Levantaron los paros y bloqueos en una Bolivia atendida por sus dueños

Este jueves Bolivia celebró los 195 años de existencia como país independiente en un contexto de enfrentamiento creciente. Por un lado, el derrocado presidente Evo Morales denunciaba desde su exilio en Buenos Aires que se preparaba un golpe militar para impedir las elecciones. Mientras tanto, el gobierno de facto designaba en la cartera de Planificación a Branko Marinkovic, el rico empresario separatista santacruceño que huyó del país hace diez años acusado de sedición y terrorismo. Los sindicatos nucleados en la COB y movimientos sociales, a su vez, en las últimas horas levantaron el bloqueo en carreteras de todo el país, implementado en reclamo por el regreso de la democracia y aceptaron la postergación de la fecha del comicio para el 18 de octubre.

La medida de fuerza puesta en marcha el lunes pasado por la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad logró paralizar al país, pero al mismo tiempo comprometía la estrategia del “masismo” para encontrar una salida democrática al golpe que entronizó a los sectores más retrógrados de la sociedad boliviana en noviembre pasado.

La COB, por su inacción hace nueve meses, fue clave para la renuncia de Morales y de Álvaro García Linera. Ahora, entendían en cercanías del exmandatario, podía ser la excusa para justificar un golpe dentro del golpe. “Con los bloqueos de rutas perjudican a los pobladores de muchos lugares que pueden ponerse en contra” de lo que según las encuestas sería un triunfo relativamente cómodo de Luis Arce, del MAS-IPSP, setenciaban en el partido.

Que el gobierno de Jeaninne Añez utilice una argucia basada en la pandemia para postergar una vez más la elección también fue entendida como una forma de buscar que esas diferencias entre actores que integran el bloque de centroizquierda se profundicen. La única posibilidad de que gane la derecha sería con un sector que apoye las transformaciones de estos últimos 13 años vaya dividido.

Desde el Palacio Quemado ya le endilgaron los bloqueos a Morales, que ya había sido acusado de incitar a la violencia. En los piquetes de huelga, en tanto, confiaron a Tiempo Argentino que temían una represión violenta por parte de efectivos militares que en noviembre forzaron la renuncia del gobierno constitucional.

Desde Buenos Aires, no es mucho lo que puede incidir el exlíder cocalero en los dirigentes que votaron por salir a las rutas hace diez días. Pero cada incidente se lo cargarán en la mochila a Evo Morales. Finalmente, el los caminos bolivianos se entendió que lo mejor es despejar y apostar a que las elecciones se desarrollen con las garantías constitucionales.

En un tuit, su ahora habitual medio de difusión, el expresidente dijo el viernes que “se gesta un nuevo golpe de Estado en Bolivia, cuyo plan está a cargo de los generales Ortiz y Orellana. Se intenta instaurar un gobierno de civiles y militares. Con ese fin llegaron dos aviones con armas desde EE.UU. y desplazaron francotiradores a El Alto y Chapare”.

El general Sergio Orellana es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y el general Iván Ortiz Bravo, jefe del departamento Tercero del Comando en Jefe. Orellana había presionado públicamente al congreso para que ratificara los ascensos promovidos por Añez. De acuerdo a la Carta Magna, es el Senado el que ratifica las designaciones, cosa que no había ocurrido. Ortiz Bravo, afirma Morales, viene preparando el golpe desde hace meses.

La designación de Marinkovic fue interpretada como una amenaza para cualquier apertura democrática. Pero al mismo tiempo pone en el tapete la gravedad de la crisis de los grupos del poder real boliviano. Podría decirse que el magnate -de origen balcánico y fuerte ligazón con grupos paramilitares que en 2008 quisieron forzar la independencia de la Media Luna del oriente boliviano- tuvo que salir de atrás de bambalinas para hacerse cargo del manejo de las instituciones. Fue nombrado en reemplazo del economista Carlos Melchor Díaz, que renunció alegando razones de salud. Su proyecto, desde el área de Planificación sería el de una Bolivia atendida por sus propios dueños. Que, sin Evo, recuperaron su peso como factor de poder.

Pero el historial de violencia de corte fascista de Marinkovic no es precisamente un galardón institucionalista en los tiempos que vienen. En 2008 lideró el llamado Comité Cívico Pro Santa Cruz, que defendía los intereses de la oligarquía de la Media Luna boliviana, integrada por los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz. Una zona rica en recursos petroleros pero mucho más próspera en las últimas décadas por la explotación de la soja. De hecho, los Marinkovic están ligados a la industria aceitera.

El actual ministro de Planificación fue acusado de haber contratado a veteranos de la Guerra de los Balcanes de los años 90 a través de las conexiones de su familia croata, para desestabilizar a Morales. Esa vez fue clave la intervención de la Unasur, presidida en esa oportunidad por la entonces presidenta chilena Michelle Bachelet.

El organismo regional fue desarticulado ni bien asumieron los gobiernos de la derecha, tras el triunfo de Mauricio Macri en Argentina.

La derecha más rancia

Branko Marinkovic es hijo de un croata y una montenegrina que emigraron a Bolivia en 1954, cuando ambos países integraban la Yugoslavia de Josip Broz, Tito. Nacido en 1967, Branko se recibió de ingeniero electromecánico y en Economía y Finanzas en la Universidad de Texas. Los Marinkovic acumularon una cuantiosa fortuna con establecimientos agrícolas propios y la planta Industrias Oleaginosas, que procesa más de 1500 toneladas diarias de soja. Con intereses muy diversificados, es miembros de una burguesía tan activa como extremista. Uno de los miembros de esa oligarquía, Luis Fernando Camacho, fue el hombre que ingresó a la sede de gobierno nacional de La Paz y se arrodilló frente a una Biblia y una bandera boliviana.

En 2008 esa derecha neofascista fogoneó un movimiento separatista. En una marcha a favor del gobierno nacional, en la localidad de El Porvenir, fueron asesinados 14 pobladores indígenas, en lo que se llamó la Masacre de Pando. Una investigación de Unasur determinó la responsabilidad del prefecto local, Leopoldo Fernández.

Los Marinkovic tienen viejas cuitas con Morales. El Instituto de Reforma Agraria ordenó en 2009 repartir a las comunidades aborígenes la finca Yasminka, unas 12.500 hectáreas usurpadas por la familia por décadas.

El asesinato del mercenario Eduardo Rosza Flores develó la vinculación de Branko y las bandas paramilitares. Buscado por la Justicia, huyó a Brasil en 2010. Regresó a Bolivia el 14 de enero pasado, luego del golpe que ayudó a consolidar. Este jueves, asumió el Ministerio de Planificación del Desarrollo.