EE UU cambió las reglas de juego: devolvió CITGO, pero a la oposición venezolana ligada a Guaidó

El 25 de abril, con aval de 20 cancillerías americanas y europeas y los más representativos líderes de la Unión Europea y de Estados Unidos, una cumbre reunida a instancias del colombiano Gustavo Petro acordó cambiar las políticas de hostigamiento contra Venezuela y allanar la ruta para potenciar el necesario diálogo que permita la pacificación del norte sudamericano. Cinco días después EE UU desanduvo el camino. Entonces, anunció que entregaba los activos en territorio norteamericano –refinerías y bocas de expendio– de la petrolera venezolana CITGO a un grupo de dirigentes de la derecha ligados a Juan Guaidó –el presidente de utilería con el que durante tres años intentó derrocar al gobierno constitucional de Nicolás Maduro–, para que dispongan de ella y rematen sus activos.

De no ser que la realización de la cumbre demandó un complejo andamiaje, podría decirse que la reunión sólo fue un grotesco gesto diplomático para satisfacer a Petro. No parece razonable ni posible. En todo caso habría que preguntarse, no por qué, sino quién susurró al permeable y receptivo oído de Joe Biden, que había llegado la hora de retomar el peor y más desgastado de los caminos. Hasta superando los límites de la imaginación para ingresar al terreno del delirio, podría alguien preguntarse si en EE UU opera un gobierno paralelo. Porque en Bogotá estuvieron el director para el hemisferio occidental de la Casa Blanca (Juan González), el asesor personal de Biden sobre Venezuela (Christopher Dodd) y el consejero de seguridad (John Finer), y ninguno de ellos dudó de que se necesita desmontar el conflicto, asumiendo que las sanciones son un promotor clave del mismo.

Doble discurso

Más allá de que muchos de los grandes actores de la escena global están formateados para repetir el discurso dictado por la Casa Blanca, además de las figuras del staff norteamericano, en Bogotá estuvieron aliados de mucho peso y con un papel central en lo que podría llamarse la cuestión venezolana. Biden juega con los suyos y vuelve a juguetear con sus aliados. Además del jefe de las relaciones internacionales de la UE, Josep Borrell, participaron representantes del Reino de Noruega (el más prominente jugador internacional a favor de una política de diálogo entre el gobierno y la dispersa oposición venezolana) y de Reino Unido, Canadá y Portugal. Estos tres países tienen una especial importancia porque en sus bancos está retenida gran parte de las reservas en oro del Estado venezolano.

Los participantes suscribieron un texto final del que Borrell rescató un concepto: “Es claro que un proceso de normalización en Venezuela debe venir acompañado de un gradual cese de las sanciones”. Borrell sabe de lo que habla. Los países de la UE son los primeros que corren, presurosos, a sumarse a las sanciones dictadas por Washington, sea contra la Rusia en guerra con Ucrania o en la Venezuela agredida por la derecha interna y externa. En el documento también se dice que las señales de apertura deben ser paralelas al cese de las sanciones. Un despacho de la agencia Sputnik señaló que, tal como lo adelantaron Borrell y Juan González, “la narrativa actual ya no se basa ni en pedir la renuncia de Maduro ni en promover golpes de Estado, sino en desmontar el conflicto, del que las sanciones son un promotor”.

La historia de conflicto

En octubre del año pasado Leonard Stark, un oscuro juez comercial del paraíso fiscal de Delaware, aprobó un cronograma para la subasta de las acciones de CITGO. Estableció el orden de los procedimientos de venta, otorgó poderes para actuar a una banca de inversión (Evercore Group) y quedó a la espera del visto bueno político. El Departamento del Tesoro anunció entonces una medida que allanó el camino para la venta de las acciones y así compensar a la canadiense Crystallex por la nacionalización de una mira de oro. El caso se remonta a 2011, cuando el gobierno de Hugo Chávez retomó el yacimiento adjudicado a Crystallex sin pagar los 1.200 millones de dólares que había dispuesto un arbitraje externo. El laudo había sido dictado por un viejo conocido de los argentinos, el CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, “brazo armado” del Banco Mundial. Todo lo que supere los 1.200 millones irá a manos de la derecha venezolana.

Por encima del valor económico –más de 8000 millones de dólares y utilidades anuales superiores a 1000 millones–, CITGO tiene un valor simbólico inconmensurable, nacido de la imaginación y la osadía del ex presidente Hugo Chávez. Durante más de una década, mientras se lo permitieron, la petrolera entregó combustible de calefacción, sin costo, a dos millones de pobres del Bronx y 23 de los 50 estados de la Unión. El transporte lo hizo Citizen Energy, una fundación presidida por Joseph Kennedy. Cuando llevó los primeros galones de keroseno al gran gueto negro neoyorquino, el hijo del asesinado Bob Kennedy resaltó que se trataba de “una ayuda que sale del corazón del pueblo venezolano para el corazón del pueblo estadounidense”. Sus palabras aún provocan el odio del establishment. «