La oposición y gobiernos de la región denuncian «autogolpe» en Venezuela

La oposición venezolana, la Organización de Estados Americanos (OEA) y un puñado de gobiernos de todo el mundo calificaron como golpe de estado o ruptura del orden constitucional a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de arrogarse la competencia de legislar mientras entienda que persiste la situación de «desacato» que le atribuye al parlamento, de mayoría opositora.

La resolución fue adoptada por la Sala Constitucional del TSJ un día después de que emitiera otro fallo mediante el cual limitó la inmunidad constitucional de los legisladores con el mismo argumento del desacato.

«Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga», dice la sentencia.

«Es un golpe de estado y quiero que el mundo nos ayude y los medios nos ayuden a decirlo con todas sus letras: en Venezuela (el presidente) Nicolás Maduro dio un golpe de estado», dijo de inmediato Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional (el parlamento unicameral de la República Bolivariana de Venezuela), en conferencia de prensa en el palacio legislativo.

El ex candidato presidencial Henrique Capriles afirmó desde Bogotá que «en Perú hubo un fujimorazo cuando (en 1992 el presidente Alberto) Fujimori cerró el Congreso; ahora en Venezuela se ha dado un madurazo con apoyo del TSJ; en Venezuela se dio un golpe de estado; el gobierno cruzó la raya roja».

«Esto es un golpe de estado que le está dando la dictadura al país; Maduro, a través del TSJ, está desconociendo la voluntad de 14 millones de venezolanos que votamos el 6 de diciembre (de 2015) y escogimos a nuestros diputados de forma democrática y masivamente», sostuvo la esposa del ex alcalde preso Leopoldo López, Lilian Tintori, en Buenos Aires, donde fue recibida por el presidente Mauricio Macri.

«La situación es gravísima, aquí no hay estado de derecho, esta es una situación de facto, aquí no hay separación de poderes públicos, aquí no se respeta la Constitución», dijo el líder socialdemócrata Henry Ramos Allup, para quien el de Maduro es un «gobierno fallido».

«Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado», dijo a su turno el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en un comunicado publicado en el sitio web del organismo, en el que sostuvo que la decisión del TSJ expresa un «autogolpe de estado perpetrado por el régimen venezolano».

A juicio de Almagro, los dos fallos del TSJ «son los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia», por lo que consideró «urgente» convocar al Consejo Permanente de la OEA «en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática» Interamericana (CDI). Para Almagro, lo sucedido fue «un autogolpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano».

El artículo 20 faculta al secretario general a convocar al Consejo Permanente para «realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente» cuando en un estado miembro «se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático».

Almagro ya había recomendado aplicar la CDI cuando presentó un informe sobre la situación en Venezuela en mayo de 2016 que actualizó este mes, pero en ambos casos no halló el consenso necesario entre los países miembros, que prefirieron privilegiar recomendaciones de diálogo.

La invocación de la Carta Democrática puede acabar con la suspensión de Venezuela, como ocurrió en 2009 con Honduras, tras el golpe de Estado que sufrió el país centroamericano.

El gobierno de Brasil –surgido en agosto de 2016 de un golpe institucional- señaló, a través de un comunicado de su cancillería, que «repudia la sentencia del TSJ de Venezuela que retiró de la Asamblea Nacional sus prerrogativas, en un claro rompimiento del orden constitucional», y «ve con gran preocupación» el fallo que «suspendió arbitrariamente las inmunidades de los parlamentarios».

Estados Unidos dijo en una nota del Departamento de Estado que «esta ruptura de las normas democráticas y constitucionales daña gravemente a las instituciones democráticas de Venezuela y niega a su pueblo el derecho a plasmar el futuro de su país mediante los representantes electos», consignó la agencia de noticias ANSA.

«Hacemos un llamado al gobierno de Venezuela para que permita a la Asamblea Nacional elegida democráticamente ejercer sus funciones constitucionales, celebre elecciones lo antes posible y libere inmediatamente a todos los presos políticos», señaló el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, citado por la agencia de noticias DPA.

Asimismo, el gobierno de Colombia expresó que «registra con profunda preocupación» la decisión del TSJ, y criticó «las restricciones de la inmunidad parlamentaria de los diputados elegidos por el pueblo venezolano y el desconocimiento del estado de derecho» derivadas de los fallos, en un comunicado de su cancillería, reportó la radio colombiana Caracol.

«Rechazamos está no división de los poderes; acá es clarísimo que necesitamos unos poderes públicos fuertes e independientes para poder fortalecer la democracia», afirmó la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín.

Con todo, la mayor reacción fue la de Perú, que retiró con carácter de definitivo a su embajador en Caracas, Mario López Chávarry, al que había llamado a consultas a principios de este mes, aunque eso «no implica» la ruptura de la relación diplomática bilateral, aclaró un vocero de la cancillería peruana citado por la agencia EFE.

Por su parte, el gobierno chileno, expresó su preocupación por «el agravamiento de la situación venezolana». «Lo que queremos es un entendimiento en Venezuela, que los propios venezolanos resuelvan sus asuntos, pero claramente esto va en la dirección opuesta», subrayó el canciller Heraldo Muñoz desde Portugal, donde acompaña en una gira a la presidenta Michelle Bachelet.

México manifestó también su «profunda preocupación» por el desarrollo de la situación en Venezuela y ofreció su colaboración al pueblo y Gobierno de ese país para lograr el «restablecimiento del orden democrático».

Del otro lado del Atlántico, la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, subrayó que el «respeto de la Constitución, los principios democráticos, el Estado de derecho y la separación de poderes es crucial para que el país logre un resultado pacífico de la actual difícil situación y recupere la estabilidad política».

El presidente argentino, Mauricio Macri, no quiso estar ausente de esta rueda de consideraciones sobre la decisión del TSJ venezolano y llamó a «recomponer el orden democrático en Venezuela». En una declaración emitida después de recibir en la Casa de Gobierno a Lilian Tintori, la esposa del encarcelado dirigente opositor venezolano Leopoldo López, el presidente pidió también que se cumpla con el calendario electoral del país caribeño.

En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) repudió el «golpe institucional» que significa «un grave retroceso para las democracias de la región». «Esperamos que no se profundice el quiebre con una avanzada represiva, que se respeten los derechos humanos y las libertades democráticas», expresó el organismo a través de su cuenta de la red social Twitter.