La policía brasileña detuvo a la activista de ultraderecha Sara Winter por “manifestaciones antidemocráticas” frente a los edificios del Congreso y del Supremo Tribunal Federal de justicia, las dos instituciones brasileñas que vienen siendo el único freno a los desbordes de Jair Bolsonaro y los hijos presidenciales. La medida incluyó a otros cinco militantes del grupo “300 de Brasil”, una avanzada neofascista que apoya sin restricciones a Bolsonaro y se juramentó arrasar con el sistema político del gigante sudamericano.
El clima político parece escalar cada día en Brasil y el presidente, lejos de calmar las aguas, sin dudas disfruta del rechazo que generan sus decisiones. En el caso de Winter, la ex militante feminista y ahora fervorosa reaccionaria, desde el punto de vista político quizás la detención la eleve a la categoría de mártir de ese sistema al que califica de corrupto y al que en realidad costaría trabajo desmentir.
Quién es Sara Winter, la ex izquierdista que se pasó de bando
Pero además, Winter -nacida Sara Fernanda Giromini- viene siendo impulsada a liderar los movimientos antifeministas y antiabortistas a nivel regional y, como recuerda en un hilo de tuits la escritora Ana Correa, anduvo de gura por estas tierras contra la ley que el año pasado se debatió en Argentina.
Sara Winter fue detenida en Brasilia por sus vínculos con grupos armados antidemocráticos, amenazas a jueces, y exaltación del nazismo. Los grupos anti derechos la trajeron en el 2018 a la Argentina para hablar contra la legalización del aborto en el Congreso y en las provincias. https://t.co/J1g2aFCUfp
— Ana #QuedateEnCasa Correa (@anaecorrea) June 16, 2020
Este martes, la Policía Federal de Brasil inició un operativo para, además de detener a Winter, investigar el origen de los fondos que financian las manifestaciones en favor del mandatario y contra las instituciones democráticas.
Es que militantes del grupo 300 de Brasil hace semanas que se apostaron frente a los edificios en Brasilia de la Corte y el poder legislativo y desde las redes sociales acosan a los dirigentes de la oposición y a jueces que rechazan o frenan medidas de gobierno. Brasil es ya el segundo país en contagiados y muertos en el mundo, con cerca de 900.000 contagiados y 45.000 muertos y la política de Bolsonaro en torno al tema fue de privilegiar la economía a la salud.
El enfrentamiento del presidente con los gobernadores, que claramente no quieren hacerse cargo de contar víctimas y apilar féretros, generó un escenario de peleas cotidianas y cada vez más violentas con sectores que incluso habían apoyado su candidatura. A este choque se fueron sumando los otros poderes constitucionales. Las Fuerzas Armadas, en tanto, mantienen una posición ambigua o más cercana a sostener a Bolsonaro en un intento de ruptura institucional.
En este contexto, fueron floreciendo milicias neofascistas como las de esta mujer de 27 años, claramente identificada con valores provenientes de la Italia y la Alemania de la década del 30 del siglo pasado. El sábado, el grupo de Winter trató de invadir el Palacio Legislativo y arrojó bengalas sobre el de la Corte.
El presidente del STF, Antonio Dias Toffoli, fue el que salió al cruce de este embate, asegurando que esa institución «nunca se someterá, como no se ha sometido a lo largo de toda su historia, a ningún tipo de amenaza velada, indirecta o directa y seguirá cumpliendo su misión»,
La mecha la había encendido el ministro de Educación, Abraham Weintraub, quien había sentenciado en abril pasado: «Si por mí fuera, ponía a todos esos delincuentes en la cárcel. Empezando por el Supremo Tribunal Federal». El ministro, cuestionado desde todos los sectores del establishment político, fue visto este domingo, y sin mascarilla, en una de esas manifestaciones en Brasilia.
La PF, en tanto, abrió una pesquisa sobre otros bolsonaristas, entre ellos el diputado Daniel Silveira, el bloguero de ultraderecha Alberto Silva, el publicista Sérgio Lima y el empresario Luís Felipe Belmonte, estos últimos ligados a Aliança pelo Brasil, el partido que quiere armar el presidente, que fue expulsado de la agrupación con la que se presentó a elecciones.
Con la venia del juez Alexandre de Moraes, del STF, se dictaron 21 órdenes de captura en San Pablo, Río de Janeiro, Minas Geras, Maranhao, Santa Catarina y Brasilia. También tienen como objetivo a Allan Santos, dueño del canal de internet ultraderechista «Terça Livre» y el «youtuber» Ravox Brasil.