Hoy se cumplen dos meses del sismo que sacudió a México y causó más de 360 muertes. Al menos 23 eran costureras y trabajaban en una fábrica textil de Chimalpopoca, en la Colonia Obrera de la capital. La catástrofe dejó en evidencia las condiciones precarias en las que se desempeñaban y el intento del gobierno por borrar los rastros de lo que allí sucedía.
Los grupos costureros son históricos en los procesos organizativos de las mujeres. Es obrero y textil el origen del 8 de Marzo, ya fuera el incendio en la fábrica Cotton de Nueva York en 1908 (hoy visto como hecho de origen) o el incendio de la Triangle Shirtwaist Company en 1911 (en donde murieron sobre todo mujeres migrantes). El 8 de Marzo nació en los cuerpos abrasados de costureras. Esos vientos de denuncia dispersaron sus cenizas hasta nosotras.
Eran trabajadoras de la pisca de algodón las mujeres de Ciudad Juárez. La delgada fibra que pasa por los dedos de las mujeres y sus ojos afinados cubrió esos cuerpos como una mortaja hecha antes de tiempo. En ese punto de partida de la cadena textil también hay cadáveres.
Por supuesto, los desastres naturales y los femicidios no son lo mismo. Sin embargo, desastres como terremotos que suceden en donde hay irresponsabilidad inmobiliaria y condiciones espaciales precarizadas no son sólo desastres naturales, son catástrofes agravadas por la pobreza y por la enorme desigualdad en la distribución del espacio en las ciudades.
El terremoto de México del 19 de septiembre sucedió a poco de terminado un simulacro general: se conmemoraban 32 años del sismo de 1985. A las 13:14 iniciaron los largos segundos que no se han detenido. Entre los tres terremotos de ese mes, sumaron cerca de 500 personas fallecidas. La cifra, sin embargo, es aproximada. Irregularidades, cuerpos retirados muy pronto y preguntas que el gobierno mexicano no ha respondido hacen al número inexacto.
El edificio de fábricas conocido como predio de Chimalpopoca, en la Colonia Obrera de Ciudad de México, es uno de los lugares en donde se limpiaron los escombros rápidamente. La sociedad civil, organizada sin el Estado, y los medios digitales reportaron en redes sociales que en el predio pasaba algo. Como lo narró Marcela Turati en Proceso, allí funcionaba una marca de ropa, una empresa de seguridad para autos, una importadora de juguetes: «Fotografías anteriores al derrumbe dejan ver también cómo a sus enclenques pilares, que décadas atrás causaban angustia a los oficinistas, se les fueron sumando nuevos pisos en el techo: unas macizas antenas de radiocomunicación y un aparatoso sistema de aire acondicionado que fue el que después del temblor bloqueó los rescates».
En Haití, el terremoto de 2010 dejó 316 mil víctimas, uno de los más mortíferos de la historia. En un país ya azotado por la violencia, esta tragedia lo sepultaba. La presencia de cascos azules dejó hombres y mujeres violados. Johnny Jean, joven de 18 años, probó su violación por parte de cuatro cascos azules uruguayos. A esto siguió una epidemia de cólera que mató a otras 10 mil personas.
Ecuador, que sufrió un grave terremoto en 2016, es un país de destino de la población haitiana. También en Ecuador el desastre natural fue una catástrofe agravada por la pobreza y la violencia: las provincias de Manabí y Esmeraldas se vieron destruidas, los albergues siguen en pie y la subida de dos puntos al impuesto al valor agregado, que debía destinarse al terremoto, no se transparentó nunca. Pronto se reportó abuso sexual en los albergues: la pérdida de la privacidad, el hacinamiento, los itinerarios inseguros a las baterías sanitarias dejaban expuestas a niños, niñas y mujeres. Hoy, siguen igual de expuestas.
Los terremotos están atravesados por la desigualdad: en todos ellos la pobreza que ya existía se vio agudizada hasta lo inenarrable. Ante esto, insiste la pregunta de qué es un Estado y para qué sirve cuando países como Haití han colapsado y sus reconstrucciones desaparecen como posibilidad. Los Estados retroceden hasta dejar morir.
En distintas escalas también, la sociedad civil organizada reemplaza al Estado. La cobertura que realizaron los medios independientes y el hashtag #Verificado19s (usado para hacer más eficiente la respuesta ciudadana tras el sismo) lo demuestran, igual que miles de picos, cascos y palas conseguidos para que los vivos pudieran hallar a los muertos.
En México, un grupo autoconvocado como brigada feminista se ocupó del predio de Chimalpopoca. En él, la importadora de juguetes ABCToys «exigía a sus empleadas cumplir con un plazo de trabajo de dos años o pagar 20 mil pesos para recuperar sus papeles y viajar a Taiwán con sus familias», como lo narró Samuel Cortés Hamdan en el sitio informativo Animal Político. Además, la empresa tenía retenido el pasaporte de las trabajadoras.
También en 1985 había fallecido en el sismo de México un grupo de costureras explotadas. El edificio que se derrumbó ese año y el predio de Chimalpopoca quedan a cinco cuadras uno del otro.
«Perdí a dos familiares: a mi mamá y a mi hermana. Hemos resuelto las cuestiones funerarias y pudimos localizarlas relativamente rápido. No tuve que esperar como mucha gente. Mi mamá se llamaba María Teresa Lira Infante y mi hermana María Elena Sánchez Lira. Las autoridades nunca me buscaron, yo tuve que buscar caminos para llegar a ellos y para vigilar la situación. No hay información del patrón. He tenido que hacer tareas de investigador, es absurdo pero así es, las cosas se olvidan si no. ¿Qué hacía este edificio en funciones ahora? A través de lo que he podido averiguar, el edificio ya había sido advertido en 1985, tenía siete pisos y le quitaron tres por el nivel de peligrosidad que representaba. Pueden ver ustedes algunas varillas sobresaliendo de lo que quedó y pueden ver que son muy delgadas, de media pulgada, y eso es para casas, no para edificios de estas dimensiones. ¿Qué hacía una antena de telefonía celular en la azotea? Gente que sabe de eso calcula que pesaba como diez toneladas. ¿Quién dio los permisos?», señala Fernando en un homenaje que se hizo a las víctimas del terremoto el 13 de octubre.
«Yo estoy roto. Se siente uno desvalido, no sé ni cómo llamarlo. Las cosas de mi mamá están perdidas. Cuando vine al otro día del terremoto todo estaba increíblemente limpio. Nadie me ha sabido decir a dónde se llevaron esas cosas. Parece que no es importante, pero todo es importante. Las cosas se las llevaron el ejército y la policía judicial. Recorrí oficinas y nadie tiene ni una idea. Con todo el dolor que traigo, aquí estoy», agrega recuperando a sus muertas y haciendo del duelo una forma de organización con una fuerza colosal.
En la noche del encuentro de la brigada feminista y la sociedad civil con las víctimas se puede sentir un fuerte marcaje de policía. El Estado vigila porque estos encuentros abren espacio a testimonios como el de Fernando y como el de un exmilitar: «A la gente que estaba capacitada no se le dejó entrar. Yo fui militar, lo digo con conocimiento de causa. El ejército no es rescatista, tiene otras misiones pero no es especialista en rescate. Desde 1985 hay personas que siguen sufriendo».
Son notables los casos donde la corrupción y el tráfico de influencias borran huellas o antecedentes que permitirían hacer cumplir la responsabilidad administrativa, legal e histórica por la cesión de permisos para construir o remodelar sobre predios irregulares o riesgosos, permitir el tráfico y superexplotación de las personas, entre otros. Las personas organizadas, sus familias y amistades asumen la labor de aportar con el mayor número posible de pruebas para que, en el mejor de los casos, los juzgados las inserten en un expediente.
Los terremotos hoy no sólo develan la pobreza, sino que provocan despojo como consecuencia de la inoperancia del Estado. Aquí un comunicado del Colectivo Geografía Crítica de Ecuador tras el terremoto en la costa del país, que sirve para leer los terremotos: «Sostenemos que los factores que aumentan la vulnerabilidad de determinadas poblaciones a un fenómeno natural están asociados a factores estructurales como la pobreza, la injusticia, la inequidad (…) Los procesos de empobrecimiento y despojo derivados del modelo de desarrollo capitalista intensifican la vulnerabilidad de la población frente a las amenazas y aumentan la intensidad de los desastres. Es decir, son factores sociales los que transforman un fenómeno natural en un desastre socioambiental. (…) El terremoto es un gran proceso de desterritorialización de la vida: pérdidas humanas, barrios que se han venido abajo, comunidades en las que la normalidad tardará en volver. En memoria de las víctimas de la pobreza, que aparece, aun más desnuda, a cada sacudida de la tierra. «
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