Junto con Eugenio Zaffaroni, el abogado penalista integra el equipo que asesora al peruano Pedro Castillo. Define cómo fue el golpe al presidente depuesto. Aclara que la prioridad es su liberación y luego que lo repongan en el cargo.
-¿Cuál es la estrategia defensiva?
-Castillo nunca fue destituido legalmente. La detención es arbitraria. Una manera sociológica de verlo es que todas las muertes comienzan tras el derrocamiento, con lo cual está claro dónde está el golpe y quiénes son sus víctimas y quiénes los victimarios. Si no hubo antejuicio político, si fue extorsionado, con las hijas amenazadas, si la prisión preventiva y la flagrancia no se configuran penalmente y la detención es ilegal, evidentemente lo primero es que Castillo salga libre. Lo segundo es que sea repuesto porque sigue siendo el presidente constitucional de Perú, aunque esté ilegalmente preso. Ahora la fiscal de la nación se apura en generar otro proceso en que se lo acusa de asociación ilícita y corrupción, lo mismo que se hace con todos los líderes de América Latina: Con Correa, Evo, Lula, Cristina es igual, es el mismo libreto.
-¿Cómo se entiende en ese escenario la vacancia dictaminada por el Congreso?
-Es que la vacancia supone un antejuicio político y supone el derecho de Castillo a ser oído, y esto no se respetó. Y al día de hoy se le siguen poniendo trabas para ejercer su defensa. Lo que hay en Perú es una dictadura criminal y los gobiernos que no la denuncien van a ser sindicados por su complicidad o su silencio. La OEA no dice nada y lo que es más grave, la Celac no dice nada. Pero yo creo que esos pronunciamentos van a llegar, inevitablemente.
-También hay una línea relacionada con la violación a los Derechos Humanos, ¿en qué instancia se trabaja?
-Que se visibilicen los crímenes contra Castillo va a crear un impacto en la comunidad internacional y se va a reforzar una mirada negativa que ya existe sobre el actual gobierno de Boluarte. México y Colombia lideran esta visión crítica. Los dos presidentes, AMLO y Petro, son muy críticos. Petro directamente dijo que es nazi y AMLO no le quiere ceder a Perú la presidenca pro-témpore de la Alianza del Pacífico porque no le reconoce legitimidad. Fue muy importante la difusión de la carta de su hija, Yenifer Paredes (publicada en esta sección la semana pasada). Yo creo que es cuestión de tiempo para que muchos gobiernos de Europa se empiecen a sumar, de hecho en un par de semanas voy a viajar a Italia, Francia y Alemania, también con la idea de estar en Noruega y Finlandia para presentar el caso.
Croxatto cuenta que llegó a representar a Castillo después de haber ido a recibir un Doctorado Honoris Causa que la Universidad Andina de Cusco les otorgó a él y a Zaffaroni. En plena ebullición por las protestas de los partidarios de Castillo, fueron invitados a interiorizarse y, finalmente, a asumir la defensa en apoyo al equipo jurídico local. Su primera visita al penal fue infrutuosa. No les permitieron pasar apelando a formalidades vanas. Croxatto resolvió quedarse varios días e intentar un contacto el día de visitas generales. Lo consiguió, dialogó con él y le obsequió un ejemplar del Martín Fierro, todo un símbolo.
-¿Cómo lo encontró?
-Yo lo noté seguro, muy determinado y que no cometió ningún error en el discurso que dio, más bien se estaba defendiendo de un golpe que él juzgaba inevitable. De alguna manera dio una proclama política antes de que lo echasen. La mayor prueba es que la rebelión, que es el delito que se le imputa, implica alzamiento en armas, pero no hubo ningún arma alzada de parte de Castillo. Las únicas armas fueron contra Castillo y sus hijas. Hay una idea de que dando vueltas de que le escribieron el discurso o que estaba medicado o que se equivocó al no darle a sus abogados para que lo revisaran antes, y Castillo no adhiere a ninguna de esas ideas. Está seguro de que lo que leyó es correcto y me dijo que de todos los discursos que tenía leyó el más suave. Hay que entender qué estaba haciendo Castillo cuando lee ese discurso: defendiéndose de un sistema político que se dedicó a atacarlo desde el primer día. Castillo está cuestionando, y por eso pide una Asamblea Constituyente, el carácter racista del sistema institucional peruano, concentrado y oligárquico.
-Hemos dicho en varias notas que la Constitución de Perú, heredada de Fujimori, es prácticamente el principal problema institucional…
-Zaffaroni piensa eso.
-Ahora, de igual forma, la Constitución habilita a disolver el Congreso si se presentan ciertas situaciones que no estaban configuradas de manera taxativa.
-No estaba exactamente configurado.
-Pero en la entrevista que da desde el penal al sitio español El Salto, Castillo asegura que actuó como quería el pueblo, y deja la sensación de que hay algo que no se está diciendo.
-Seguramente. Ahora yo pienso que él, como representante de indios, cholos, campesinos, históricamente postergados, siempre excluidos de la justicia y del sistema jurídico, de alguna manera critica a todo el sistema institucional. El tema es que hay que ver si estaba el apoyo político como para dar un paso semejante. No es que estaban las bases movilizadas, tenía las fuerzas alineadas…
-De hecho estaba en su peor momento político.
-Por eso, era más defensivo que otra cosa. En todo caso es una proclama política donde él hace saber su descontento con un sistema que lo venía arrinconando hacía mucho tiempo. Es verdad que ese día no estaban los votos (para destituirlo) entonces uno dice para qué disuelve el Congreso si igual el Congreso no lo puede vacar. Bueno, yo calculo que los motivos, está bien lo que vos decís, seguramente hay cosas que no sabemos. Yo creo que tienen que ver con extorsiones y presiones muy profundas hacia su figura y su persona y la manera que él encontró de sacarse ese peso de encima fue irse haciendo esto. Defendiendo al pueblo y seguro guardándose algo que no sabemos pero de lo que él es la víctima, sin dudas.
La Justicia de Perú resolvió el viernes posponer para el próximo martes una audiencia en la que iba a evaluar un pedido del Ministerio Público de extender por 36 meses la prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, destituido el 7 de diciembre pasado. Se trata de una causa cuyo proceso fue autorizado por el Congreso a mediados de febrero, en la que se acusa a Castillo y a los exministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda) de delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. La Fiscalía lo considera el líder de una supuesta red de corrupción dentro del Gobierno. Para Guido Croxatto, uno de los abogados de Castillo, es una maniobra de la fiscal de la Nación para mantener detenido a Castillo, quien cumple 18 meses de prisión preventiva acusado de “rebelión”. El abogado que asume la defensa desde Argentina junto con el exjuez Eugenio Zaffaroni, afirma que sobre la rebelión “no hay flagrancia y por eso la detención es inconstitucional. Como la fiscal de la Nación lo sabe, apuran otros procesos, para tenerlo detenido por otra acusación. Es el colmo de como funciona el Lawfare en América latina, inventando procesos para tener excusas para tener prisión preventiva”, dice Croxatto, quien citó en su dictamen de representación los casos de Milagro Sala y Evo Morales a modo de comparación.
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