Un fenómeno impensado antes del Covid-19: huelgas y otras acciones enfrentan intentos de multinacionales de seccionar derechos relativos a horarios, indemnizaciones, aguinaldos, licencias y otros. La aprobación pública es muy alta, en especial entre los jóvenes. Influencias demócratas.
El renacer sindical comenzó hace seis meses, en mayo pasado, cuando miles de mineros del carbón del estado de Alabama, en el sudeste de EE UU, se levantaron en huelga tras el fracaso de unas negociaciones en las que los patrones pretendían abolir el régimen de indemnizaciones por despido, poner patas para arriba el régimen previsional del sector y acabar con aguinaldos y licencias. Según la estatal Oficina de Estadísticas Laborales, desde entonces se registraron 12 paralizaciones de lo que definen como “huelgas mayores” –aquellas que involucran a más de mil trabajadores–, pero el Centro de Investigaciones de la centenaria Cornell University de Nueva York (privada) registró paros “duraderos” en 178 empresas, contra menos de 50 en todo el año pasado.
En ese mundo en el que siempre, a la larga, han sido vencedores, los empresarios quisieron acogotar a sus trabajadores pero fue-ron ellos los que quedaron con la soga al cuello y, en muchos casos debieron recular, al menos provisoriamente. Multinacionales como las fabricantes de snacks y de indumentaria deportiva chantajearon a sus operarios amenazándolos con trasladar parte de su producción a México, donde los salarios son menores. En el área de la salud, hubo amenazas directas de cierre si no se aceptaban cláusulas de flexibilización en materia de salarios, horarios laborales, descanso semanal y pagos vacacionales. Después de huelgas de entre cinco y 19 días, los trabajadores de Kellogg’s, Frito Lay (PepsiCo), Nabisco (Mondeléz) o Nike les torcieron el brazo a sus patrones.
En este escenario de inusual actividad, decenas de miles de trabajadores de los gremios más diversos –al me-nos 70 mil operarios de Hollywood y las grandes productoras de televisión, unos 40 mil enfermeros y auxiliares médicos de prácticamente todo el país y otros de la industria de la maquinaria agrícola que siguen el ejemplo de sus pares de John Deere– autorizaron a sus sindicatos a tomar medidas extremas. “La huelga renace y 2021 empieza a parecerse a 1919 (un siglo atrás) y 1946, cuando el país vivió su mayor número de huelgas”, señaló ante una convención empresaria en Chicago, el periodista y analista laboral Harold Meyerson. Para espanto de su auditorio, agregó que “la aprobación pública de los sindicatos registra el 68% de opiniones positivas, el nivel más alto en medio siglo”.
En una encuesta que expuso los datos fríos de la realidad, sin acompañamiento de opinión o análisis alguno, Gallup señaló que en décadas anteriores, el último medio siglo al menos, las organizaciones sindicales de EE UU perdieron influencia y la afiliación de trabajadores cayó del 18% en 1985 a un 10% en la actualidad. Paradójica-mente, la opinión positiva, agregó la consultora, llegó a ese 68%. Para mayor preocupación de las multinacionales que financiaron el trabajo de Gallup, quedó confirmado que entre los jóvenes de 18 y 29 años –el grueso de la masa laboral– la afinidad con los sindicatos alcanza el índice mayor, un 78% que no se obtiene en ningún país del mundo occidental.
Sin embargo, lo más preocupante para los empresarios es que se observa un amplio grado de coordinación entre los trabajadores de todas las actividades y todos los extremos geográficos. “En este momento, que es de empoderamiento para los trabajadores –dijo Meyerson–, estos confirmaron que son esenciales, que la economía se apaga sin ellos”. El analista de Chicago puso como ejemplo del auge del accionar de los movimientos sociales lo ocurrido en Arizona, donde la comunión de intereses hizo que el sindicato de los trabajadores hoteleros se haya aliado con grupos de inmigrantes ocupados en tareas marginales para poner en marcha un accionar nunca visto en otras regiones del país. Los analistas dicen que estos trabajadores, generalmente no registrados, son protagonistas de una “rebelión laboral”.
El contexto de este renacer es verdaderamente único en los últimos tiempos. Además de sindicatos en acción, hay un universo de organizaciones sociales y laborales –cooperativas, centros obreros, agrupaciones inorgánicas de jornaleros y trabajadoras domésticas, hasta los siempre reacios conductores de taxis– que conforman la enorme fuerza laboral de la gran potencia (una población económicamente activa de 158,3 millones de personas), a los que se debe agregar nuevos aliados –de clase y de la dirigencia política– surgidos de la lucha contra la desigualdad y la explotación.
Entre esos aliados se incluyen la nueva versión de la Campaña de los Pobres, la corriente lanzada por Martin Luther King en 1963 y apagada con su asesinato, en 1968, los resabios del Ocupa Wall Street, el Democratic Socialists of America y varios diputados progresistas como Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y Jesús Chuy García. Este fenómeno impensado antes del coronavirus se desarrolla mientras se conocen nuevos detalles sobre la delincuencia legal de los más ricos y sus paraísos fiscales (ver aparte), como datos que registran que las fortunas de los 400 más ricos creció un 40% mientras la pandemia devastó la vida de millones de personas, esas que ahora se levantan. Esto, como recordó Sanders, en un país en el que el 1% más rico tiene más riqueza que el 99% restante. «
Dime con quién andas…
Los periodistas que dieron a luz los Pandora Papers sembraron el mundo con los nombres de las más fulgurantes multinacionales y de cuanto político notorio haya dado un paso en falso. Sin embargo, en el prolijo listado de forajidos redactado por el ICIJ no aparecen ni las empresas norteamericanas que en estos días son condenadas por los trabajadores por sus prácticas esclavistas, ni los animadores del establishment político que generaron la batería de leyes que hacen posibles todos los delitos financieros. Cuando era secretaria de Estado de Bill Clinton (1997-2001), Madeleine Albright dijo en un arrebato de autoelogio que “somos América, la nación indispensable”. Nunca aclaró para qué.
Lo cierto es que unas, las empresas, y otros, los dirigentes, escaparon al bisturí investigativo, pero no pasó lo mismo con la más grande potencia del mundo, la “nación indispensable” convertida en sin par paraíso fiscal en el que las empresas, los ciudadanos extranjeros y las mafias lavan su dinero, lo ocultan y lo manejan libremente.
Entre los máximos actores de este negocio de las finanzas clandestinas está el bufete de abogados Baker McKenzie, el mayor de EE UU, con 4700 profesionales asociados en 46 países. En ese antro se formó y fue directora general de la oficina de París la francesa Christine Lagarde, gerenta del Banco Central Europeo y ex del FMI, la “amiga” de Mauricio Macri que le concedió al país el mayor crédito desde que existe el organismo, que ahogó a la economía argentina. Durante la pandemia, el bufete diseñó empresas fantasma en Chipre para que Nabisco/Mondeléz y Nike canalizaran miles de millones de dólares a cuentas con baja tasa impositiva.
Algunos estados, como Dakota del Sur, Delaware, Texas, Nevada o Florida, quedaron con su reputación bajo la alfombra, pero EE UU como entidad nacional quedó inmerso en la terráquea letrina fiscal. Valgan como ejemplo que 81 de cada cien documentos revelados implican a Dakota del Sur y que ese estado alberga y protege al menos 360 mil millones de dólares de activos de supermillonarios de todo el mundo. Se confirmó, además, lo que se sabía desde 2018: la nación indispensable ocupa el segundo lugar en la lista de los centros financieros más tenebrosos del ranking de Tax Justice Network, por encima de Suiza y codo a codo con las Islas Caimán.
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