En Colombia, el senador Gustavo Petro triunfó ampliamente en las internas del Pacto Histórico y mide en las encuestas el 37% de las preferencias para las presidenciales de mayo. Al elegir su binomio se decantó por Francia Elena Márquez Mina. Es una lideresa social afro-colombiana, que había participado con sonado éxito en las internas del Pacto Histórico, haciendo a un lado las especulaciones que consideraban lo apropiado buscar en los partidos tradicionales o en los grupos económicos poderosos una alianza más conveniente electoral y socialmente.
La elección seguida de unas declaraciones de Márquez el día de su investidura reafirmaron la histórica combinación de un político y una lideresa social afro descendiente, que sería la primera mujer que ocuparía tan alta dignidad en la historia colombiana.
Sin embargo, unas desafortunadas declaraciones de la lideresa sobre el expresidente César Gaviria obligaron a Petro a realizar esfuerzos adicionales para lograr su objetivo, que es consolidarse para segunda vuelta como el líder del antiuribismo.
En Perú, el 28 de marzo, el presidente Pedro Castillo acudió a su ya acostumbrada comparecencia ante el Congreso para otra vez defender su presidencia de un pedido de vacancia. En esta ocasión, incluían también como tema político parlamentario las relaciones del partido del Presidente con el ex presidente boliviano Evo Morales.
En ese asunto las relaciones políticas estrechas de Morales con el líder fundador de Perú Libre ponen mecha a la pólvora de la inestabilidad que desde hace cinco años está siempre regada para explosionar las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo en Perú.
La libertad dada a Alberto Fujimori por un organismo de justicia constitucional no es solución definitiva sino prolongación de una crisis político-judicial. Porque cualquier juez puede revisar la decisión del Tribunal Constitucional por sutilezas jurídicas que las leyes peruanas contemplan. La oposición destituyente no alcanzó a reunir los 87 votos requeridos y el pedido de vacancia fracasó
En Ecuador, la estabilidad político-institucional se ha deteriorado a velocidad hipersónica en menos de un año de inaugurado el gobierno del presidente Guillermo Lasso.
El avance del narcotráfico sobre la sociedad y las estructuras del Estado recuerda momentos de la historias colombianas y mexicanas, por sus secuelas en la deteriorada seguridad pública. Matanzas en las cárceles por enfrentamientos entre bandas rivales, ascenso del sicariato en las calles de las ciudades, denuncias de Estados Unidos sobre la existencia de narcogenerales en la Policía Nacional, fracaso de las Fuerzas Armadas en la instalación de un saboteado radar en la provincia de Manabí para detectar narco avionetas que periódicamente ingresan drogas prohibidas al país. Son claros indicios de que el narco-estado avanza y se consolida.
La “isla de paz” ha sido sepultada por el narcopulpo que tiene varios años penetrando al país desde Colombia, México y otros países, con claros aliados nacionales en diversos estamentos de la sociedad, el Estado y la política.
Un país en el que en los años 80 podías dejarse un auto sin seguridad en las puertas sin temor a que se robe en la noche, ahora se puede robar una vida siendo transeúnte nocturno.
Y todo ese avance del narco-estado ocurre mientras la pobreza y el desempleo siguen creciendo. Y la política, que es la única esfera capaz de comandar la recuperación nacional, parece una tragedia griega, donde los actores representan una obra de final conocido, sin que puedan evitar ese desenlace predestinado.
Recientemente la Asamblea Nacional dictó una amnistía masiva que abarcó a 270 personas, de las cuales solo tenían acusaciones políticas por los sucesos de octubre del 2019 seis o siete decenas.
Importantes personalidades de la política y el periodismo y un partido, hoy opositor al gobierno, el Social Cristiano, se opusieron a esa amnistía indiscriminada. Sin embargo, curioso sainete, la presidenta de la Asamblea, aliada y defendida por el gobierno de una evaluación opositora, fue una de las votantes decisivas de esa amnistía a la que el presidente declara oponerse. Un momento tragicómico de la política ecuatoriana.
Otro momento de la tragedia griega escenificada en Ecuador ocurrió con el fracaso del proyecto de Ley de Inversiones, al cual el presidente Lasso le daba un papel reactivador maestro en su Plan de Desarrollo.
La Asamblea convocada a tratarla con la especial elección de un día en que Ecuador se consagraría como asistente al mundial de fútbol de Qatar, fue el escenario de una derrota oficialista estruendosa. El gobierno solo pudo obtener 44 votos y la ley fue archivada por un año.
El Ecuador irá a Qatar, pero el Plan de Desarrollo del gobierno de Lasso no pasó las eliminatorias políticas con igual suerte.
La pugna Ejecutivo-Legislativo fue dramatizada en una intervención exaltada del presidente en la que denunció a los asambleístas como corruptos que le habían pedido la administración de obras públicas y dinero a cambio de su voto favorable a la ley.
Ahora los asambleístas y aquellos políticos que fueron señalados, en nombre de disposiciones constitucionales, exigen que el presidente comparezca ante la Asamblea para formalizar sus denuncias.
Un líder político de prestigio se presentó inútilmente en la Fiscalía de Guayaquil con idéntico propósito. Le dijeron que la Fiscalía solo podía recibir tales denuncias en Quito, en una prueba más del centralismo que padece la República desde su fundación.
En ese ambiente político enrarecido ha renacido con creciente fuerza la posibilidad de la muerte cruzada para que el país pueda definir con mínima certeza una senda para el porvenir.
Ese tema es citado centralmente por la saliente exministra de Gobierno Alexandra Vela, quien en su renuncia señala al presidente como víctima de desasosiego, incapaz de decidir la necesaria muerte cruzada para zanjar la crisis político-institucional que tiene al país sin rumbo.
En momentos en que es posible aprovechar las circunstancias favorables para el mercado mundial de materias primas, creadas por la operación militar especial de Rusia en Ucrania.
La presidenta de la Asamblea proclama como necesidad no la muerte cruzada sino una asamblea constituyente con poderes limitados, para que sustituya la Constitución del 2008, mientras funcionan normalmente los poderes Ejecutivo y la Asamblea electos hace menos de un año.
El país vive una crisis dramática de liderazgo. Tal parece que ni el presidente ni la asamblea se lo otorgan.
Es imposible no recordar al que se considera padre de la tragedia griega Esquilo, porque en el Ecuador quienes lideran el Ejecutivo e integran la Asamblea se juramentan cuando asumen su responsabilidad pública: “No es el juramento lo que hace creer en un hombre sino el hombre que hace el juramento”.
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