Tras haber desplazado al juez que le otorgó el beneficio de la excarcelación, la justicia de Ecuador acaba de poner fecha a la audiencia que decidirá si el exvicepresidente correísta, Jorge Glas, deberá o no regresar al penal de donde fue liberado el pasado 10 de abril.

La audiencia de apelación fue convocada para la semana que viene, el miércoles 18, según convocó en un escrito la Corte de Justicia de la provincia de Santa Elena, en el oeste del país.

El jueves pasado, esa Corte conformó el tribunal que tramitará los recursos de apelación al hábeas corpus que benefició a Glas, que fueron presentados por el Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) y la Procuraduría General del Estado.

Entre los argumentos esgrimidos por el organismo para oponerse al beneficio otorgado a Glas está el hecho de que el juez de Manglaralto, Diego Moscoso, fue incompetente porque no actuaba en el lugar donde se encontraba detenido. También que el habeas corpus es nulo porque la Procuraduría General del Estado (PGE) no fue notificada para la audiencia.

El pasado 26 de abril, el Consejo de la Judicatura suspendió al juez Moscoso por 90 días al atribuirle un fallo contrario a derecho en otro caso que no se relaciona con la excarcelación de Glas, aunque en todo el sector que responde al expresidente Rafael Correa estaban convencidos de la que la vinculación era directa.

La defensa de Glas había preferido no hacer declaraciones públicas sobre el caso hasta tanto quede resuelta la apelación, lo que ocurrirá luego de la audiencia de la semana próxima.

El debate sobre la vuelta de Glas a prisión se da en el contexto de mayor crisis carcelaria en el país, donde bandas narcos se vienen enfrentando en los penales con el resultado de numerosos muertos. Esa era una de las razones invocadas por la defensa del exvicepresidente para la excarcelación.

El caso fue tomado por la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien alertó por la situación penitenciaria de Ecuador, después de la muerte de más de 40 personas en el último enfrentamiento del lunes y reclamó una reforma «urgente» que implique también al sistema judicial.

El exvicepresidente estaba en prisión desde fines de 2017 por dos sentencias firmes por asociación ilícita en el caso de la constructora brasileña Odebrecht y por cohecho en el caso Sobornos 2012-16. Una tercera causa, por peculado, se encuentra en apelación. Tanto Glas como sus compañeros de la Revolución Ciudadana niegan los cargos y lo atribuyen a la persecución judicial lanzada contra el espacio.