La norma votada a medianoche despertó protestas en el mundo árabe pero también en organizaciones que luchan por la solución pacífica del conflicto en la región.
La nueva ley israelí a favor de los colonos, denunciada como crimen de guerra por sus detractores, provoca indignación tanto entre los palestinos como entre los pacifistas, mientras la administración Trump todavía no se ha pronunciado sobre este conflicto.
Poco después de la adopción de la ley, en la madrugada del martes, los palestinos pidieron de inmediato a la comunidad internacional que sancione a Israel. Los defensores de los derechos humanos y de la causa palestina han anunciado además que apelarán al tribunal supremo israelí para hacer anular el texto.
Por su parte el líder laborista israelí Isaac Herzog advirtió que la ley podría llevar a algunos israelíes a ser inculpados por la Corte Penal Internacional (CPI).
La falta de reacción estadounidense contrasta con la ola de indignación pero también con las críticas a la colonización que había emitido la administración de Barack Obama.
La nueva administración Trump «necesita consultar a todas las partes sobre cómo avanzar», dijo un responsable del departamento de Estado, una posición que confirma la falta de posición hasta ahora del nuevo presidente.
«La administración Trump no comentará este ley antes de cualquier decisión de justicia», añadió el responsable, en previsión de los recursos contra el texto.
Adoptada por 60 votos a favor y 52 en contra, la ley autoriza al Estado a declarar como tierras israelíes terrenos privados palestinos en Cisjordania ocupada donde los israelíes construyeron sin autorización.
Los propietarios palestinos serán compensados financieramente o bien con otros terrenos.
Según sus promotores, esta ley protegerá a los colonos de expulsiones como las de la semana pasada en la colonia «salvaje» de Amona.
La ley también podría legalizar 53 colonias consideradas hasta ahora como «salvajes» y expropiar un mínimo de 800 hectáreas de tierras palestinas, según la organización Paz Ahora.
«Con esta ley [el primer ministro Benjamin] Netanyahu convierte el robo en la política oficial de Israel y ensucia los libros de la ley israelí», y ello para «satisfacer a un pequeño grupo de colonos extremistas y asegurar su propia superviviencia política», denuncia la organización.
Obstáculo para la paz
Gran parte de la comunidad internacional considera las colonias como un obstáculo para alcanzar la paz en el conflicto israelopalestino.
Pero muchos defensores de los colonos creen que estas tierras pertenecen a Israel desde tiempos bíblicos, digan lo que digan los jueces israelíes, los palestinos o la comunidad internacional.
«Toda la tierra de Israel pertenece al pueblo judío», dijo antes del voto de la ley el ministro de Ciencias, Ofir Akunis, hablando en su acepción bíblica, es decir incluyendo también a Cisjordania. «Este derecho es eterno e incontestable», afirmó.
Los detractores del texto temen que sea un paso más hacia la anexión de Cisjordania, que ya reclaman algunos ministros.
«Una ley así significa la anexión definitiva de Cisjordania», advierte la dirigente palestina Hanan Ashrawi, y es la prueba de que el gobierno «racista y extremista» de Netanyahu «destruye deliberadamente la posibilidad de la paz».
Según Ashrawi, la comunidad internacional tiene que tomar «medidas punitivas y sanciones antes de que sea demasiado tarde».
Jordania denunció por su parte una «ley provocadora» que, según la Liga Árabe, sigue «las políticas israelíes para reducir a la nada cualquier posibilidad de una solución de dos estados y la creación de un estado palestino independiente».
La ley genera muchos interrogantes sobre su conformidad tanto con las leyes fundamentales de Israel como con el derecho internacional.
Se trata de la primera vez que Israel aplica su ley civil en Cisjordania, no sólo a individuos sino también a tierras reconocidas como palestinas, explica el profesor de derecho Amichai Cohen.
Por su parte el fiscal general israelí Avichai Mandelblit advirtió al gobierno que el texto probablemente será rechazado por el tribunal supremo y podría ser perseguido por la Corte Penal Internacional (CPI).
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