Los diarios de la playa de Ipanema ponían en su tapa que el principal garoto de Río de Janeiro, el intendente Marcelo Crivella, quedaba preso por sospecha de corrupción, a partir de una acción conjunta entre la Policía Civil y el Ministerio Público de esa ciudad. Cómo parte de la «Operación Hades», se realizaron investigaciones que se orientan a desmontar una «QG da Propina» (Central de Sobornos) organizada por la Intendencia, para obligar a los empresarios a pagar montos como retorno para prestaciones de servicios a la gestión municipal. La organización fue expuesta a partir de una delación realizada por el empresario Rafael Alves, hermano del entonces presidente de la Riotur, Marcelo Alves, quienes eran la cabeza del sistema de pagos de las coimas de la empresas participantes. Ante el arresto, Marcelo Crivella alegó ser víctima de persecución política.
Con el mismo argumento, el presidente brasileño Jair Bolsonaro salió a defender a Marcelo Crivella, al criticar al Ministerio Público de Río de Janeiro por la detención y fustigó a los medios de comunicación, acusándolos de perseguir a su familia y a sus aliados. El presidente se victimizó de inmediato. Es que Crivella tuvo un rol decisivo en el Golpe de 2016, que destituyó a Dilma Rouseff, a través de la bancada evangelista del Parlamento, que votó en nombre de Dios la causa armada contra la ex mantadaria. Además, es dueño de la Récord, el grupo multimedia que fue el principal impulsor de la candidatura de Bolsonaro y que hoy defiende con vehemencia su gestión, especialmente cuando se trata de ataques homofóbicos, tan comunes en el presidente. Es más, Crivella recibió el apoyo de Bolsonaro para su intento de reelección en la comuna carioca, que fue frustrado por su derrota ante Eduardo Paes, quien justamente asumirá la Intendencia el próximo 1° de enero.
La corrupción en una gestión municipal no sería noticia si no subyaciera que la misma se produce en los propios pagos del presidente Jair Bolsonaro y que, además, expone a un poder factico de la política brasileña: la Iglesia Universal fundada por Emir Macedo del cual es sobrino Marcelo Crivella. Macedo es el encargado de la Récord, su corporación mediática. Lo que implica una reacción del establishment político que utiliza los mecanismos establecidos por la doctrina impuesta y practicada por el ex Juez Sergio Moro, que dictamina prisiones basadas en declaraciones de arrepentidos bajo el concepto de culpabilidad de la persona por el cargo ocupado, que otorga la veracidad de los hechos. Fue exactamente el inescrupuloso mecanismo que permitió la proscripción de Luiz Ignacio Lula Da Silva y que hoy pareciera poner en el ojo de la tormenta a Bolsonaro y sus aliados. Así, la jueza Rosa Helna Penna Macedo Guita sostuvo que la prisión se dictamina en tanto había riesgo de fuga por el ejercicio del cargo que tenía Crivella.
En ese sentido, el establishment que utiliza las causas por corrupción -que son endémicas en la mayoría de los partidos políticos brasileños, y es utilizada para garantizar los intereses de la casta dominante- está expresando el realineamiento en la correlación de fuerzas derivada de los resultados arrojados en las elecciones municipales de hace un mes. En esos comicios, si bien se fortalecieron partidos del centro y de la derecha tradicional, muchos herederos de la Dictadura y que apoyaron el golpe institucional a Dilma Rouseff y la proscripción a Lula, muchos de ellos no son bolsonaristas.
Por lo que parece que el establishment estaría dispuesto a buscar una candidatura más decorosa, corriendo los riesgos ante la casi segura habilitación de Luiz Ignacio Lula Da Silva, que aún conserva la preferencia prioritaria de la ciudadanía aunque tiene el muy pesado desafío de reoganizar el debilitado espectro de la izquierda brasileña, y hacerlo desde su propio partido, el PT, que tampoco salió lo fortalecido que se esperaba de la última votación de noviembre.
