La paz no es un voto, por Stella Calloni

Ante los resultados negativos del plebiscito del pasado 2 de octubre en Colombia en el que el pueblo debía decidir por un SI o un NO a los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sería muy grave en estas circunstancias traducir que la sociedad colombiana desgarrada no quiere la paz.

Con el voto de poco más de un 37 por ciento de los empadronados el NO se impuso por menos de 0.5 puntos sobre el SI. Entonces establecer que menos del 20 por ciento que dijo NO es el pueblo colombiano en su conjunto es una nueva manipulación informativa, como sostener que se ”dijo NO a las FARC” o recurrir a ocultar que en los lugares más golpeados por la guerra el SI ganó por más del 70 por ciento, lo que es esconder la realidad candente de ese país..

Las multitudinarias marchas ciudadanas de estos últimos años en favor de la pacificación para acabar con más de medio siglo de guerra, mostraban al mundo la urgencia de la paz, cuya búsqueda no se termina con los resultados del plebiscito, sino que demanda destrabar los obstáculos en este largo camino.

Por esto hay que ir a fondo en lo sucedido, partiendo en principio desde lo más simple: si los Acuerdos se firmaron el pasado 26 de septiembre, someterlos a un plebiscito sin tomarse el tiempo para explicar debidamente a la población cuáles son los puntos claves que se acordaron, no fue sin duda la mejor decisión.

Y más aún cuando desde los primeros días de las negociaciones, que duraron cuatro años, ya comenzó la campaña contra cualquier acuerdo que pudiera firmarse, bajo la dirección del ex presidente Alvaro Uribe Vélez, que de existir una verdadera justicia internacional debía ser juzgado por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante sus dos gobiernos consecutivos (2002-2006-2010).

Nadie ignora que Uribe Vélez es Estados Unidos, país que mantiene siete bases militares en ese país, y también Israel, el siempre convidado de piedra, que aportó al ejército colombiano y al paramilitarismo asesores y armas. Los paramilitares, dependientes del ejército de la Seguridad Nacional más importante que existe en América Latina, como es el de Colombia, tienen control de buena parte del territorio del país.

Esto explica también que una buena parte de la población no concurriera a votar. Basta haber estado en algunos de esos departamentos en Colombia, para entender el terror de los pobladores contra ese ejército en sombras que pobló el país de tumbas colectivas. La historia del terrorismo de Estado en ese país, es una de las más siniestras en cuanto a violaciones de derechos humanos en la región.

De hecho, partiendo sólo de principios del siglo XX hasta ahora, Colombia tiene la cifra más alta de muertos y desaparecidos (en este caso junto a Guatemala) en toda América Latina. Sólo después del asesinato de Jorge Elíecer Gaitán, -el líder liberal que hablaba del socialismo colombiano- el 9 de abril de 1948, en Bogotá, crimen ordenado por la CIA estadounidense como se comprobó, unas 300 mil personas fueron asesinadas por los “pájaros”, como se llamaba a los feroces paramilitares que ya estaban desde entonces.

Antes de esto, miles y miles murieron ya sea en la guerra de los Mil Días, como en las huelgas bananeras. Y siguieron muriendo. Fue la ”violencia” ejercida especialmente contra el campesinado después del asesinato de Gaitán, lo que llevaría al surgimiento de la guerrilla en ese entonces liberal, a cuyo frente estuvo desde esos años 50 Manuel Marulanda “Tiro Fijo” quien lideró a las FARC, cuyo sustento ideológico se transformó en 1964 hacia el marxismo.

La historia de Colombia nos lleva a recordar que a fines del siglo XIX y principios del XX, Bogotá era considerada la “Atenas” de América, como la nombraba la poetisa chilena Gabriela Mistral, por la profundidad de una cultura que fue revelada al mundo por sus extraordinarios escritores y el nivel de sus universidades, todo lo cual no pudo ser soterrado, ni matado por la violencia. Eso y el coraje de la resistencia popular, hasta la más ignota, hace que Colombia duela en el corazón latinoamericano.

Con el tema del plebiscito, la campaña de desinformación sobre el contenido de los acuerdos para lo cual Washington envió millones de dólares a la Fundación por un Internacionalismo Democrático, que preside Uribe, y a otra serie de organismos similares, pudo transcurrir cómodamente, no sólo al interior del país, sino también en los mensajes que llegaban a los colombianos en el exterior, mintiendo sobre los grandes “beneficios” que se daban a las FARC, por una parte.

Por la otra, también hubo una acción negativa de sectores que creyeron que se acordaba impunidad para el paramilitarismo, que quedarían sin castigo los culpables de un verdadero genocidio, y que el terrorismo de Estado encubierto que es la forma como existe en la llamada “seguridad democrática” en Colombia o la eufemística “democracia de seguridad”, continuaría existiendo, con lo cual era imposible pensar una paz duradera.

Sin olvidar la traición gubernamental a otros acuerdos que como el logrado en los años 80 entre el gobierno de Belisario Betancurt y las FARC, terminó dramáticamente con el asesinato de más de tres mil miembros de la Unión Patriótica, entre ellos dos candidatos a presidentes. La UP se formó en 1984 como resultado de esos acuerdos para consolidar el proceso de paz y dar una salida política definitiva al conflicto, sin olvidar que en su momento más importante logró elegir representantes al gobierno nacional, alcaldes, concejales. También 13 parlamentarios de la UP fueron asesinados por un terrorismo estatal utilizando paramilitares, sin hacerse cargo de esta tragedia.

El país ha vivido ya 33 años de procesos de paz fracasados durante el último ciclo de la violencia, sin contar las negociaciones, acuerdos y eliminaciones de ex combatientes de ciclos anteriores que se identifican con las mismas causas. Una larga tradición demuestra que los Acuerdos no se cumplen y que los combatientes rebeldes son eliminados tras el desarme, pero no sólo ellos sino las fuerzas sociales y políticas que le son cercanas”, ha escrito el colombiano Javier Giraldo M.recordando esas situaciones.

En este mismo sentido ¿alguien podría creer que Estados Unidos iba a aceptar un Acuerdo de Paz, lo que más temprano que tarde influiría para el retiro de sus siete bases militares en Colombia, estratégicas además para su proyecto de dominio y control regional?

Y más aún. Los puntos más importantes en cuanto a los profundos cambios sociales, por ejemplo la urgencia de una reforma agraria, se enfrentaba inevitablemente a los términos del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con el gobierno colombiano, como premisa indispensable para su ingreso a la Alianza del Pacífico.

En Colombia, Estados Unidos tiene el “modelo perfecto” para su proyecto geoestratégico de recolonización de América Latina. Por una parte las bases militares (Plan Colombia), por la otra el TLC (firmado contra la voluntad del pueblo) logrando un país más para su viejo proyecto neocolonial o colonial a secas del Ärea para el Libre Comercio de las Américas (ALCA) que, con tanto coraje y dignidad rechazaran los países del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y Venezuela en el año 2005 cuando se le dijo NO al entonces presidente George W.Bush en Mar del Plata, Argentina.

Es necesario estas y otras consideraciones con nuevos datos de la realidad, que hay que tener en cuenta que este Acuerdo surgió de un largo debate, que pudo profundizarse gracias a la solidaridad de Cuba, país donde transcurrió la larga negociación, fuera de todo peligro y de la tensión que significaba cualquier tipo de encuentro pro paz en un entorno amenazante, como sucedió en los casos de acuerdos anteriores.

Este Acuerdo se firma asimismo en el marco de una ofensiva imperial que nos retrotrae a los años de la expansión de fines del siglo XIX y principios del XX. Mediante una guerra contrainsurgente, por supuesto no convencional, de baja intensidad, EE.UU intenta recuperar el control absoluto de la región, el “patio trasero” del que habla hasta estos días John Kerry, el secretario de Estado del gobierno de Barack Obama.

Dos países claves para la integración emancipatoria regional que había logrado su máximo acuerdo en la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y Caribeñas, CELAC, en 2011, como son Argentina y Brasil, están por distintas vías, bajo gobiernos que se inclinan abiertamente a los mandatos de Washington.

Incluso responden a un mismo guión, uno llegado por vía electoral, con unas elecciones bajo una severa injerencia externa y otro por un “golpe suave o blando” ejecutado por un fuerte sector de la justicia, y parlamentarios corruptos ambos cooptados por Washington, adonde volaron no bien se ejecutó el golpe contra la presidenta Dilma Rousseff, los dirigentes de esta singular asonada.

Frente a esta situación la reacción del presidente Santos y los dirigentes de las FARC no ha sido precisamente “esconder la cabeza” sino buscar nuevos caminos sin renunciar a finalizar el conflicto, por lo cual es clave que todos los sectores identificados con la urgencia de la paz para Colombia y para América Latina, hagamos lo necesario para impedir la guerra psicológica mediática, que se utiliza para activar la guerra y denostar los caminos pacificadores.

Nunca como ahora es importante una solidaridad activa con Colombia y con las miles de víctimas del terror, entendiendo que la paz es el único camino para devolver el derecho a la vida al castigado pueblo colombiano.