La CIDH denunció ejecuciones y “graves violaciones a los DDHH” en la represión a las protestas en Perú

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este miércoles «graves violaciones» a los derechos humanos y posibles «ejecuciones extrajudiciales» perpetradas por las fuerzas policiales en Perú durante las protestas que siguieron a la salida de Pedro Castillo de la presidencia y la asunción, en su lugar, de Dina Boluarte, quien rechazó el reporte

En el informe, nutrido con entrevistas e información recabada en el terreno durante una visita de representantes de la organización regional y de datos complementarios recibidos posteriormente, se analizaron los episodios de violencia y represión policial cometidos entre el 7 de diciembre del 2022, fecha en la que Castillo fue destituido por «rebelión» y encarcelado, y el 23 de enero pasado.

En ese marco, el trabajo subraya que durante ese período se registraron sucesivas situaciones de violencia «no protegidas por el derecho a la protesta».

Tras conocerce el informe de la la CIDH, Boluarte lo rechazó.

«Rechazamos la supuesta existencia (consignada en el informe) de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aun cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas», dijo la jefa de Estado en conferencia de prensa desde Lima, citada por Sputnik.

La CIDH señala, por otra parte, que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y se registraron «graves episodios de uso excesivo de la fuerza» en casos concretos.

De la información recibida en las ciudades de Lima, Ica, Arequipa y Cusco se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso «desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza», lo que se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones.

El informe no hace un balance de muertos, pero otro trabajo presentado la semana pasada por Human Right Watch (HRW) habla de 49 fallecidos de forma directa, entre ellos ocho niños, según se desprende de cifras provistas por la Defensoría del Pueblo.

Del total de muertos, 39 corresponden a víctimas «por heridas de bala, según las autopsias, informes de balística y registros médicos», según la ONG.

En muchos casos, agrega la CIDH, por la ubicación de un número importante de víctimas se concluye que las mismas ni siquiera estaban participando de las protestas o se encontraban sólo en las inmediaciones de los focos de conflictividad.

En Ayacucho, destaca el documento, se registraron graves violaciones de derechos humanos «que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial».

Al tratarse de violaciones perpetradas por agentes del Estado, la Comisión concluye que las muertes ocurridas «podrían constituir ejecuciones extrajudiciales» que, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una «masacre».

En el caso de la localidad de Juliaca, la CIDH concluye que se produjeron situaciones de «uso excesivo e indiscriminado de la fuerza» por parte de agentes del Estado, que resultaron en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas.

Entre sus conclusiones, la Comisión señala que la superación de la crisis en Perú requiere de un «diálogo amplio, genuino e inclusivo, con enfoque intercultural y territorial», donde todos los sectores de la sociedad sean representados.

Igualmente, formula recomendaciones en materia de diálogo y superación de la crisis; seguridad ciudadana; atención a víctimas de violaciones de derechos humanos; lucha contra la impunidad; institucionalidad democrática; y libertad de expresión, reunión y asociación.

La entidad regional, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), también recomienda al Estado peruano adoptar medidas de reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos como acciones de «compensación; rehabilitación médica y psicológica; rehabilitación social; verdad y justicia».

«Reparar integralmente a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales. Esto exige que se investigue, juzgue, y sancione a todas las personas que puedan resultar responsables por violaciones de derechos humanos», señala.

El informe se conoce una semana después de que HRW denunció que las fuerzas peruanas ejecutaron muertes «arbitrarias y extrajudiciales» durante las protestas, acusó al Gobierno de Boluarte de «mirar hacia otro lado» mientras ocurría, y responsabilizó al Ejército y la Policía peruanas de las muertes que podrían constituir «ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias», así como de otros «abusos brutales» contra manifestantes.

Las protestas en el país andino estallaron el 7 de diciembre tras la destitución de Castillo, luego de un fallido intento por disolver el Congreso unicameral, acosado por denuncias e investigaciones de corrupción.

Boluarte, hasta entonces Vicepresidenta, asumió el mando en medio de reclamos y protestas que exigían tanto su renuncia como un llamado a elecciones anticipadas.

Las declaraciones de la mandataria, en las que mostraba su intención de cumplir el resto del mandato de Castillo (hasta julio de 2026) solo encendieron más la mecha e hicieron crecer las marchas, que se extendieron a todo el país y se multiplicaron aún más cuando un juez ordenó la prisión preventiva del jefe de Estado destituido.