En las últimas semanas, se disparó el Covid en un país que había mantenido registros muy bajos. El cierre de escuelas y las controversiales decisiones del gobierno de Lacalle Pou.
Es probable que Lacalle siga pensando que a la pandemia se le gana con la garra charrúa y con los elogios basados en la nada que le hacen los medios amigos –internos y externos– que ofician de claque para el consumo de la bobería de derecha. Por eso, seguramente, su paquete no incluye medidas de asistencia a las víctimas de la debacle económica ni otras acciones de fondo, aunque un día antes, el lunes 22, se supo que había firmado un decreto de exoneración impositiva en favor del Tahona Golf Club, los links del barrio privado en el que habita Lacalle cuando no hace de presidente.
El 25 de marzo, esas odiosas estadísticas que siempre les escupen el asado a los gobernantes, le recordaron varias cosas capaces de arruinarle la siesta al más dormido. Que el desempleo y la actividad económica mostraban los peores índices desde 2002 (en su año de gobierno la desocupación pasó del 8,5% al 10,5%) y que el PBI cayó un 6% el año pasado. Que en 2020 hubo 100 mil personas que entraron en la pobreza y se duplicó el número de indigentes (los índices más altos desde 2005). Haciendo números, es bueno saber que la improvisación llegó al extremo de anunciar la creación de nuevas plazas de terapia intensiva, olvidando que la Sociedad Uruguaya de Medicina había advertido que ya no hay médicos ni auxiliares preparados para atenderlas.
La pretensión de instalar la idea de que aquello que no se hace se explica por el “respeto a las libertades ciudadanas” llega a todo, tanto para justificar los laxos horarios que rigen para los casinos –los estatales cerraron hasta el 5 de abril, pero los privados solo fueron exhortados a limitar sus horarios– como para explicar por qué se mantiene la actividad comercial al 100%. El director nacional de Salud, Miguel Asqueta, tradujo a Lacalle para asegurar que “no ha habido brotes importantes en una zapatería, en una casa de ropas o en algún bar o restaurante”, lo que demuestra que “con el cumplimiento de los aforos y los protocolos se hace mucho en favor de la salud pública”. No es lo mismo, pero es parecido a encomendar la vida de los uruguayos al alcohol en gel, los barbijos y la lavandina.
El gobierno dio otras muestras de su necesidad de satisfacer al sector privado. Siguiendo el libreto de Lacalle, el senador Sergio Botana y el ministro de Agricultura, Carlos Uriarte, impulsan un proyecto para autorizar el consumo etílico de los conductores hasta una concentración del 0,3 o 0,5 por ciento de alcohol en sangre. Sin aportar ningún dato estadístico, el senador y el ministro aseguran que la tolerancia 0 dispuesta por el gobierno progresista de Tabaré Vázquez, fue “un duro golpe para la industria vitivinícola” (sic). De la reducción del número de accidentes tampoco hablan.
Pero no es todo. El jueves 24 se publicó en el Boletín Oficial un decreto que elimina la prohibición de venta de cigarrillos electrónicos. Coincidiendo con un anuncio hecho por la matriz de Philip Morris –en 2025 el 30% de su volumen de negocios estará vinculado a “productos libres de combustión”–, el gobierno encontró que la prohibición que regía desde 2015 y le valió reconocimientos de todo el mundo a Tabaré Vázquez, dejaba un hueco por donde colarse.
La resolución del gobierno anterior hablaba de “dispositivos que vaporizan soluciones líquidas” y liberan nicotina. La de Lacalle habla de “dispositivos que liberan la sustancia mediante el calentamiento del tabaco”. Como Philip Morris, Lacalle piensa que la nicotina es un artículo de primera necesidadEl primer ministro de Israel dijo que se trata de "un moderno caso Dreyfus" de…
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