Jaime Bassa: «Se corre el riesgo de que el gobierno de Piñera reprima con más fuerza»

A casi cuatro meses del estallido, la movilización social es aún visible en las calles chilenas. Aunque en las últimas semanas la protesta bajó su intensidad y se recrudeció la represión, el (no) inicio de las clases en escuelas secundarias y universidades, la movilización feminista del 8M, un paro general programado, el siempre belicoso “Día del Combatiente”, hacen suponer que en marzo el conflicto social volverá a tomar fuerza y masividad. Detrás de la consigna que se estampó infinitamente en las paredes y pancartas: “Chile Despertó”, la pregunta es qué va a pasar en los próximos meses. Concretamente, si logrará gestarse una nueva Constitución del ’80, que deje atrás el legado que Augusto Pinochet y Jaime Guzmán diseñaron con la precisión de un relojero: la base legal sobre la que se construyó el experimento neoliberal chileno.

Jaime Bassa, docente de Derecho Constitucional y constitucionalista chileno participa activamente del debate sobre la nueva Constitución en las asambleas y cabildos de los barrios, explicando los mecanismos y posibilidades de participación popular. “Cuando estalla esto, el 18 de octubre, ya había un grupo social organizado por una nueva Constitución que cuando empiezan a articularse todas las demandas sociales, emerge”, explica.

–¿De qué modo el estallido del 18 de octubre reinstaló el debate por la constituyente?

–El estallido implicó una dimensión destituyente muy relevante, no solo respecto de los políticos que están hoy en los cargos de poder, sino respecto del modelo neoliberal en su conjunto. Lo que está en juego va más allá de sacar a Piñera, lo que está en disputa es la destitución del neoliberalismo. Y esta situación genera condiciones muy interesantes para pensar formas de organización política distintas. El problema es que es difícil pensar aquello que antes no ha sido pensado y nuestras condiciones de posibilidad de pensamiento están condicionados por el neoliberalismo. No obstante, el dato clave es la incapacidad de la élite gobernante para procesar la dimensión estructural de las demandas sociales condensadas en el estallido. Demandas que no son nuevas. Algunas tienen más de 20 años, vinculadas a salud, educación, trabajo, seguridad social, medio ambiente, igualdad ante la ley, fin del patriarcado. Más allá de parches o reformas parciales, todas estas demandas han sido postergadas e invisibilizadas pero se volvieron comunes a los que estábamos en la calle. No había pasado una semana y alguien dijo: “nueva Constitución”, una demanda que también venía de antes. La Constitución ha sido sistemáticamente utilizada como un mecanismo para evitar cambios sociales, por eso el debate constituyente es tan importante.

–Apenas se da el estallido, los ideólogos del neoliberalismo afirmaban que en realidad estábamos frente a la crisis de crecimiento del modelo…

–El principal intelectual que instala esa idea es Carlos Peña y dice que esto es una rebelión de las clases medias que demandan más acceso al consumo, como si fuera una especie de consecuencia natural de la modernización capitalista que estaba viviendo el país. Sin embargo, siempre dijimos que había por lo menos dos elementos que su “modernización capitalista” no estaba considerando: el primero, un mercado laboral muy precario, con sueldos muy bajos. Y el segundo, que esta “modernización” no se sostiene en desarrollo, ni en mayor actividad económica, sino en endeudamiento. El nivel de familias sobreendeudadas en Chile es casi del 70% y muchas están endeudadas por el doble de sus ingresos. Entonces, no es demanda por más acceso a productos, es por otro tipo de vida que la gente está en la calle.

–¿Que instancias supone el proceso constituyente?

–Tiene tres etapas. Una es el plebiscito de abril, luego la elección del órgano constituyente en octubre y una tercera etapa, que es la elaboración de la Constitución, de noviembre en adelante. En abril, la ciudadanía debe contestar dos preguntas: si quiere una nueva constitución, y en caso afirmativo, qué órgano quiere que lo redacte. Si una convención constitucional elegida democráticamente 100% para esos efectos o una convención constitucional mixta compuesta 50% por diputados y senadores en ejercicio, y 50% por ciudadanía elegida para ese fin. Esas condiciones de participación no son perfectas pero son bastante buenas porque el pueblo va a poder decidir si quiere nueva constitución o no, que es lo que el movimiento social por la asamblea constituyente venía pidiendo hace diez años por lo menos. Además, hay un espacio de participación ciudadana que sigue su curso paralelo: muchos cabildos y asambleas territoriales están trabajando el tema constituyente desde el 23 de octubre, cuando se retiran los militares de las calles y la gente empieza a reunirse para pensar qué significa el estallido, a pensar una nueva organización y una nueva constitución.

–¿Cómo puede darse ese puente entre lo que se discute en las asambleas y lo que efectivamente exprese el texto escrito?

–Esa es la gran pregunta. Como la constituyente va a definir sus propias reglas de funcionamiento podríamos pedirle a cada integrante de la constituyente que organice encuentros con estas asambleas locales para que esos insumos suban. Igualmente, ya hay una dimensión que está generando sus efectos en la forma de organización social, y va a desplegar sus efectos con independencia de si llega a concretarse en la nueva Constitución. Lo ideal sería buscar fórmulas que nos permitan ponerlo por escrito pero si no lográramos decirlo, tampoco es tan grave porque ya hay una nueva forma de organización política que está en marcha.

–¿Cómo pensás que se llega a abril, teniendo en cuenta que en las últimas semanas bajó la movilización y aumentó la violación a los Derechos Humanos?

–El escenario es muy incierto. La protesta efectivamente ha venido bajando por desgaste y porque en enero y febrero todo se paraliza en Chile pero todavía hay mucha consciencia de que hay cosas pendientes. Pero hay un sector importante, no solo de la derecha si no también de senadores progresistas, que están vinculando intencionadamente la violencia en general con la demanda por una nueva constitución. Vamos a tener desafíos importantes en marzo. Porque si bien es un mes muy intenso en movilizaciones sociales también corre el riesgo de que el gobierno se cuelgue de eso para reprimir con más fuerza y que esa mayor represión genere por consecuencia mayor violencia.

– ¿Y eso puede poner en riesgo la realización del plebiscito?

–Diría que no porque el plebiscito ya está en la Constitución pero como fue convocado por el presidente, formalmente, podría redactar un decreto para cancelarlo, solo que sería inconstitucional. Ahora, efectivamente el apoyo a la nueva Constitución en diciembre superaba el 80, 85 por ciento. Hoy en día se supone que está –si uno le cree a las encuestas– en 70%, y esos todavía son números muy buenos. Igual llama la atención el efecto que está teniendo la propagación del miedo político, que fue lo que hizo siempre la derecha y le funcionó. Pero como dicen las pancartas, Chile cambió el 18 de octubre entonces muchos esperamos que esa campaña del terror ya no tenga los mismos efectos, que la gente pueda salir a votar libremente. «