado claro: «Espero que esta candidatura no dependa sólo de Lula. Les pido que hagan campaña incluso si ocurre algo indeseable, pongan al pueblo en movimiento», reclamó a sus seguidores.
Los tres jueces encontraron a Lula culpable de haber recibido un departamento de la constructora OAS como parte de los desvíos de Petrobras, aunque la sentencia se basó en el acto de oficio o en dominio de los hechos, ya que no existen pruebas de vínculos directos entre los contratos de la petrolera y el inmueble, según admitió el juez de primera instancia, Sergio Moro.
Lo cierto es que una condena en segunda instancia choca contra la Ley de la Ficha Limpia, que impide candidatos con este tipo de sentencias.
«No hay plan B, Lula es nuestro candidato y será inscripto en la Justicia electoral», dijo Gleisi Hoffman, presidenta del PT, al anunciar entre aplausos a Lula como candidato.
Parte del arco político considera que la condena a Lula, con peligro de prisión y posible inhabiltación, «modifica el juego electoral», como dijo brevemente al diario Valor el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, referente del Partido de la Social Democracia Brasileña, que tiene como precandidato a Geraldo Alckmin, gobernador de San Pablo.
Alberto Almeida, presidente de la consultora Instituto Análise y autor del libro «La Cabeza del Brasileño», dijo a Télam que cree que «Lula será detenido y no tendrá condiciones de ser candidato. Por eso es probable el surgimiento de un nombre como el del ex gobernador de Bahía, Jacques Wagner».
Wagner fue gobernador de Bahía (cuarto distrito electoral en importancia) y jefe de gabinete hasta la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016.
«Es probable que Lula pueda convertirse en el gran elector y ayude a Wagner. El PT va a utilizar esto de Lula como una injusticia, porque hay un hecho real, apenas Lula está condenado de los grandes políticos», evaluó Almeida.
Flanqueado por Rousseff, Lula reiteró que existe un «pacto de los medios, el poder judicial y otros resortes del Estado» para usar las sentencias con fines políticos y evitar su regreso al poder.
«Ayer entendí lo que era un cartel, los jueces actúan como un cartel. Toman decisiones corporativas, cuando uno de los camaristas tuvo seis días para leer el expediente. Hay otras causas en juego por delante, como criminalizar al PT y hacerlo una asociación ilícita», sostuvo.
Los camaristas Joao Gebran Neto, Leandro Paulsen y Victor Laus defendieron todas las medidas de Moro y no aceptaron ninguno de los pedidos de la defensa contra el juez de primera instancia, célebre por comandar la Operación Lava Jato.
«Ya no se necesitan a los militares apuntando un cañón contra el Congreso, es todo con los resortes del Estado», apuntó el exmandatario.
Lula también aseguró que no respeta el fallo porque «todo partió de una mentira de la Policía Federal de Lava Jato, de otra mentira acusatoria de Lava Jato y del juez Moro».
«Si respeto esta decisión pierdo el respeto de mis hijos, de mis nietos y de mis compañeros», dijo.
Respecto a su candidatura, señaló: «no quiero lanzarme para protegerme, sino para reconstruir el país, mi única protección es mi inocencia».
El 15 de agosto vence el registro en la Justicia electoral, un fuero que no depende automáticamente de lo que ocurra en el ámbito penal, a tal punto que 145 alcaldes fueron elegidos en 2016 estando condenados, aunque sin haber agotado todos los recursos.
A la reunión asistieron varios juristas y el ex vicefiscal general Eugenio Aragao, ministro de Justicia del gobierno de Rousseff, que trazaron estrategias con recursos ante las cortes superiores para evitar la detención del ex mandatario.
El tribunal de Porto Alegre decretó la detención de Lula una vez terminada la serie de presentaciones en la segunda instancia, es decir, entre uno o dos meses.
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