Están programadas para el 1 de diciembre con el fin de conformar las magistraturas del Órgano Judicial.
La Sala Constitucional de Pando declaró el martes «desierta» la convocatoria para elegir a los jueces al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras un amparo presentado por una candidata previamente excluida del proceso de selección, según informa el diario boliviano ‘Erbol’.
Por su parte, la Sala Constitucional Primera de Beni también declaró «desiertas» la convocatoria de aspirantes al TSJ y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tras la denuncia de un postulante que decía haber sido excluido a pesar de haber superado los exámenes.
En base a estas decisiones, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, aseveró que se trata de «un golpe a la democracia que no lo hemos visto en los últimos años» y que no han sido notificados del caso de Pando, mientras que critica a la Sala de Beni por «extralimitarse».
El Defensor del Pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya Aro, también ha mostrado su preocupación ante lo que considera la «profundización de la fragilidad institucional democrática» del país, tras lo que pidió no limitar «el derecho político» de los ciudadanos bolivianos a elegir a las autoridades.
«Preocupa la profundización de la fragilidad institucional democrática en el país ante el riesgo de una nueva paralización del proceso de elecciones judiciales. No se debe limitar el derecho político de los bolivianos a elegir a sus autoridades. La prolongación indefinida de funciones de las autoridades judiciales puede orillar a salidas no democráticas», ha afirmado Aro en su cuenta de la red social X.
El ex presidente Evo Morales, por su parte, criticó la forma en que el gobierno de Luis Arce lleva adelante el proceso electivo. Sin mencionar los fallos, advirtió problemas en la evaluación de los postulantes.
El Gobierno de Bolivia anunció a finales de enero un «gran diálogo nacional» para consensuar las elecciones judiciales con «urgencia y lo más pronto posible», después de que la relatora de la ONU para la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, expresara su preocupación por el retraso en el proceso de elección de las máximas autoridades judiciales de Bolivia, remarcando que la ausencia de acuerdos políticos ha provocado la caducidad de los mandatos de los máximos tribunales, amenazando la independencia e imparcialidad de la justicia.
BB con Europa Press y NA
La tensión en Bolivia crece en el segundo día de bloqueos por miembros de comunidades rurales en las principales carreteras que atraviesan el país, con el fin de evitar la detención de su líder político, el expresidente Evo Morales (2006-2019), quien enfrenta una investigación de la Fiscalía, difundió la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
De acuerdo con la ABC, los bloqueos carreteros se concentran sobre todo en cinco puntos estratégicos de la red de comunicación terrestre para incomunicar así al departamento de Cochabamba (centro), esencial para el comercio interdepartamental que conecta a Santa Cruz (este) con La Paz (oeste). Los puntos más críticos se encuentran en Parotani, Kochi Pampa y Confital, al oeste, así como en Yapacaní y Arani, que conectan con el oriente boliviano, según un informe de la agencia de noticias Xinhua.
Los simpatizantes del exmandatario boliviano justifican su accionar en rechazo a lo que consideran una persecución política contra Morales, quien busca participar en las elecciones de agosto de 2025 para un nuevo mandato presidencial.
En este contexto, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, confirmó la detención de 13 personas producto de los bloqueos, a quienes se les encontró en posesión de artefactos explosivos, según los informes policiales.
Para representantes de sectores productivos como el transporte y la agroindustria, los cortes carreteros no solo amenazan la movilidad, sino también a la economía, ya que las principales vías comerciales han sido interrumpidas con pérdidas millonarias. Transportistas advirtieron que la paralización en carreteras de cientos de camiones de carga podría generar cada día pérdidas millonarias, además de la incertidumbre en torno a la duración del conflicto entre comerciantes y empresarios, preocupados por el abastecimiento que puede agravar la situación por el alza en los precios de los productos.
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