El establishment ya busca un reemplazante para Michel Temer

Mientras la respuesta del gobierno de Michel Temer a las movilizaciones populares contra las reformas que impulsa y el pedido de su renuncia fue una feroz represión, donde convocó a las fuerzas armadas a actuar sobre manifestantes y que lo hicieron como en los peores tiempos de la dictadura militar, mostrando el endurecimiento del «golpe blando», los aliados de la coalición de gobierno debaten una salida.

Lo cierto, es que el mismo establishment que acompañó el desplazamiento de Dilma Rousseff esperanzado en que Temer aplique un severo plan de ajuste con el objetivo de sacar al país de la peor recesión de su historia, se encuentra con una economía que no despega y que la desocupación alcanza niveles records junto a una inflación que se dispara.

Por eso, la divulgación de la grabación realizada por Joesley Batista, empresario de la alimentación, que mostraría a Temer dando el aval al pago de un soborno a Eduardo Cunha, el artífice del golpe parlamentario, sería el detonante para comenzar a explorar un plan B, más aún cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) ya abrió una investigación donde la Fiscalía General acusa a Temer de «obstrucción a la Justicia» en relación con casos de corrupción y organización criminal.

Sin embargo, Temer parece no querer dejar el gobierno y envía un mensaje a sus aliados de que una destitución del STF será larga, porque está dispuesto a realizar una especie de «by pass-jurídico» recurriendo a todos los artilugios legales posibles para dilatar la sentencia. Especialmente porque apuesta a llegar a octubre, momento en que Hernan Benjamin, relator del proceso, deba dejar la Corte y así poder nombrar un sucesor afín.

Sin embargo, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), aliado clave en la coalición de gobierno, ya prepara el banco de suplentes para pensar un relevo, ante una eventual renuncia o destitución. Sin tapujos, los tucanos, como se les llama a los adherentes a ese partido, comenzaron a hacer circular nombres para un eventual reemplazo. De boca del gobernador del Estado de San Pablo, Geraldo Alckmin, los nombres del ex presidente Fernando Henrique Cardoso y del senador Tasso Jereissati fueron expuestos como buenos candidatos para relevar a Temer. Incluso el mismo Alckmin, que aspira a ser candidato en las presidenciales del año que viene, podría ser el hombre de recambio.

En la lista de presidenciables también ronda el nombre de Henrique Meirelles, actual ministro de Hacienda, un cuadro del riñón del mercado financiero. Su prestigio deriva de su carrera internacional en el área financiera, especialmente en el BankBoston, en el que llegó a ocupar la presidencia global del banco. Se lo considera el artífice del plan económico de Michel Temer y se le atribuye ser el sostén macroeconómico al frente del Banco Central (2003-2010) de los dos mandatos del expresidente Ignacio Lula da Silva. Al dejar el gobierno petista, Meirelles se incorporó al mundo corporativo en la presidencia del Consejo Consultivo de la J&F, un holding que reúne a empresas de los hermanos Wesley y Joesley Batista, entre ellas la JBS, la que desató el reciente escándalo en la política brasileña.

Lo cierto es que quien salga de una eventual elección indirecta tendrá que mostrar una firmeza y capacidad de enfrentar los esquemas de corrupción presente en las instituciones brasileñas. En palabras del politólogo Santiago Leiras, del Instituto Ortega y Gasset, «con la crisis en Brasil volvemos a 1992, año del mani pulite en Italia. El corolario de aquella crisis fue la aparición de un outsider como Berlusconi. La pregunta sería en qué medida el desenlace en Brasil no dará lugar a la aparición de alguna versión local del magnate italiano».

De hecho, y casi desesperada, la derecha improvisa nombres ante una eventual elección directa, como el de Luciano Huck (el presentador de TV mejor pago del mundo) que, con un espaldarazo de Fernando Henrique Cardozo y la proyección que le da ser una figura de la Rede Globo, las encuestadoras ya lo están midiendo. También suenan nombres como el de Jair Bolsanaro, un defensor de la última dictadura militar que estaría midiendo un 15%, así como el de Marina Silva, la ecologista que tuvo una buena performance en la última elección.

Desde la izquierda, incluido el Partido dos Trabalhadores (PT), que denuncia un «golpe institucional» se entiende que la crisis le da una oportunidad para regresar. De hecho, la presidenta Dilma Rousseff solicitó al STF que la restituya en el cargo ante «un complot urdido en la articulación, ahora bien conocido entre este Parlamento, a continuación, la República vicepresidente y otros de sus compañeros, todos ahora acusados de corrupción y otros excesos», argumentó la exmandataria.

Sin embargo, en el PT no están convencidos de la conveniencia de un regreso súbito de Dilma Rousseff, entendiendo que quedaría prisionera de la misma dinámica de poder del establishment, considerando que solo una salida electoral puede reencauzar un gobierno con el poder suficiente para gestionar.

Y si un impaciente lector de Tiempo Argentino se pregunta qué pasa con la candidatura de Ignacio Lula da Silva, la respuesta es que está buscando los marcos de gobernabilidad. Ya se reunió con Fernando Henrique Cardoso y José Sarney para pensar las posibles salidas a la crisis, y está impulsando desde su corriente interna (Construyendo un Nuevo Brasil) en el 6º Congreso Nacional del PT, que se hará el próximo fin de semana en San Pablo, el llamado a boicotear una elección indirecta y trabajar para la articulación de marco de alianzas amplio para un eventual regreso al gobierno. Esta posición es criticada por el ala izquierda del PT, nucleadas en la corriente «Cambia PT», que trata de restringir la alianza con el incondicional Partido Comunista do Brasil (PCdB), sumando al varguista Partido Democrático Brasileño (PDT), al Partido Socialismo y Libertad (PSOL), al Partido Socialista Brasileño (PSB) y a Rede.

El interrogante es si esto alcanzará para sustentar un gobierno frente a un poder que maneja un Estado corrompido. «

El «golpe blando» ya es duro

El concepto de «golpe blando» fue acuñado por la ciencia política para describir el desplazamiento de un gobierno a través de una acción parlamentaria. Los casos referenciales de este neogolpismo serían Honduras en 2009, donde el intento del entonces presidente Manuel Zelaya de establecer una constituyente fue objetado por el establishment local que propició su destitución por el Congreso, con apoyo del ejército; y Paraguay en 2012, donde el mandatario de ese momento Fernando Lugo fue acusado de mal desempeño y responsabilizado por los enfrentamientos entre campesinos y policías ocurrido en la ciudad de Curuguaty con un saldo de 17 muertos.

Con el mismo esquema, se diseñó una conspiración contra la expresidenta Dilma Rousseff, quien fue acusada de realizar manejos ilegales en el presupuesto federal, fue desplazada del gobierno y reemplazada por Michel Temer, su vicepresidente, quien pergeñó el golpe con Eduardo Cunha, su compañero de partido y por entonces presidente de la Cámara de Diputados, y que cumple 15 años de una sentencia por corrupción y que, según las últimas grabaciones difundidas, Temer habría intentado sobornarlo para su silencio.

Los casos de Honduras y Paraguay tuvieron fuerte rechazo en el escenario internacional. Respecto al país centroamericano, sus vecinos El Salvador, Nicaragua y Guatemala, junto a Venezuela, establecieron sanciones económicas, en tanto que el BID y el Banco Mundial suspendieron ayuda financiera y los embajadores de la Unión Europea se retiraron. Por su parte, la nación guaraní enfrentó rechazos y condenas, especialmente de sus socios en el MERCOSUR (Brasil, Argentina y Uruguay) que le aplicaron la cláusula democrática y le suspendieron la membresía, a su vez, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua retiraron sus embajadores.

Sin embargo, Brasil no tuvo el mismo trato. El incipiente gobierno de Temer recibió el inmediato saludo del presidente argentino Mauricio Macri y el escenario internacional lo consideró un proceso legal. No se reparó que no es un parlamentarismo, por ende, solo es válida la acción con delito porque sin él es Golpe de Estado.

Esta situación profundiza la crisis de un gobierno que agudiza su deterioro, especialmente por el involucramiento de sus miembros en casos de corrupción y que ahora llega al mismísimo Michel Temer. Así, mientras que la coalición que hace un año apoyó el «golpe blando» ahora abandona el barco y como respuesta el gobierno endurece su accionar y convoca a las fuerzas armadas a reprimir a un pueblo que en las calles le pide su renuncia.

Si bien algunos países e incluso organismos internacionales como la OEA mantienen el cinismo de condenar a Venezuela pero no pronunciarse sobre Brasil, la represión salvaje desplegada por Temer fue reprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) que consideraron un «uso excesivo de la fuerza» y que, a pesar del rechazarla, Temer tuvo que dar marcha atrás a esta medida despótica. «