Las demandas sociales y económicas que el pueblo colombiano sostiene en las calles sumaron un nuevo objetivo que empieza a pasar al primer plano del reclamo: la policía y la violencia con la que vienen abordando la crisis desatada el 28 de abril.
Una fuerza forjada en el conflicto contra las guerrillas y el narcotráfico, que depende del Ministerio de Defensa, como si fuera un cuerpo militar, que tiene más presupuesto que otras áreas como Salud y Trabajo y que, evidentemente, no logra adaptarse a los nuevos tipos de manifestación urbana. En 15 días de protestas murieron al menos 42 personas (41 civiles y un agente), según la Defensoría del Pueblo.
El Ministerio de Defensa también cuenta 1500 heridos, entre civiles y policías. Y la ONG Temblores, que con-signa abusos de la fuerza pública, denuncia al menos 40 homicidios a manos de efectivos. Según especialistas, los uniformados ven «detrás de cualquier manifestación un enemigo potencial que desafía las instituciones y que quiere atentar contra el Estado social de derecho del país y, obviamente ese es el peor escenario», explicó el historiador de la Universidad Nacional, Óscar Almario, citado por AFP. Es decir, en la concepción formativa de un efectivo regular, un manifestante callejero es un “terrorista en potencia”.
Históricamente, el presupuesto militar en Colombia ha sido de los más elevados de la región. Según la publicación especializada infodefensa.com, el presupuesto 2021 en Defensa es de 10.400 millones de dólares, superado en la región solo por Brasil, aunque no si se mide en términos del PBI: en Colombia equivale al 3,1% del producto (en Brasil es 1,4%).
Pese a la pandemia y a que el Acuerdo de Paz de 2016 logró que las FARC, la guerrilla más importante del país, depusiera las armas, el presupuesto aprobado este año asignó más dinero a Defensa que a Salud (9000 millones) y Trabajo (7000 millones), y casi tanto como a Educación (12 mil millones).
