La condena al PP por corrupción altera el arco político español

Al día siguiente de conocerse la condena, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), primer partido de la oposición, liderado por Pedro Sánchez, registró en la Cámara Baja una moción de censura que se debatirá no antes de una semana.

El objetivo es formar un gobierno alternativo al de Rajoy, quien replicó enérgicamente diciendo que la moción «va contra la estabilidad en España», sacudida por la crisis catalana, y tiene como único propósito hacer presidente a Sánchez «a cualquier precio y con quien sea».

Para salir adelante, la moción socialista deberá contar con 176 diputados sobre un total de 350. Esta mayoría requiere el apoyo del progresista Podemos, que ya se lo dio, y también de los partidos nacionalistas vascos y catalanes, una opción complicada ya que Sánchez hizo frente común con el gobierno del PP ante el desafío independentista en Cataluña.

Dicha mayoría se anuncia como la única posible, pues el partido liberal Ciudadanos, que rivaliza con el PP en los sondeos, no apoyará la moción de censura y exige en su lugar que Rajoy convoque elecciones «en las próximas semanas». «Apoyamos la solución democrática: o convoca elecciones Rajoy o el Congreso con moción instrumental», indicó el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, añadiendo que la condena «ha liquidado la legislatura».

Y es que Ciudadanos, que pretende en el futuro gobernar España, no está dispuesto a entregarles el poder a los socialistas. «La moción presentada por el señor Sánchez, suponemos que con el apoyo de populistas y separatistas, no es la moción de Ciudadanos. No vamos a estar ahí, nos vamos a oponer a esa moción», expuso el número dos del partido, José Manuel Villegas.  

La crisis estalló al día siguiente de que la Justicia anunciara las condenas de la llamada «trama Gürtel». Esta consistía en un sistema por el que entre 1999 y 2005 se sobornó a dirigentes del PP en distintos puntos de España, para que concedieran contratos públicos a empresas «amigas». 

En el marco del caso, la Audiencia Nacional condenó a 33 años de prisión al exgerente y extesorero del PP Luis Bárcenas (1988-2009), que según la sentencia gestionó desde 1989 una contabilidad paralela en el partido.

Igualmente, la Justicia condenó al PP a pagar 245.492 euros como «partícipe a título lucrativo» de la trama corrupta, una decisión que será recurrida por el partido conservador, presidido por Rajoy desde 2004. Una nimiedad si se lo compara con los 44 millones de euros con los que fue multado Bárcenas. 

Según Antonio Barroso, analista del centro Teneo Intelligence, la moción de censura tiene unas probabilidades de éxito del 20%, ya que a su juicio «los partidos de oposición son incapaces de coordinarse para echar a Rajoy». En cambio, el consultor político Ignacio Varela cree que «Sánchez puede ganar la moción de censura con una mayoría Frankenstein». Pero esta, al ser demasiado heterogénea, no le permitirá gobernar, pues lo obligaría a negociar «cada paso» con los independentistas catalanes, con los que tuvo últimamente duros cruces de declaraciones. Por ello, estima que el escenario más plausible es que Sánchez saque adelante la moción y que «inmediatamente después anuncie la convocatoria de elecciones» anticipadas.

El PP mientras tanto no paró de defenderse. El partido conservador anunció de inmediato que recurrirá la decisión judicial, destacó que la condena no concierne formalmente al gobierno y enfatizó que el beneficio obtenido –según la Justicia– de la trama de financiación ilegal se circunscribe a dos localidades cercanas a Madrid, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda.

«No se ha condenado a ningún miembro del gobierno que se pretende ahora censurar», dijo Rajoy, añadiendo que su propósito es agotar la legislatura, hasta mediados de 2020: «Yo quiero que la legislatura dure cuatro años e intentaré que así sea».

En total, 29 acusados fueron condenados a 351 años de cárcel a propósito de la trama Gürtel, incluyendo al cabecilla de la misma, el empresario Francisco Correa, sentenciado a 51 años de prisión. «

Y en Cataluña también

Mientras el gobierno de Mariano Rajoy pasa su peor momento, en Cataluña, la región archirrival de Madrid en los últimos meses, se vive una realidad similar. Un total de 29 personas fueron detenidas el jueves en el marco de un megaoperativo policial contra una presunta red de corrupción que desvió a la causa independentista como mínimo 2 millones de euros de fondos públicos que estaban destinados a la ayuda a países en desarrollo. 

Las autoridades desplegaron un gran operativo en busca de pruebas sobre el desvío de fondos en varias sedes del gobierno catalán, la Diputación de Barcelona, empresas y entidades sin fines de lucro de varios municipios de la norteña región. Entre los detenidos se encuentra Salvador Esteve, expresidente de la Diputación de Barcelona, del extinto partido nacionalista Convergencia i Unió (CiU), al que pertenecían los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, y que estaba al frente del organismo del que proceden los fondos públicos desviados, entre el año 2012 y 2015.