El cuadro sanitario brasileño empeora en todos sus niveles. Rondando los 12,5 millones de contagios, que provocaron 300 mil muertes y la saturación del sistema de salud pública, la política negacionista de Jair Bolsonaro pone en crisis toda la institucionalidad democrática del país, porque su argumento de priorizar la economía se derrumba con la recesión y caída de las acciones que acelera el desempleo, la inflación y la devaluación del real.

A pesar de haber sufrido la enfermedad, hasta el momento, Bolsonaro mantuvo una obstinada negativa a políticas preventivas al Covid-19. Sin embargo, parecería estar obligado a un cambio en su gestión sanitaria, con la finalidad de controlar la expansión del coronavirus. Así, tras la asunción de su nuevo ministro, presentó por cadena nacional la propuesta de un Comité Interinstitucional para atender la crisis y propiciar la vacunación de un millón de personas. La ciudadanía respondió con un cacerolazo.

Quizás, su respuesta se enmarque en el pedido que realizó el vicefiscal general del Ministerio Público, Lucas Furtado, quien solicitó al Tribunal de Cuentas que proceda a apartar a Bolsonaro de las funciones administrativas y jerárquicas de los ministerios de Salud, Economía y de la Casa Civil, que quedarían en manos del actual vice Hamilton Mourao, lo que seguirá consolidando la presencia de militares en el Ejecutivo: ya cuentan con diez carteras federales. Por ende, no sería solución.

El presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, dijo que “el momento es grave y todo tiene sus límites”, y sostuvo: “Estoy mostrando una alerta amarilla”. Se lo tomó como una amenaza de impeachment. Fue un militar quien salió a poner paños fríos, el responsable de la Oficina de Seguridad Institucional de Brasil, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, quien expresó que la repercusión era “exagerada” y recomendó actuar con “serenidad”.

Si bien el poder fáctico aún sostiene a Bolsonaro, el descontento social fortalece el poder popular. De hecho, en la semana se desarrollaron paros y jornadas de protesta por parte de gremios y sindicatos que consideran ineficaz el accionar del gobierno. En la misma línea, el líder de la oposición, Lula Da Silva, sostuvo que se está provocando el mayor genocidio de la historia de Brasil. Con solo pensar que la Guerra de la Triple Alianza cobró 100 mil muertes en cinco años, podría considerarse certera la afirmación.

El expresidente se instaló de lleno en la política brasileña, fortalecido por la anulación de las condenas que pesaban sobre él en el marco de la Operación Lava Jato, que además fue considerada como armado imparcial de parte del exjuez y exministro Sergio Moro, por el Supremo Tribunal Federal. Consecuente con sus planteos, Lula apela a los líderes mundiales a propiciar marcos de ayuda para encarar el nudo principal de la crisis de gobierno, el colapso sanitario. A partir de eso, también busca una estrategia política, especialmente centrada en acordar con la centroderecha una salida institucional. Es consciente de que solo un Acuerdo de Unidad Nacional podría ser una variante que encuadre el desplome de Bolsonaro.  «