Al menos 26 personas fueron asesinadas a balazos o quemadas dentro de un bar de Veracruz, en una de las perores masacres atribuidas a organizaciones criminales desde la llegada de Andrés López Obrador a la presidencia de México, un país con un promedio de 95 homicidios diarios.
Los primeros reportes de los testigos indicaron que en las últimas horas del martes un grupo de entre cinco y seis personas armadas ingresó al bar «Caballo Blanco», en el puerto de Coatzacoalcos, disparó contra el público y arrojó bombas incendiarias en el establecimiento después de haberlo rociado con combustible.
La prensa mexicana publicó testimonios según los cuales muchos clientes y bailarinas procuraron huir hacia los vestuarios o las salidas de emergencia, pero algunas quedaron atrapadas en medio de las llamas porque la entrada principal había sido bloqueada por los asesinos.
El caso llenó de estupor a los mexicanos y el presidente López Obrador protestó porque al parecer uno o algunos de los atacantes habían sido detenidos tiempo atrás por las autoridades y luego liberadas con argumentos cuyo sustento jurídico es motivo de polémicas.
Esa versión fue abonada por el gobernador de Veracruz, Cuitlháuac García, quien en un breve mensaje en redes aseguró que uno de los atacantes es Ricardo «N», alias «La Loca», quien fue detenido en julio pasado y fue liberado en menos de 48 horas por la Fiscalía del Estado.
«Ahí hay un problema que tiene que investigarse sobre la actuación de la Fiscalía de Veracruz», apuntó el presidente López Obrador, quien indicó que ya se ha pedido a la Fiscalía General de la República (FGR) que se encargue del asunto para llevar una investigación «a fondo» que incluya, si es necesario, a posibles autoridades implicadas.
El «contubernio» entre crimen organizado y las autoridades «es corrupción, y es lo que tenemos que ir también combatiendo», concluyó el jefe de Estado.
«No sólo se debe castigar a quienes cometieron estos horrendos y lamentables hechos sino a la autoridad, porque si se detuvieron a estas personas y se dejó en libertad tiene que justificarse por qué se hizo», añadió López Obrador.
Las primeras hipótesis de los investigadores apuntan a la lucha entre las bandas criminales que se disputan en Veracruz el comercio ilegal de drogas o se dedican a extorsionar a los dueños de bares y restaurantes, a quienes exigen dinero a cambio de supuestas protecciones.
La Prensa se refirió al caso como la peor masacre ocurrida en Veracruz e incluso la comparó con la que ocurrió en 2011 en el Bar Royale, en Monterey, que fue incendiado y atacado con armas de fuego en un suceso que costó la vida a 52 personas.
Entre los 26 muertos en el bar Caballo Blanco hay diez mujeres.
La mayoría de los actos violentos en el estado de Veracruz se producen como consecuencia de la guerra entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Zetas, dos de los principales grupos narcotraficantes que operan allí.
Este nuevo acto de violencia sucede cuando López Obrador está preparando su discurso de gobierno el próximo domingo con una gestión en materia de seguridad muy criticada, porque en lo que va de año se han vuelto a alcanzar cifras récord de violencia.
En los primeros siete meses de 2019 han ocurrido 20.135 homicidios en todo el país, con un promedio nacional de 95,8 casos por día, según cifras oficiales.
México soporta desde 2006 una sucesión de sanguinarios actos de violencia. El ex presidente Felipe Calderón declaró entonces una guerra abierta contra la delincuencia con apoyo del Ejército y la Marina.
Durante esa guerra contra el crimen organizado se reportaron 260.000 muertos y 40.000 desaparecidos.
La peor masacre de este período ocurrió en agosto de 2010, cuando 72 migrantes ecuatorianos, brasileños, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, fueron asesinados a balazos y golpes en San Fernando, en el estado norteño de Tamaulipas, tras ser secuestrados.