Jaime Castillo se las rebuscaba como limpiavidrios en una esquina del norte de Bogotá hasta que desapareció súbitamente el 10 de agosto de 2008. Su hermana Jacqueline comenzó la frenética búsqueda y lo encontró unos meses después en una fosa común a más de 600 kilómetros, en el municipio Ocaña, norte de Santander. Jaime es uno de los 6402 casos registrados de jóvenes secuestrados al voleo por el Ejército colombiano, asesinados y presentados como «guerrilleros muertos en combate», en un macabro plan sistemático ejecutado durante el gobierno de Álvaro Uribe conocido con el eufemismo de «falsos positivos». En un acto simbólicamente histórico, tras más de una década de negacionismo oficial, Gustavo Petro pidió perdón en nombre del Estado por estos crímenes de lesa humanidad.
“Para nosotras ha sido un gran logro este acto de perdón que encabezó el presidente. Hemos esperado esto durante mucho tiempo, cosa que no sucedió en los dos gobiernos anteriores aun habiendo solicitado que nos recibieran pero siempre nos cerraban las puertas”, expresa a Tiempo Jacqueline, también vocera de MAFAPO (Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá).
La actividad se realizó en la céntrica Plaza de Bolívar, bajo el cielo gris de la capital colombiana, y arrancó con los testimonios desgarradores de las hermanas, madres e hijas de las víctimas. Con los rostros de sus seres queridos en pancartas y remeras, fueron relatando, entre lágrimas, desde la última vez que los vieron hasta el largo camino de lucha e impunidad.
Por parte del gobierno, tomó la posta el ministro de Defensa, Iván Velázquez, quien fue el primero en ponerle palabras al reconocimiento oficial: “En nombre del Estado, del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares, pedimos perdón por estos crímenes que nos avergüenzan ante el mundo. No podemos pasar página, la vamos a pasar cuando sepamos lo que realmente ocurrió. No es posible garantizar la no repetición sin verdad”.
Luego fue el turno del comandante del Ejército, Luis Mauricio Ospina, quien sumó sus “sentidas y sinceras disculpas” y aseguró que “hoy se ratifica el compromiso institucional con la Verdad y la Justicia”.
Entrada la noche, cerró el acto el presidente Petro, quien calificó la práctica de los “falsos positivos” como un “genocidio” y pidió “que la verdad salga a relucir y que los fusiles no se apunten contra el pueblo nunca más”. Y concluyó con la tan anhelada frase: “Como presidente de la República de Colombia, de este que es un gobierno popular, me permito pedirles perdón, madres”.
Ni falsos ni positivos
Las ejecuciones extrajudiciales se aplicaron entre 2004 y 2010. El Ejército tenía órdenes de capturar civiles, en general jóvenes de bajos recursos de Bogotá y Soacha (una localidad vecina), que eran engañados con propuestas de trabajo y llevados a zonas rurales, donde los asesinaban y los presentaban como guerrilleros muertos en combate. El objetivo del montaje era inflar los números de las “bajas” y dar una impresión pública de que el gobierno estaba ganando la guerra. Como contraparte, los soldados recibían ascensos y bonificaciones.
Frente a las denuncias de las y los familiares, las autoridades militares y los funcionarios uribistas negaban los hechos y atribuían las denuncias a una campaña de la izquierda para desacreditar al gobierno. Como los represores de la dictadura argentina, a las madres de los “falsos positivos” se las tildaba de “locas”.
Hasta que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) —el tribunal que nació del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016— realizó varias audiencias en las que soldados y oficiales de bajo rango confesaron este modus operandi y revelaron que los altos mandos los presionaban para presentar “resultados”. En 2021, la JEP determinó que fueron al menos 6402 las víctimas de ese criminal plan sistemático.
El acto encabezado por Petro ratifica el cambio de época que vive Colombia y es un buen síntoma para la propuesta de “paz total” que intenta construir el presidente. Y un primer paso de reparación que se completará cuando se avance en el principal reclamo de los familiares: que se juzgue a Uribe como principal responsable y también al expresidente Juan Manuel Santos, quien fuera su ministro de Defensa. Como lo grafica, con esperanza, Jacqueline: “Creemos que con este gobierno de cambio seguiremos avanzando en la búsqueda de la Verdad y la Justicia, pero debemos llegar a los verdaderos responsables, a quienes dieron la orden de cometer estos crímenes”.
