El nuevo alcalde, del PP, anuló Madrid Central, un plan para prohibir la circulación de vehículos en el casco histórico de la ciudad. Un juez aceptó una cautelar de ONGs ecologistas.
Carmena es una respetada jueza que se retiró de la Justicia en 2010 para incursionar en la política y hace cuatro años ganó la jefatura de gobierno con Ahora Madrid, una alianza entre Podemos y Ganemos Madrid. Era el momento de mayor auge de los movimientos de centroizquierda populista que habían surgido tras las protestas de los indignados contra los ajustes con que los gobiernos del PSOE y el PP enfrentaron la crisis financiera, haciéndoles pagar los platos rotos a las clases medias y los trabajadores para salvar a los bancos.
Pero el núcleo duro de Podemos, del que formaban parte Pablo Iglesias e Iñigo Errejón, comenzaron a mostrar sus diferencias y esa sociedad se rompió definitivamente en enero pasado. Errejón formó equipo con Carmena con una agrupación llamada Más Madrid. Iglesias, con Unidas-Podemos, apoyó a Carlos Sánchez Mato, de Madrid en Pie. Para la Comunidad de Madrid, Errejón fue por un lado e Isabel Serra por el otro. En ese enfrentamiento Carmena ganó la mayoría de concejales, pero el «trifachito», como se conoce popularmente a la coalición de las derechas, vio la oportunidad de unirse para destronar a la alcaldesa, que según todas las encuestas, había hecho una gobernación más que aceptable. En la Comunidad –la provincia circundante– la formación de gobierno todavía esta verde. Obtuvo más escaños el PSOE. Errejón y Unidas-Podemos, ahora, se suman para ungir al socialista Ángel Gabilondo, pero PP+Cs+Vox tienen más votos.
La primera víctima del sorpasso derechista en Madrid fue el plan para convertir al centro de la ciudad en una zona de bajas emisiones. Cierto que era uno de los compromisos a los que habían arribado los líderes del tripartito para nominar a José Luis Martínez Almeida, del PP. Pero nadie imaginó que lo harían tan pronto. Mucho menos cuáles serían las consecuencias de volver a permitir la circulación en las calles de esas 472 hectáreas protegidas.
La medida regresiva entró en vigencia el 1 de julio. De inmediato se produjeron colosales embotellamientos en los alrededores de la Plaza del Sol y los paseantes percibieron de qué forma las emanaciones de los vehículos se extendían por la atmósfera, a pesar de que en realidad, el plan había sido puesto en vigencia en diciembre pasado. El alcalde tuiteó ante las primeras críticas: «No voy a aceptar ni una sola lección de la izquierda en la lucha por la calidad del aire. En los 4 años de Carmena y en los 9 meses de Madrid Central, la contaminación ha aumentado en 19 de las 24 estaciones de medición de la ciudad de Madrid», algo que no intentó corroborar con datos.
El viernes, el juez Jesús Torres Martínez dio lugar a una demanda de dos ONG, Ecologistas en Acción y de Greenpeace, y paralizó la suspensión de las multas con una cautelar. O sea: se volverá a castigar económicamente a los que vayan en auto al centro. Por ahora. «Fratini declaró a la agencia Europa Press que «hay tantos problemas en el mundo y en España. ¿Por qué resucitarlo? Yo digo que han resucitado a Franco. Dejarlo en paz era mejor, la mayoría de la gente, de los políticos, tiene esta idea porque han pasado 40 años de la muerte, ha hecho lo que ha hecho, Dios juzgará. No ayuda a vivir mejor recordar algo que ha provocado una guerra civil».
El traslado de los restos está todavía en veremos por una cautelar de la Corte de Justicia. Fue una de las primeras decisiones de Sánchez cuando asumió el cargo, en junio del año pasado. Las palabras del embajador vaticano, también arzobispo de Botriana, un cargo más bien honorífico, causaron escozor en el Palacio de La Moncloa al punto que la embajadora española ante la Santa Sede, Carmen de la Peña, pidió explicaciones al secretario de Relaciones con los Estados del Vaticano, monseñor Paul Richard Gallagher.
Para la Santa Sede, su posición es la que quedó reflejada en la carta remitida por el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin a principios de 2019 donde señala que «la Iglesia no se opone a la exhumación de los restos mortales del general Franco, si la Autoridad competente así lo dispone».
Celeste López y Mariano Gorini serían los nombres de los agresores.
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