Detenidos en una manifestación contra Trump enfrentan cargos de 60 años de prisión

Un tribunal de Washington está por definir lo que sin dudas será un caso testigo para el tratamiento de las protestas sociales en Estados Unidos en el futuro. Se trata del juicio contra seis de los 194 detenidos durante las manifestaciones del 20 de enero pasado, el día que asumió el presidente Donald Trump, y que enfrentan cargos de hasta 60 años de prisión.

Como se recuerda, miles de personas fueron a expresar su rechazo a la llegada de magnate a la Casa Blanca, pero la movilización terminó con incidentes y la policía reprimió arrinconando a un puñado de personas en la esquina de las calles L y 12, desde donde fueron llevados a la rastra hasta una sede policial. Allí les quitaron las pertenencias, los celulares y sufrieron todo tipo de abusos.

Entre los detenidos había varios periodistas, algunos de los cuales fueron liberados pocas horas más tarde, pero dos siguen atados a esa causa, tal vez porque trabajan como free lance o para medios alternativos. Por ahora las únicas pruebas contundentes en su contra son algunos videos provistos por una ONG financiada por sectores ultraconservadores y que a su vez enfrenta denuncias por haber intentado en estas semanas “sembrar” una testigo a periodistas de The Washington Post con una acusación falsa contra un candidato a senador por Alabama. Para los grupos de defensa de los derechos civiles, este primer tramo contra los seis implicados es, apelando a una frase popular, “como el canario en la mina de carbón”, es decir, lo que ocurra con ellos indicará el rumbo judicial para los demás acusados. Uno de los trabajadores de prensa acusados es Alexei Wood, un reportero gráfico de San Antonio, California, que según declaró, tomó la decisión de viajar a Washington para asistir a la ceremonia de jura porque intuía que las protestas contra Trump serían grandes y quería testimoniar ese evento. El otro periodista acusado es Aaron Cantú, quien también trabaja en forma independiente.

El empresario inmobiliario ganó la presidencia en el colegio electoral pero obtuvo casi tres millones de votos menos que su oponente, Hillary Clinton. Y es el mandatario que llegó a la Casa Blanca con peor imagen pública. No parecía una mala oportunidad de registrar lo que ocurriera. Wood acostumbra a poner el lente en lugares donde los grandes medios no quieren ni asomar la nariz, Cantu hace lo propio con palabras.

Según mostraron las cámaras de tevé aquel día y contaron luego testigos presenciales, un grupo con algunos encapuchados se desprendió de la manifestación y provocó incidentes con la policía e incluso causó destrozos en comercios aledaños. Pero los uniformados persiguieron a un sector de la multitud a mansalva.

El argumento de los desmanes fue presentado ante el tribunal por la fiscalía, en este caso a cargo de Jennifer Kerkhoff, quien mostró a los jurados la boleta de reparación de una vidriera de un local de Starbucks y un televisor de una estación de servicio de BP atacados por manifestantes pro varios miles de dólares. Por esta razón los acusados enfrentan cargos por hasta 60 años de prisión ya que se los acusa de amotinamiento, conspiración, y daños a la propiedad y a las personas.

Este juicio genera en los grupos de defensa de los derechos civiles de Estados Unidos dos cuestiones a debatir en los tribunales y ante la opinión pública ¿Se puede acusar a un grupo masivo por los delitos que puedan haber cometido solo algunas personas? ¿Se trata de una acusación contra actos de violencia o el inicio de una escalada de ataques a la libertad de expresión de un gobierno sin pudores para avanzar contra derechos y garantías?

Y aquí es donde entra en juego Project Veritas, una organización creada por James O´Keefe, un joven de 33 años, militante ultraconservador de escasa credibilidad desde que se encontró que editaba maliciosamente videos en los que los personajes involucrados aparecen diciendo lo contrario de lo que realmente habían dicho. En 2010 se declaró culpable de haber ingresado en la oficina de la senadora Mary Landrieu, demócrata por Luisiana, mediante falsos pretextos para realizar grabaciones ilegales.

Hace un par de semanas una mujer se presentó en la redacción del Washington Post para denunciar que cuando tenía 15 años había sido víctima de abuso sexual por parte de Roy Moore, un ex juez y dos veces presidente del Supremo Tribunal de Alabama que se presenta para senador para ocupar el cargo que dejó vacante Jeff Sessions cuando asumió la secretaría de Justicia de Trump. A los periodistas no les cerraba el testimonio de la mujer y decidieron tomarse unos días para contrastar la información antes de publicarla. Pero hete aquí que la encontraron ingresando a la oficina de Project Veritas. Allí les cayó la ficha de que era algo armado por O´Keefe para desprestigiar a un aspirante al Senado que, de todas maneras, ya tenía otras denuncias en su contra y está tan corrido a la derecha como para ir en contra del casamiento igualitario en un distrito donde es legal.

Pero este incidente le sirvió al Post para mostrar imparcialidad y a los organismos de derechos civiles para alertar al jurado que debe resolver sobre los acusados por las marchas contra Trump sobre una de las pruebas consideradas por la fiscalía como contundentes contra los activistas. Es que el ministerio público presentó una grabación de Project Veritas donde se ve una presunta reunión secreta de militantes sociales del día previo la marcha donde se estaría hablando de los planes para interrumpir la ceremonia de inauguración del nuevo periodo presidencial.

«Es absolutamente impactante que los fiscales hayan declarado que confían en un video de Project Veritas», dijo a Democracy Now Jude Ortiz, miembro de Defend J20 Resistance, una organización que apoya a los 194 manifestantes involucrados en el juicio. Para James Anderson, de It´s Going Down, otra ONG progresista, que el tribunal haya tenido que recurrir a un video de Project Veritas “muestra que el Estado no tiene mucho de dónde agarrarse” para condenar a los manifestantes.

«El hecho de que tienen que recurrir al uso de estos trolls de extrema derecha, que están ampliamente desacreditados, no solo habla de la ilegitimidad de su caso, sino también de una relación fundamental entre la administración Trump y el alt-right (la derecha alternativa, un sector de extrema derecha que apoya al magnate)», abundó Anderson ante el británico The Guardian.

No solo eso, en el juzgado quedó claro que los investigadores desmenuzaron información de ocho teléfonos celulares de los incautados y que revisan historiales de internet y las imágenes extraídas de los aparatos para utilizarlas en contra de los reos. La conocida Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) demandó a la policía por el uso de fuerza excesiva contra los detenidos, maltrato y abusos sexuales como forma de intimidación. Para el departamento de policía de Washington, “los arrestos del 20 de enero fueron apropiados”, lo mismo que los procedimientos posteriores.

“Periodistas, abogados, el manifestante promedio: esas son las personas a las que acecharon, arrestaron y acusaron de delitos graves”, dijo Alex Stokes al portal The Intercept. Stokes también es periodista pero pudo zafar de la causa porque fue liberado a los pocos días. Lo que no queda claro es cómo se resolverá el caso, en el que parecen haber muchas presiones desde el gobierno federal.

Así lo interpreta Suzanne Ito, de ACLU, quien ironiza sobre la forma que podrían utilizar los jueces para una condena como la que sustancia la fiscalía. “Podrías sacar una pistola en el centro del DC (Washington) y asesinar de un disparo en la cabeza contra un policía y tendrías 30 años de prisión”. La mitad de la que se cierne sobre las cabezas de los detenidos el 20J, como titulan el caso los medios en inglés.