La Corte Suprema británica dictaminó que el gobierno de la primera ministra, Theresa May, debe recibir autorización parlamentaria para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que da inicio al proceso al «Brexit», como se denomina la salida de la Unión Europea (UE).

En un veredicto histórico que abre vías legales a quienes se oponen salir del bloque comunitario, los jueces dieron la razón a un grupo de ciudadanos que cuestionó que el Ejecutivo pueda iniciar el proceso de desconexión de la UE -decidido en un referéndum del pasado 23 de junio-, sin convocar previamente una votación parlamentaria.

El dictamen fue anunciado esta mañana y el gobierno de May ya avisó que lo recurrirá, por lo que que se espera que pronuncie su fallo con la máxima urgencia, seguramente antes de finales de año, informó la agencia de noticias EFE.

Entre los ciudadanos que iniciaron el proceso en el Tribunal Superior está la empresaria británica Gina Miller, que expresó su deseo de acabar con «un entorno legal» en el que el Gobierno «puede pasar por encima del Parlamento».

El proceso solicitaba al Alto Tribunal británico determinar si es el Gobierno o el Parlamento el que tiene la autoridad para informar formalmente a Bruselas de que Londres pretende abandonar la el bloque.

El artículo 50 establece que cualquier Estado miembro puede salir «de acuerdo con sus propios requisitos constitucionales».

La redacción del artículo deja abiertas ambas interpretaciones, por un lado la que sostiene Theresa May, que considera que la prerrogativa real otorga a la primera ministra el poder de informar a Bruselas, y por otra la de los demandantes, para quienes corresponde al Parlamento un papel mayor en las negociaciones.

El magistrado que ha leído el fallo ha destacado que «la norma fundamental de la legislación constitucional británica es la soberanía parlamentaria».

El abogado de Miller alegó que «muchos de los derechos de los que la señora Miller y otras personas disfrutan actualmente (en el Reino Unido) quedarán suprimidos si se da la notificación» a Bruselas.

Los letrados gubernamentales argumentaron durante el juicio, celebrado entre el 13 y el 18 de octubre, que el referéndum del 23 de junio, en el que los británicos apoyaron la salida de la UE por un 51,9 %, daba a la primera ministra legitimidad para ejecutar unilateralmente la voluntad del pueblo.

También indicaron que «probablemente» podría haber una votación parlamentaria al final del proceso negociador, para ratificar el nuevo acuerdo alcanzado con la Comisión Europea.
May anunció durante el reciente congreso anual del Partido Conservador su intención de activar el Artículo 50 antes de finales de marzo de 2017, un plan que ahora dependerá de la decisión de los tribunales.

La ambigüedad del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece que un Estado puede dejar la UE «de acuerdo a sus propios requerimientos constitucionales», ha llevado a un desacuerdo entre los expertos legales en un país que no cuenta con una constitución escrita.