Los señalamientos y agresiones recibidas en estos últimos días por la comunidad científica agrupada en Conicet y el acto en “homenaje a víctimas del terrorismo” organizada por la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel motivaron a nuestro equipo de investigación a divulgar ampliamente qué hacemos, cómo lo hacemos y cuál es la importancia de la investigación científica en el campo de las ciencias sociales.
En el marco de una propuesta de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) propusimos un hilo en Twitter que busca sintetizar los aspectos más relevantes y comprensibles de una investigación de larguísimo aliento iniciada en 2012 y sustentada en más de 15 mil documentos procedentes de archivos de más de cinco países latinoamericanos y Estados Unidos. La competencia de likes cierra el viernes y nos pueden ayudar en:
La investigación inició con una hipótesis que plantearon numerosos periodistas argentinos y extranjeros como corresponsales de guerra a inicios de la década de 1980: la dictadura militar argentina colaboraba en la “lucha contra la subversión” en Centroamérica. Si esto era cierto, no había documentos que lo demostraran. Tampoco se sabía en qué se colaboraba, cómo se implementaba esa colaboración, quiénes participaban, y menos qué consecuencias acarreaban. Estas preguntas fueron las que ordenaron la investigación y la búsqueda de documentación. A lo largo de los años logramos combinar nuestras estadías en el exterior por congresos o reuniones científicas con el trabajo de archivo. Conseguimos accesos, miramos miles y miles de documentos y logramos seleccionar un corpus importante que, dadas las normas de Conicet en materia de acceso abierto a datos de investigación, podrán estar a disposición de cualquier persona que quiera verlos.
Los resultados de la investigación, por el momento, son contundentes. No hay dudas de que la dictadura militar en 1980 creó una serie de instituciones a través de las cuales fluyó la colaboración a los gobiernos militares de Guatemala y El Salvador cuando ya estos estaban siendo denunciados a nivel internacional por las gravísimas violaciones a los derechos humanos que estaban perpetrando. Estas instituciones dependían directamente de la dirección de inteligencia del Estado Mayor General del Ejército argentino, quienes estaban a la cabeza de la represión política. Casi veinte militares se incorporaron a las agregadurías militares, navales y aeronáuticas en la región y muchos de ellos fueron condecorados por las Fuerzas Armadas centroamericanas. Otros, especialmente a Honduras, fueron en calidad de asesores militares, observadores o a integrar organismos del sistema interamericano de comunicaciones, con vinculaciones estrechas a la ya judicializada Operación Cóndor. La sistematización realizada hasta el momento nos indica que treinta y cinco militares argentinos estuvieron en la región de Centroamérica realizando comisiones permanentes y secretas durante el período de la dictadura militar argentina, sin contar al personal civil de inteligencia, sobre el cual no tenemos firmes certezas. A estos hay que sumar otros doce que realizaban comisiones transitorias en la región.
En paralelo a las sanciones estadounidenses en materia de financiamiento a Guatemala y Argentina y, en menor medida, a El Salvador y Honduras, nuestro país suscribió convenios financieros por un total de 125 millones de dólares. Pero además, se autorizó el financiamiento de la exportación de material bélico por montos de 18 millones a Honduras, 30 millones de dólares a Guatemala y 20 millones de dólares a El Salvador. Es decir, en vez abogar por la pacificación en la región, se optó por llenarla de la armas.
Pero la colaboración de nuestro país no se quedó ahí, puesto que se crearon cursos de inteligencia orientados a la “lucha contra subversión” a los que asistieron, como mínimo, 34 militares de alto rango en sus países de origen, quienes al regresar dejaron una impronta en la profesionalización de la inteligencia de sus propias Fuerzas Armadas. Las consecuencias pueden verse en los formatos represivos de la desaparición forzada de personas en Guatemala, Honduras y El Salvador, lo cual hemos podido demostrar, como peritos científicos, en el caso Molina Theissen.
Con esto queremos demostrar la importancia de las ciencias sociales, del rol que cumplen los archivos como repositorios de documentos fundamentales para la construcción de la historia y de instituciones públicas como Conicet. Sumamos razones para decir #NuncaMás.
