El epicentro de la grave crisis económica que se vislumbra en toda Europa, que encuentra sus razones en la pandemia y la guerra del Este, se convierte, semana a semana, en el conflicto social que hace ya bastante tiempo tiene en vilo a Francia. Y promete extenderse mucho más allá de lo previsto en un comienzo, en esos primeros atisbos de oposición a la reforma previsional, muy a principios de año. Aquel incipiente descontento se ha transformado en un muy severo conflicto político, especialmente desde el 16 de marzo cuando con la aplicación del Artículo 49.3, mediante un decreto, el Ejecutivo impuso el proyecto que obstinadamente impulsa Emmanuel Macron, y el Parlamento no acertara a tratar y, mucho menos, a aprobar.
Ese día se inició un nuevo capítulo de una pulseada que lleva más de dos meses entre el gobierno y el heterogéneo universo social que lidera la intersindical en Francia y que se extiende en una amplia constelación ciudadana. Que no sólo no se debilita, sino que tras las últimas medidas del controvertido mandatario, se fortaleció en todo el territorio del país. Las protestas se hicieron evidentes en más de 250 localidades de su geografía.
Pasan los días y Macron no logra disipar la conflictividad social. Por el contrario se generó en las últimas horas una nueva ola de movilización popular en todas sus formas: huelgas renovables, bloqueos, manifestaciones e incluso incorporación al movimiento del combativo espectro estudiantil. Pero, sobre todo, a la crisis social se une una verdadera crisis política del régimen, de la cual no parece que haya indicios de solución a corto plazo, por la propia obstinación del Ejecutivo.
Encima, la Moción de Censura a la medida gubernamental resultó un fracaso. Apoyada por la izquierda, la extrema derecha y grupos regionales, obtuvo 278 votos, y se quedó a 9 votos de la mayoría necesaria: es la primera vez que esto ocurre desde 1992. Y si bien no logró hacer caer el decreto impuesto por el gobierno, de algún modo prueba el aislamiento del presidente. A la vez, un motivo suplementario para alimentar la cólera popular: de los 61 diputados republicanos, 19 votaron a favor de la Moción, muy por encima de todas las expectativas. Por contrapartida, el mensaje televisivo a la ciudadanía de Macron, luego de ese resultado y solo horas después de otra gran jornada de protesta, no intentó otra cosa que reafirmar su política como la única necesaria para salvar el sistema de pensiones.
Y demostró que está dispuesto a hacerse cargo del costo político que sea necesario, según sus palabras, “en favor del bien de Francia”.
A toda costa
Mientras continúa la pulseada en la opinión pública y en las calles, se renueva el plan de huelgas intermitentes en múltiples sectores laborales. El siguiente llamado para una gran jornada de protesta, con movilizaciones callejeras, piquetes en empresas y huelgas, está previsto para el próximo jueves 6 de abril. Si la anterior llegó a reunir a unas 3,5 millones de personas, a nivel nacional, se espera que se supere esa convocatoria. Con un agregado: la tensión se activó luego de las últimas marchas, en las que se vislumbró también un endurecimiento de la mano dura represiva que arrojó decenas de detenidos y algunos heridos.
Entretanto, otro dato importante a considerar es la verdadera fuerza electoral de Macron. En las últimas elecciones solo obtuvo uno de cada cinco votos (20,07%). Y en la segunda vuelta, ante Marine Le Pen, nada menos, creció a un 38,55% que no le es absolutamente propio: la aportación de votos provino de electores, en su mayoría de izquierdas, que solo lo apoyaron para bloquear a la extrema derecha. En las elecciones legislativas que siguieron, los candidatos de su alianza obtuvieron el 11,97%. Evidentemente, la legitimidad de su programa alcanza un acotado sector. Y el accionar soberbio de Macron, negando esta debilidad fundante, ha contribuido a la exacerbación gradual, semana a semana de la resistencia, en principio al proyecto y ya, a esta altura del conflicto, a su gobierno.
El devenir de las próximas semanas será un síntoma de lo que vendrá. El escenario de polarización y deslegitimación del gobierno comienza a preocupar a amplios sectores del establishment, fundamentalmente porque lejos de verse atisbos de solución, solo se extienden en el tiempo. El poder real ya no ve conveniente que se afronte el actual escenario internacional inflacionario, con los efectos de la crisis energética y el encarecimiento de la vida de las mayorías, con un creciente aislamiento de un gobierno que no ha llegado ni al ecuador de su mandato. «
Alemania sacudida por la inflación
El último lunes los trabajadores del sector del transporte en Alemania efectivizaron una de las mayores huelgas de las últimas décadas. Piden un incremento salarial de 10%, y un piso de aumento no menor a 500 euros. Los conductores de trenes y los trabajadores de los aeropuertos fueron algunos de los que abandonaron los puestos de trabajo, paralizando las líneas de larga distancia y la Red Regional de Ferrocarriles, afectando en siete de los 16 Estados.
La inflación es la gran causa de la conflictividad en Alemania, principalmente en alimentos y energía. Mientras que la inflación interanual llegó al 9,3% en febrero, los gremios llaman a esta huelga “de advertencia” porque, de no recibir respuesta y de seguir en punto muerto las negociaciones, prometen que las próximas convocatorias serán a acciones más extensas. Se calcula que los salarios de los trabajadores desde la pandemia cayeron más de 10 puntos. Tan sólo en el último año los trabajadores perdieron un 3, 7%. Este porcentaje es mayor aún para las familias de menores recursos, que gastan sus ingresos principalmente en alimentos. Los sindicatos consideran que de extenderse las medidas de fuerza tendrán un impacto severo en la economía. Y las perspectivas no son demasiado auspiciosas ya que el Estado alemán planea volver en el 2024 a una norma que le impide endeudarse, con lo cual va a requerir una disciplina fiscal que complicará aún más la satisfacción de las demandas.
