La justicia de Brasil en un laberinto

Por: Alberto López Girondo

Todo el proceso judicial contra Lula da Silva está plagado de irregularidades. La frutilla del postre es el entuerto de este domingo sobre la orden de liberación de un juez de segunda instancia.

El descalabro político y judicial en que está sumido Brasil y que se comenzó a hacer más evidente con la destitución de Dilma Rousseff, quedó expuesto como nunca este domingo. El viernes, tres diputados del Partido de los Trabajadores (PT), Wadih Damous, Paulo Pimenta y Paulo Teixeira, presentaron un pedido de habeas corpus ante el juez Rogerio Favreto, de turno en el Tribunal Federal número 4 (TRF 4).

El magistrado ordenó la inmediata liberación de Lula da Silva al director del la Policía Federal de Curitiba, donde el ex presidente brasileño cumple la prisión a que lo condenó el juez de Paraná, Sergio Moro, por la presunta titularidad de un departamento en Guaruja como pago de una coima de una empresa constructora. Un delito que no solo no quedó debidamente probado -el juez se basó en la «presunción» del fiscal que investigó el hecho, Deltan Dallagnol y el inmueble no está a su nombre- sino que además todavía no tiene sentencia firme de la Corte Suprema.

Para Favreto, la precandidatura a presidente de Lula como representante de un espacio político, cambia el eje de la detención, que data de abril pasado. Y eso ameritaba la inmediata liberación porque estando privado de su libertad no iba a poder cumplir su aspiración de volver al Palacio del Planalto.

Según indican los especialistas en derecho de Brasil, la orden de liberación debe ser cumplida en forma inmediata por la Policía Federal, del mismo modo con que se dispusieron a cumplir con la orden que diera Moro para apresarlo.

Pero Moro, a esta altura un enemigo declarado de Lula envuelto en el ropaje de un enconado perseguidor de la corrupción en su país, envió una orden en contrario a la PF desde Portugal, donde está de viaje-vacaciones.

Cierto es que el alerta al polémico juez de Paraná le llegó de inmediato por la prensa y seguramente por whatsapp de sus allegados, pero también por el pedido de instrucciones del jefe policial, que ya se había manifestado como muy poco amigo del PT en su oportunidad.

La respuesta de Moro causó escozor en los partidarios del ex líder metalúrgico, que se aprestaban a cumplir con el requisito acordado con Favreto de que saliera en forma discreta y sin movilizaciones que garamntizaran el trabajo pacìfico de las autoridades policiales.

Es así que Moro emitió una orden desde su lugar de vacaciones alegando que la orden de Favreto no debería cumplirse porque no tenía competencia para liberarlo. Algo insólito para la justicia brasileña porque Favreto es juez de segunda instancia y Moro de primera.

Por eso Favreto volvió a insistir en otro despacho que la orden debería cumplirse en un plazo perentorio. Sin embargo, el cauce de esta posible liberación encontró en el camino al relator de ese mismo TRF 4, Joao Pedro Gerán Neto, quien revocó la nueva orden de Favreto.

Ante el desbarajuste, la PF, que no tenía ninguna gana de soltar al candidato que lidera todas las encuestas para la elección de octubre, dejó que se rompieran los cuernos en los tribunales y amparados en ese desconcierto, que todo quede como estaba hasta que aclare el temporal.

De allí el nuevo tuit de Gleisi Hoffman, la presidente del PT para manifestarse en las calles de Curitiba en reclamo de la libertad del dos veces presidente de Brasil.

No es la primera vez que Moro reacciona desconociendo medidas del Poder Judicial y ya tuvo varios topetazos con sus superiores. Hace dos meses el Supremo Tribunal Federal (STF) le había sacado parte de la investigación por coimas de Odebrecht alegando que se estaba extendiendo en su jurisdicción que la los presuntos delitos se habían cometido en Brasilia y no en Paraná.

En junio, emitió otro fallo declarando inconstitucional la convocatoria coercitiva de un imputado que está sometido a derecho. Fue la forma en que Moro había llevado por la fuerza a declarar a Lula, un hecho televisado por las cadenas enemigas del PT con particular lujuria, y protestado por los defensores del expresidente señalando que nunca se había negado a acudir a llamado de la justicia.

Esos mismos medios que endulzan los oídos de Moro, son los que ahora deslizan la sospecha de que Favreto actuó como lo hizo porque fue afiliado al PT y cumplió funciones en gobiernos «trabalhistas» de Porto Alegre y con el mismo Lula en su primer mandato, lo que le augura un futuro de rispideces en el Poder Judicial y muchas más en la prensa hegemónica.

Para el gobernador de Maranhao, Flavio Gino, el entredicho judicial muestra un escándalo sin proporciones, al menos en la vida democrática de su país. Gino, que antes de postularse a la gobernación fue juez, a través de un tuit señaló que «en los tiempos en que había alguna consistencia y coherencia en el Derecho practicado en Brasil, solamente un órgano colegiado podía revocar una orden de Habeas Corpus de un desembargador (juez de segunda instancia). Con la ultrapolitización de la justicia, tenemos este vale todo deplorable».

En otras declaraciones puntualiza que «en 28 años de actuación profesional jamás vi una cosa igual (…) ahora vale todo y prevalece la ley del más fuerte, incluso si eso implica la muerte del Derecho. Las consecuencias políticas de este amontonado de casuismos es baja credibilidad en las instituciones, quiebra de la legitimidad del poder del Estado, vaciamiento de las elecciones, empeoramiento de los conflictos sociales. Basta leer las encuestas para constatarlo».

Junto con Gino, 125 juristas señalaron que las trabas interpuestas por Moro y Gerán Neto a la libertad dictaminada por Fevrero implica cometer el delito de prevaricación, previsto en el artículo 319 del Código Penal aplicable en la hipótesis de desobediencia a una orden judicial practicada por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones

Si algo faltaba para agregar a esta columna es que Favreto, picado por la decisión de Gerán Neto, que sigue la línea de Moro, volvió a emitir un fallo en que ordenaba la liberación de Lula a la mediatarde y la detención de Moro y del jefe policial Roverval Drex por desacato.

Horas más tarde, era evidente que todos tiraban la pelota a la tribuna con el objetivo de que pasara el tiempo y finalizara el horario del turno de Favreto, que era a las 11 de la mañana del lunes.

Por las dudas el ministro de Seguridad Pública de Michel Temer, Raul Jungman, dijo que Lula no sería liberado y que el presidente del TRF4, Carlos Eduardo Thompson Flores, estaba enviando una orden en tal sentido al jefe de la Policía Federal.

Como en las viejas novelas de suspenso…continuará.

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